Por Dr. Ope Pasquet (*)El proyecto de ley de anulación de la Ley de Caducidad que estaba en trámite en el Parlamento fue rechazado por la Cámara de Representantes y ya no será ley. El proyecto era antidemocrático, porque desconocía dos pronunciamientos populares. Además, era inconstitucional, como lo señalaron todos los juristas convocados para asesorar a su respecto a ambas Cámaras legislativas. Su sanción hubiese significado un gran paso atrás en la evolución institucional del país, pero su rechazo no basta para asegurar la vigencia del Estado de Derecho.
Corresponde señalar que todos los legisladores de los partidos de oposición cumplieron con su deber: se mantuvieron en sus bancas durante las largas horas de sesión, impidiendo así maniobras sorpresivas del oficialismo; argumentaron con claridad y contundencia y votaron sin fisuras contra el proyecto cuando llegó el momento. Los diputados opositores al gobierno –todos ellos- estuvieron a la altura de las circunstancias.
Sin embargo, no fue la invocación de la voluntad del pueblo soberano, ni la de la Constitución, lo que impidió que se consumase el atentado preparado por el oficialismo contra las instituciones democráticas. Quien lo impidió, como es notorio, fue el diputado frenteamplista Víctor Semproni. Al retirarse de Sala después de exponer los fundamentos de su actitud, Semproni privó a la bancada de gobierno del voto que necesitaba para evitar el empate y la derrota.
El diputado disidente demostró independencia de criterio y coraje al actuar como lo hizo. Sin embargo, cabe recordar que el año pasado él también votó y argumentó a favor del proyecto de ley de anulación que entonces estaba en consideración de la Cámara de Diputados, y que en esta ocasión siguió manifestándose a favor de la anulación, aunque en contra de la aprobación de este proyecto. No celebremos, pues, coincidencias que no existen. Las razones que parecen haber determinado el voto del diputado Semproni tienen más que ver con consideraciones políticas internas al gobierno y al Frente Amplio, que con el respeto a la voluntad popular y a la Constitución.
Los 49 diputados frenteamplistas que votaron a favor del proyecto de ley demostraron, al hacerlo, que para ellos el fin justifica los medios. Quieren “juicio y castigo a los culpables”, como hace 25 años, y para lograr su propósito están dispuestos a ignorar la voluntad del pueblo que ellos mismos convocaron, en dos ocasiones, a pronunciarse sobre la Ley de Caducidad, asegurando en ambas que acatarían su veredicto; y también están dispuestos a llevarse por delante la separación de poderes, la cosa juzgada y el principio de la no retroactividad de las leyes penales y procesales (salvo las que beneficien al reo), con tal de que nadie se les escape. Para el Frente Amplio, evidentemente, el valor de la democracia sigue siendo meramente instrumental; cuando los principios básicos de la “democracia burguesa” no son útiles al logro del fin buscado, se dejan de lado y se sigue adelante a como dé lugar.
Así no puede haber unidad nacional. Esa unidad no se articula ni se sostiene conmemorando bicentenarios, ni disfrutando de los triunfos deportivos que a todos nos emocionan, sino aceptando de buena fe que la convivencia se rige por principios que todos nos obligamos a respetar. Para los uruguayos, el primero de esos principios fue proclamado por Artigas en la Oración de Abril de 1813: “Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana”. Sin respeto a la voluntad popular, expresada mediante el sufragio en las ocasiones y por los procedimientos establecidos en la Constitución, no puede haber unidad nacional.
La actual mayoría parlamentaria seguirá siéndolo hasta el 15 de febrero de 2015. Esa mayoría ha demostrado ser peligrosa para las instituciones democráticas y en cualquier momento puede volver a atentar contra ellas.
Los partidos de la oposición tiene el deber patriótico de dar prioridad a la defensa de las instituciones, por sobre el señalamiento de las legítimas diferencias que en otros temas puedan tener.
Aún actuando así, la situación es delicada.
Si no se actúa así, quizás nos levantemos un día para encontrarnos con un Uruguay irreconocible.
(*) Abogado. Senador de la República. Secretario General del Partido Colorado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario