Por Dr. Ope Pasquet (*)Quienes se oponen a la enmienda constitucional cuyo propósito principal es fijar en los dieciséis años de edad el comienzo de la responsabilidad penal por la comisión intencional de ciertos delitos gravísimos, formulan algunas objeciones que, a mi juicio –y dicho sea con todo respeto-, carecen de consistencia.
Una de esas objeciones se basa en el número de menores responsables por la comisión de infracciones graves o gravísimas a la ley penal. Los recluidos en dependencias del INAU serían unos 300, poco más o menos. Puede suponerse que otros tantos han cometido infracciones y no han sido capturados por la Policía , o lo fueron pero se fugaron luego del INAU. Aun teniendo en cuenta que las cifras son imprecisas, podría aceptarse que no pasan de mil los menores que integran el grupo indicado. No se justifica cambiar la vieja regla de los 18 años, dice la objeción que estamos considerando, por tan pocos casos.
Estimo que esta forma de plantear la cuestión es equivocada. Lo que importa es que por año se perpetran en el país unas 9.000 rapiñas, principales causantes de la sensación de inseguridad que alarma a la población, de las cuales el 46%, según el Ministerio del Interior, son cometidas por menores de 18 años. No se trata pues de modificar el Código Penal por unos pocos centenares de muchachitos rebeldes; se trata de tomar medidas eficaces contra los responsables por delitos graves, que lesionan no sólo la propiedad y la integridad física de los directamente damnificados, sino la tranquilidad con la que aspira a vivir la sociedad toda. Es la convivencia en paz lo que está en juego.
La otra objeción a la queremos referirnos tiene forma de paradoja. No es necesario fijar en los dieciséis años el comienzo de la responsabilidad penal, se dice, porque según el Código de la Niñez y de la Adolescencia (CNA) esa responsabilidad ya empieza a los trece años. Lo que se está proponiendo para defender a la sociedad no sería pues un régimen más severo que el actual sino –y aquí está la paradoja- uno más benigno: se postergaría hasta los dieciséis años, lo que hoy comienza a los trece.
La falacia está, obviamente, en el implícito según el cual “lo que hoy comienza a los trece” es lo mismo que lo que se quiere que comience a los dieciséis. No es así. A los trece años comienza, según el CNA, un régimen de responsabilidad penal juvenil que es distinto y mucho más benigno que el régimen de responsabilidad penal común. En el régimen común, establecido en el Código Penal, la persona responsable por la comisión de alguno de los delitos que el CNA llama “gravísimos” debe ser condenada a sufrir una pena privativa de libertad. En la mayoría de las hipótesis de rapiña, por ejemplo, la pena mínima será de cinco años y cuatro meses de penitenciaría. En cambio, en el régimen penal juvenil establecido por el CNA, el Juez nunca está obligado a imponer penas privativas de libertad (artículo 87 CNA), ni siquiera frente a delitos gravísimos, y si decide hacerlo debe explicar en su sentencia las razones por las que no optó por sanciones de otra naturaleza (amonestaciones, prestación de servicios a la comunidad, etc.), que son las que prefiere la ley. Además, la privación de libertad según el CNA nunca puede durar más de cinco años, ya sea que el menor haya cometido una rapiña o diez, un homicidio o tres.
Hay otras diferencias entre el régimen de responsabilidad penal juvenil y el régimen común, pero la señalada es más que suficiente para demostrar la inconsistencia de la objeción a la que nos referimos. Sí es necesario modificar la legislación vigente, para que quienes cometen casi la mitad de los miles de rapiñas que tanto han distorsionado la normalidad de la convivencia, asuman plenamente su responsabilidad frente a la sociedad.
(*) Abogado. Senador de la República. Secretario General del Partido Colorado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario