Por Ope Pasquet (*)
Se le llama “síndrome de Estocolmo” a la
reacción psíquica que las situaciones de secuestro prolongado producen en
algunas personas, que acaban sintiendo afecto por sus captores y hasta los
ayudan a lograr su fines.
La sesión del Senado del martes
pasado puso de manifiesto que algo parecido le ocurre al canciller Almagro y a
la plana mayor del Ministerio de Relaciones Exteriores, con relación al
gobierno argentino. Cuando del otro lado del río se toman decisiones que
perjudican a Uruguay –lo que sucede con cierta frecuencia-, nuestro ministro y
sus colaboradores se empeñan en explicarlas, cuando no en justificarlas, y a
continuación tratan de convencernos de que los pequeños inconvenientes que
puedan causarnos se solucionarán rápidamente, si nosotros ponemos un poco de
buena voluntad…
Si Argentina resuelve aplicar medidas proteccionistas que violan
groseramente las normas del Mercosur, trancan las exportaciones de varios
sectores productivos uruguayos y llevan a miles de sus trabajadores al seguro
de paro, nos dicen que tenemos que entender que esas medidas no se toman contra
Uruguay, sino que son generales; que nuestras exportaciones a la Argentina
crecieron un 17% el año pasado; que hay una comisión creada específicamente
para hacer el seguimiento de los pedidos de licencias de importación desde
nuestro país y evitar que se atrasen… Sin embargo, el presidente de la Cámara de
la Vestimenta va a la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados y
demuestra, con estadísticas en la mano, que las restricciones argentinas
afectaron mucho más a las importaciones desde Uruguay que a las provenientes de
la China; el año pasado nuestras importaciones desde Argentina crecieron mucho
más que nuestras exportaciones a ese país, por lo que el nuestro déficit
comercial aumentó (pasó de 900 a 1240 millones de dólares, en números
redondos); y pese a todas las comisiones que pueda haber, el trámite de las
licencias de importación es tan lento que los clientes argentinos cancelan sus
pedidos y los industriales uruguayos se quedan sin vender.
Hace ya cuatro años Uruguay inició ante la Comisión Administradora del
Río Uruguay (CARU), el procedimiento establecido por el Estatuto del Río
Uruguay para habilitar la construcción de dos terminales en el puerto de
Nueva Palmira. Pese al tiempo transcurrido la CARU no se ha expedido, porque la
delegación argentina considera que no dispone de la información necesaria para
hacerlo. Con paciencia oriental, nuestro gobierno aporta información, espera y
sigue esperando, reconociéndole de hecho a Argentina un poder de veto sobre las
construcciones en nuestro territorio, que la sentencia de la Corte de La Haya
en el caso de las plantas de celulosa dijo que no existe. Mientras tanto, en
territorio argentino, sobre el río Paraná y frente a Nueva Palmira ya empezó a
construirse el puerto “La Constanza”, que competirá directamente con el puerto
uruguayo por las cargas de la Hidrovía.
La CARU acumula y oculta los resultados de los análisis de las
aguas del río Uruguay que se hacen en Canadá, para saber si la planta de UPM
las contamina o no. Uruguay reclama que esos resultados se publiquen, pero
Argentina no sólo se opone a ello sino que tiene el descaro de decir, por
intermedio del vicepresidente de su delegación ante el organismo, que es
nuestro país el responsable de que la información no se difunda. Ante esta
situación, el Palacio Santos nos aconseja conformarnos con los análisis de la
DINAMA; será por aquello de que “no se conforma el que no quiere”…
En la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), como se sabe,
los problemas son otros. El embajador Bustillo debió tragarse el otro día, en
el Senado, un sapo grande y peludo como pocos, afirmando que se retiró
intempestivamente de un almuerzo con un funcionario diplomático argentino e
informó de ello, por escrito, al canciller Almagro, pero no porque el
otro hubiera querido sobornarlo sino por las dudas, nomás. Por supuesto,
nadie le creyó. Nadie piensa, realmente, que Julio Baráibar, que dijo que
Bustillo hizo confianza en él y le contó “con detalles” el intento de soborno,
sea un delirante. Quedó acreditada una vez más la lealtad funcional de
Bustillo, pero su credibilidad no salió precisamente fortalecida del episodio.
Credibilidad es justamente lo que el Palacio Santos no tiene. Ya no se
puede confiar ni en la veracidad de las resoluciones que dicta el Poder
Ejecutivo. En dos ocasiones hicieron pasar por “embajador” y “Director del
Instituto Artigas” a quien no lo era, para mandarlo de viaje en “misión
oficial”…
Cuando decimos todas estas cosas el ministro Almagro se enoja y dice que
la oposición actúa con “bajeza”, que no tiene argumentos, etc. Lo entendemos;
es tan manso con los extranjeros que lo tratan mal, que necesita desahogarse
con sus propios compatriotas, aunque estén defendiendo el interés nacional.
Cosas del síndrome de Estocolmo.
(*) Abogado. Senador de
la República (Vamos Uruguay-Partido Colorado)
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