Por Gustavo Toledo
El pasado 26 de mayo, con motivo de celebrarse el Día del libro, la Embajada de España organizó la primera maratón de lectura del Quijote en nuestro país. Al igual que en la Madre Patria, cada 23 de abril, durante 24 horas, figuras del quehacer público y privado –desde el ex presidente Jorge Batlle hasta la primera dama Lucía Topolansky, pasando por escritores, científicos, amas de casa y escolares de túnica y moña- leyeron pasajes de la obra del gran Miguel de Cervantes. Ese mismo día, la Editorial Banda Oriental reunió en la entrada del Teatro Solís a trescientas personalidades de la cultura y la política uruguayas para una fotografía que conmemora los 50 años del sello editorial. Un encuentro único, de enorme trascendencia simbólica, en el que confluyeron escritores jóvenes y veteranos, narradores e historiadores, poetas y ensayistas, consagrados y casi desconocidos.
Dos excelentes ideas, sin dudas, que reafirman la vitalidad de nuestras letras y el compromiso de un amplio sector de nuestra sociedad con la cultura, más allá de ideologías, clases sociales y diferencias generacionales. Ahora bien, debo ser franco y reconocer que tan pronto tomé conocimiento de ellas, mi cabeza se disparó hacia otro lado. ¿Se imaginan, aquí, un día dedicado completamente a la lectura de nuestra cada vez más olvidada Constitución de la República? ¿Se imaginan a “lectores” de todas las edades, tendencias y responsabilidades imbuidos de ese espíritu republicano que nos falta, dispuestos a reivindicar su apego al Estado de Derecho y a los principios de la democracia liberal en una “foto familiar” que los reúna a todos como aquella vez en el Obelisco? Bueno, no sé ustedes, pero yo sí.
Me imagino, por ejemplo, un Palacio Legislativo rebosante de ciudadanos en el que, durante 24 horas, el presidente de la República, sus ministros, legisladores oficialistas y opositores, dirigentes políticos, directores de entes autónomos, líderes religiosos, sindicalistas, empresarios, militares, docentes, artistas, médicos, periodistas, jueces y estudiantes lean en voz alta pasajes de nuestra Carta Magna. Me imagino, si cierro los ojos, a los presentes leyendo a coro y en voz bien alta: “Todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes” (Art.8). Me imagino, también, a algunos jerarcas policiales y ministeriales leyendo: “Las acciones privadas de las personas que de ninguna modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados” (Art.9). Me imagino, si me concentro, a algunos líderes sindicales reacios a la formación de otras organizaciones sindicales leyendo: “Todas las personas tienen derecho a asociarse, cualquiera sea el objeto que persigan, siempre que no constituyan una asociación ilícita declarada por la ley” (Art. 38). Me imagino a algunos banqueros y prestamistas leyendo: “Prohíbase la usura” (Art. 52). Me imagino a ciertos dirigentes políticos empeñados en hacer del Estado un comité de base leyendo: “Los funcionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción política. En los lugares y las horas de trabajo, queda prohibida toda actividad ajena a la función, reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie” (Art. 58). Me imagino a los jerarcas de la Enseñanza a los que les da dentera oír hablar de la Educación Privada leyendo: “Todo padre o tutor tiene derecho a elegir, para la enseñanza de sus hijos o pupilos, los maestros e instituciones que desee” (Art. 68). Me imagino al presidente Mujica, al ex presidente Tabaré Vázquez, a los legisladores oficialistas -con las excepciones del renunciante Fernández Huidobro y el heroico Semproni- y a los camaradas del Plenario, leyendo al unísono: “La Nación adopta para su gobierno la forma democrática republicana” y “su soberanía será ejercida directamente por el Cuerpo Electoral en los casos de elección, iniciativa y referéndum, e indirectamente por los Poderes representativos que establece esta Constitución”(Art. 82). Me imagino a algunos funcionarios públicos y especialmente a algunos jueces olvidadizos leyendo: “Los magistrados judiciales, los miembros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del Tribunal de Cuentas, los Directores de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados, los militares en actividad, cualquiera sea su grado, y los funcionarios policiales de cualquier categoría, deberán abstenerse bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto” (Art. 77, 4º).
Por cierto, ninguna constitución es un libro de recetas, ni un manual de gobierno, ni la panacea universal, sino el contrato que regula nuestra vida en sociedad, consagrando un conjunto de derechos y obligaciones que no son propiedad de algunos sino de todos. ¿Se imaginan cuántos problemas menos tendríamos si quienes juraron “guardar y defender” ese librito ninguneado y ejemplar realmente lo hicieran? Bastante menos de los que hoy tenemos, sin dudas.
Sí, ya sé… Que imaginación la mía, ¿no?
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