El Intendente Carámbula viola la Constitución y el Estado laico.

Por Víctor Rodríguez Otheguy.

“Promoverá la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable” (art. 3 de las Instrucciones dadas a los diputados orientales en 1813, durante el Congreso de Abril, bajo la conducción política de José Artigas).

En el marco de las celebraciones del bicentenario del proceso independentista, la Intendencia de Canelones –a través de la Comisión Departamental del Bicentenario- ha programado un nutrido programa de actividades, que incluye propuestas de variada naturaleza, en las que participan el Estado mismo por medio de sus representantes nacionales y departamentales y la sociedad civil.

Hasta aquí, en principio, todo se ajustaría a las reglas de convivencia tolerante y democrático-republicana, que garantiza el Estado laico. Sin embargo, la mención y por ende la asociación del Estado con una voz privilegiada en particular –la de la Iglesia Católica, específicamente- lo sitúa al margen de la Constitución y en consecuencia vulnera las bases del Estado laico.

La agenda oficial –impresa por la Intendencia de Canelones, aunque con el nombre de fantasía de “Comuna Canaria”- señala que el domingo 15 de mayo a las 9.30 hs. se realizará la “Fiesta de San Isidro Labrador”. Diversos voceros, tanto de la Comisión Departamental, como de la Intendencia han mencionado en repetidas oportunidades y en múltiples órganos de prensa, al acontecimiento como un hecho relevante, pues San Isidro –dicen- “es el santo patrono de la ciudad de Las Piedras”. Esto es parcialmente cierto, para ser elegante en mi argumentación. San Isidro es, efectivamente, el “santo patrono” para un sector de sociedad pedrense, la grey católica en particular, pero el resto de los habitantes de la ciudad no se sienten representados ni quieren estar representados por esa entidad religiosa. Si Uruguay fuera un Estado confesional o con una iglesia oficial, como efectivamente lo éramos hasta que comenzara a regir la Constitución de 1918, se podría admitir el giro, por lo menos desde el punto de vista jurídico, aunque en esencia, quienes no comulgan con esas creencias no tienen porqué sentirse comprendidos en esa suerte de protección sobrenatural. Que esto se diga en un Estado laico es inadmisible. Al respecto, el domingo 24 de mayo –la pascua de los cristianos- un vocero de la Intendencia de Canelones, cuyo nombre no recuerdo, señaló en el marco de la celebración de la última etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay –evento deportivo del cual el gobierno departamental fue auspiciante y anunciante- como un acontecimiento de relevancia, la celebración de una procesión en por la ciudad en honor “al santo patrono de la ciudad”. Quien debe representar a todos los ciudadanos del departamento no puede manifestar las preferencias particularistas de un sector específico, habiendo iniciado su alocución con el saludo “felices pascuas”. Por lo demás, en el anuncio, tanto el mencionado vocero como muchos de los representantes de la Comisión Departamental al señalar a quien encabezará dicha celebración se refieren a él como “el padre Mateo”. El mencionado señor es efectivamente para los católicos un “padre”, un “representante” de dios, pero para quienes no lo son, es un simple ciudadano representante de una institución y de un Estado (el Vaticano). En este caso, como en todos a los que hay que referirse a un representante de este credo, lo que corresponde es referirse a él como el sacerdote Mateo Méndez, pues de él se trata, el mediático salesiano que encabezara por poco tiempo en el gobierno de Vázquez el INTERJ o instituto de rehabilitación de menores infractores, violándose también la laicidad en aquel momento, tras la firma de un acuerdo entre el MIDES y la Congregación de los Salesianos, a través del cual, la mencionada entidad católica establecía condiciones para que su representante ejerciera el cargo. Obviamente, el presidente Vázquez podía convocar a quien entendiera que podía conducir la institución y Mateo Méndez también tenía todo el derecho a asumir una responsabilidad pública, sin embargo, lo que no corresponde es que una entidad privada le ponga condiciones al Estado y menos, cuando ésta representa a otro Estado, en este caso, el Vaticano. Es una doble violación: de la laicidad y de la soberanía. Inadmisible y por cierto, en absoluto progresista. Reitero, no corresponde a las reglas de juego que los gobernantes deben tener en un Estado laico.

