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| Diputado José Amy (Vamos Uruguay) |
Parlamento. El coordinador de Inteligencia eludió preguntas al no estar sometido a controles
En su primera comparecencia formal ante el Parlamento, el coordinador de la Inteligencia estatal, Augusto Gregori, dejó sin respuesta varias preguntas de los legisladores porque, según dijo, “solo le informa al Presidente”.
Un ejemplo que confirma su posición ante el Poder Legislativo, que tiene proyectos de ley para controlar su gestión, es que se le preguntó si había tomado cartas en el desacuerdo suscitado con Argentina por el intento de la Armada argentina de abordar un barco pesquero que zarpó del puerto de Montevideo con destino a la zona pesquera de las islas Malvinas en el Atlántico Sur.
Gregori, un exintegrante de la cúpula del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros nombrado en 2010 por el presidente Mujica como coordinador de la comunidad de Inteligencia del Estado: explicó a los legisladores que solamente habla sobre determinados temas con Mujica. Y el incidente con el buque de la Armada argentina es uno de esos asuntos.
Los integrantes de la comisión bicameral que analiza las actividades de Inteligencia del Estado quedaron sin respuestas, pero, al menos, conocieron a Gregori.
El coordinador estatal no es sujeto de contralor parlamentario por lo cual los legisladores debieron conformarse con su silencio sin más alternativas.
La reunión, a juicio de varios legisladores de la oposición, no resultó todo lo fructífera que esperaban. Gregori explicó a través de una presentación de Power Point los aspectos centrales de la comunidad de Inteligencia del Estado, mencionó los más de diez organismos que cumplen esa tarea, tanto en el ámbito militar como civil, y cual es el destino de la información que se obtiene.
INSUMOS. El propósito de esta comisión bicameral es la consideración de iniciativas sobre la actividad de Inteligencia, a la que los partidos quieren tener bajo cierto control.
Para eso, hay dos materiales a estudio: un proyecto del diputado colorado José Amy (Vamos Uruguay) que regula toda la actividad, desde la recolección de información hasta su proceso y destino final, garantías para los ciudadanos y mecanismos de supervisión parlamentaria; y un documento presentado por el Partido Nacional denominado "Bases para la redacción de una ley de Inteligencia".
Según explicó Amy a El País, este proyecto debe interpretarse como una respuesta política a la voluntad manifestada en su momento pero nunca concretada por el Poder Ejecutivo para establecer un mecanismo de contralor parlamentario sobre el servicio de Inteligencia del Estado.
La actividad de Inteligencia estatal tiene puntos de atención que se han venido extendiendo y abarcan, al día de hoy, campos muy disímiles como el delito común, el crimen organizado, el orden de batalla de fuerzas militares de otros países, información tecnológica o industrial, posiciones de política internacional, datos económicos y otros tantos aspectos, cuyos contenidos y efectos, además, se "entrecruzan" cada día más.
El proyecto de Amy crea el cargo de Secretario Nacional de Inteligencia y establece los fundamentos de sus funciones y organización. Además, fija un marco genérico de garantías para los ciudadanos ante la necesidad de recurrir a procedimientos especiales de obtención de información.
En el documento del Partido Nacional se define la necesidad de que la Inteligencia se maneje como un sistema nacional que contará con un organismo de coordinación con funciones comprendidas en la ley.
Según esta idea, sería un organismo civil dependiente de la Presidencia, con el cometido de producir información y análisis estratégico para apoyar la toma de decisiones del Poder Ejecutivo.
La comisión bicameral volverá a reunirse en el próximo mes de marzo ya con el material analizado y fijó un plazo de mediados de año para promover un proyecto de ley de Inteligencia a las Cámaras.
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