El viernes me senté a escribir mi columna semanal. El tema elegido era la libertad de expresión. En un acto en Maldonado la primera senadora del oficialismo acusó a los medios de comunicación de “mentir y decir todo tipo de disparates acerca de los hechos vinculados a la discusión de la ley de caducidad”.
Le pidió a los militantes que, cuál ovejas orwellianas, “desconfíen de la prensa” puesto que “constató que los periodistas mienten, tratan de sembrar cizaña y crear contradicciones”.
Incluso sostuvo que las informaciones que dan los medios sobre la inseguridad son “para abonar el plebiscito de Pedro sobre la minoridad”.
Cuando me senté frente a la computadora a teclear, el twitter me anunció un tema más importante: el tercer intento del Frente Amplio por desconocer el voto de los uruguayos.
El Frente Amplio va a derogar el próximo Martes la ley que dos veces los uruguayos dijimos no queríamos derogar. En dos ocasiones el FA le preguntó al pueblo y las dos veces la respuesta fue negativa. Uno se pregunta entonces ¿para qué preguntó?
La fórmula que ahora propone es no sólo un golpe de Estado técnico como señalara hace unas semanas el Senador Saravia. Es una peligrosa imposición inconstitucional y de facto al pueblo uruguayo de algo que no está permitido.
La nueva propuesta consiste en derogar la ley e inmediatamente convocar al pueblo para ver si está de acuerdo con la derogación que se hace contra la voluntad del pueblo. Insólito, increíble y, como señaló el Senador Lacalle esto ahora pasó a ser peligroso. Peligroso para el Estado de Derecho, peligroso para la Democracia.
La Constitución no permite hacer lo que el Frente Amplio quiere hacer. La misma establece tres mecanismos de Democracia directa: a) el plebiscito (para modificar la Constitución) que requiere reunir firmas del 10% de los ciudadanos; b) la iniciativa popular (para proponer leyes) que requiere firmas del 25% de los ciudadanos; y c) el referéndum contra las leyes que se aprueban y cuyo objetivo es derogar una ley, para lo cual se necesitan las firmas del 25% de los ciudadanos.
La Constitución no permite que el Parlamento interponga el recurso de referéndum. El motivo es evidente: es una absoluta insensatez que el Parlamento interponga un recurso para que se deje sin efecto lo que el Parlamento decidió.
Por eso el inciso segundo del artículo 79 dice claramente: “El veinticinco por ciento del total de inscriptos habilitados para votar, podrá interponer, dentro del año de su promulgación, el recurso de referéndum contra las leyes”. Acto seguido expresa que la ley reglamentará el instituto.
Lo que el Frente Amplio se propone hacer ahora es saltearse la recolección del 25% de las firmas que exige el artículo 79 de la Constitución, además de desconocer lo que los uruguayos votamos. Eso es peligroso.
Lo quiere hacer mediante la reglamentación del referéndum expresando que no es el 25% de los ciudadanos sino el Parlamento por mayoría de cada Cámara quien convocará a referéndum para derogar una ley.
Es decir que frente a un artículo que dice que el 25% de los ciudadanos pueden convocar a referéndum ellos lo reglamenten diciendo que el Parlamento puede convocar a referéndum y lo convocan.
Lo que se agrava si se tiene en cuenta que el Frente Amplio tiene mayoría en cada Cámara. En los hechos lo que se dice es que el Frente Amplio puede convocar a referéndum sin reunir el 25% de las firmas, puesto que es el único que tiene tales mayorías. Peligrosa forma de pasar por arriba de la Constitución.
¿Todo esto para qué lo hace el oficialismo? Consciente que está violando la voluntad popular quiere aparecer como menos desconocedora de ella.
Se parece a aquella chiquilina a la que le preguntaron si era virgen y contestó que si, que lo era “un poquito”. En este caso serán doblemente violadores: de la voluntad de los uruguayos y de la Constitución.
Si quiere dejar sin efecto la voluntad popular tienen que volver a convocar a los uruguayos. Para ello deben seguir el procedimiento constitucional de reunir el 10% para una reforma como estamos haciendo muchos ciudadanos hoy para mejorar la seguridad y vivir en Paz.
Porqué todos somos iguales ante la ley y a la Constitución hay que respetarla, por más que algunos se las agarren con los medios prensa cuando informan sobre las contradicciones del Frente Amplio sobre la ley de Caducidad.
(*) Abogado. Senador de la República. Líder de Vamos Uruguay.
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