El art. 5 de la Constitución de la República establece la siguiente fórmula: “Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna. Reconoce a la Iglesia Católica el dominio de todos los templos que hayan sido total o parcialmente construidos con fondos del Erario Nacional, exceptuándose sólo las capillas destinadas al servicio de asilos, hospitales, cárceles, u otros establecimientos públicos. Declara, asimismo, exentos de toda clase de impuestos a los templos consagrados al culto de las diversas religiones”. Se repite el enunciado que consagrara la Constitución de 1918, luego de un largo proceso de secularización y laicización comenzado en el siglo XIX, en los tiempos de la revolución emancipadora del Artiguismo, pasando por la presidencia de Bernardo Berro, la reforma educativa de José Pedro Varela y que tuvo su empuje decisivo en las primeras dos décadas del siglo XX, durante el Primer Batllismo (José Batlle y Ordóñez), con la definitiva separación de la Iglesia Católica del Estado.

¿A qué nos referimos cuando hablamos de laicismo y laicidad? ¿Son sinónimos? El laicismo es una corriente de pensamiento que surge en el siglo XVIII en los fermentales tiempos de la Ilustración y tiene directa relación con otras dos corrientes de la filosofía política, el republicanismo y el liberalismo. Etimológicamente, laicismo viene de “laos” (del griego), que significa “todo lo del pueblo”. El laicismo es entonces, la concepción de pensamiento que sostiene que todas las ideas deben manifestarse en igualdad de condiciones y sin ningún tipo de preferencias o favoritismos, generando en consecuencia un ambiente político de libertad y tolerancia. La laicidad es el correlato del laicismo: el espacio público en el que todas las voces se manifiestan en la más absoluta libertad, asumiendo el Estado una conducta de neutralidad, a través de normas jurídicas claras y de una ética que privilegia la tolerancia y la convivencia armoniosa entre todos los componentes de la sociedad, asegurándoles a todos ellos el ejercicio pleno de la libertad de conciencia.

En relación al hecho que motiva esta nota, de más está decir que la Iglesia Católica, como todas las entidades religiosas del país y las organizaciones políticas y sociales, tienen todo el derecho de manifestar sus ideas y realizar las actividades públicas que entiendan conveniente. El Estado laico les garantiza a ellas y a todos los ciudadanos y habitantes del país el ejercicio pleno de la libertad. La laicidad no es, como muchos católicos sostienen, la negación de la religión o de dios. Se manifiesta neutral: no admite favoritismos a favor de una visión particularista y por el contrario, garantiza a todos la libre manifestación de las ideas en igualdad de condiciones. Lo que es admisible en un Estado laico y que tiene, además, una profunda matriz republicana, es que un grupo particularista imponga sus preferencias al resto de la sociedad y menos admisible es que el Estado uruguayo acepte pasivamente, una y otra vez la intromisión del Estado Vaticano, que desde la jefatura política de Juan Pablo II, ratificada luego por quien fuera su mano derecha como defensor de la fe y las tradiciones católicas, el actual papa Benedicto XVI, se ha impuesto como objetivo central recuperar el terreno perdido en América Latina, teniendo como cabecera puente privilegiado al Uruguay, el país que fuera vanguardia en la defensa de la laicidad, en el concierto latinoamericano.

Finalmente, por qué señalo al Intendente Carámbula como responsable de la violación de la Constitución y el Estado laico. Porque es el máximo representante del Estado en el departamento de Canelones y a él corresponden las decisiones políticas que se tomen y no a quienes con buenas intenciones seguramente, lo representan en la denominada Comisión Departamental del Bicentenario, dicho sea de paso, integrada sin que hubiera espacios de efectiva y transparente participación de los ciudadanos. Ya es tarde para enmendar las violaciones, sin embargo se está a tiempo aún para que en las actividades organizadas por la Iglesia Católica de Las Piedras no participe ningún representante del Estado uruguayo. Hacerlo, significaría no una señal de cortesía, como seguramente quieran argumentar, sino una señal de sumisión y preferencia respecto a otros ciudadanos que no están representados en esa visión particularista y sectaria.