La prensa informa que la subdirectora de un liceo fue expulsada de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES), por haber formado parte del equipo técnico que elaboró el proyecto “Pro Mejora”, oportunamente aprobado por el CODICEN.
Mientras los responsables de ADES se niegan a informar a la prensa acerca de lo sucedido, con la excusa de que se trata de “asuntos internos” del sindicato, circulan versiones según las cuales habría más expulsados. La actual purga no es la primera; años atrás, distinguidos docentes fueron expulsados de las organizaciones sindicales en las que actuaban, por haber apoyado la reforma educativa promovida por Germán Rama.
No nos encontramos hoy, pues, frente a un hecho aislado, sino ante una nueva manifestación de una forma de pensar que no admite las discrepancias y las sanciona con la exclusión del grupo. Eso se llama intolerancia.
No nos encontramos hoy, pues, frente a un hecho aislado, sino ante una nueva manifestación de una forma de pensar que no admite las discrepancias y las sanciona con la exclusión del grupo. Eso se llama intolerancia.
La intolerancia suele traducirse en autoritarismo y prepotencia, y en este asunto así ocurrió. Miembros de ADES impidieron por la vía de los hechos, físicamente, que los docentes que desde todo el país habían llegado a las oficinas de Enseñanza Secundaria para elegir horas para el año próximo, pudieran hacerlo. Esto sucedió tres veces, y una de ellas –por lo menos- ante las narices de los Consejeros Guasco y Tomeo (la Directora Ubilla eligió estos momentos, precisamente, para tomar licencia), que no sólo no usaron su autoridad para amparar a quienes pretendían ejercer su derecho al trabajo, sino que además le hicieron el juego a ADES en cuanto dispusieron que la elección de horas se postergara.
Hay docentes, pues, que actúan de manera intolerante, autoritaria y prepotente. Impiden que el CODICEN y el Consejo de Enseñanza Secundaria cumplan cabalmente sus funciones; impiden que otros docentes elijan horas para el próximo año lectivo; expulsan del sindicato a quienes, en cumplimiento de las tareas técnicas propias de sus cargos, participan en la elaboración de un proyecto educativo.
Más tarde o más temprano, bien o mal, los aspectos institucionales, administrativos o técnicos de las cuestiones que hoy están en discusión, se solucionarán. Llegará un día en que los diarios titulen: “Se normaliza situación en la Enseñanza”.
Lo grave es que, por debajo de los acuerdos que se alcancen y de la normalidad aparente que con ellos se logre, esos docentes intolerantes y autoritarios seguirán dictando clases a alumnos liceales y formando –me corrijo: deformando- su manera de pensar. Este es el meollo del asunto. Este es el cáncer que está matando a la educación pública. No es cuestión de presupuesto, ni de leyes, ni de programas, ni de autonomías. El problema más grave consiste en que una mentalidad autoritaria e intolerante ha conquistado un espacio en la enseñanza secundaria pública y no hay quien la saque de allí.
(*) Abogado. Senador de la República. Secretario general del Partido Colorado
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