Trabajadores y empresarios locales están preocupados por la
repercusión en Maldonado de la actual coyuntura de crisis financiera internacional,
por las medidas proteccionistas adoptadas por Argentina y por la firma del acuerdo
de intercambio de información tributaria con las entidades argentinas
recaudadoras de impuestos que firmó el gobierno uruguayo de manera inexplicable.
Algunos datos
relevados en cuanto a la cantidad de metros de construcción que están siendo
gestionados, los seguros por desempleo otorgados y la merma en el número de
transacciones inmobiliarias alientan esa preocupación. Tanto es así que la propia Intendencia
de Maldonado decidió “iniciar un proceso de monitoreo de la actividad económica
departamental” (SIC).
Si bien no es
presumible que el acuerdo de intercambio de información tributaria se firme
debido a la desidia reinante en las altas esferas gubernamentales (cosa que a
veces agradecemos), su sólo anuncio ya está ocasionando algunos problemas.
Según el asesor
de turismo de la intendencia Ramón
Isequilla , el mercado de compraventa de inmuebles en todo el
departamento de Maldonado caerá un 26% durante el año en curso,
de acuerdo a la tendencia observada en el mes de abril (Seminario “Situación y
perspectivas del mercado global, regional y local de los negocios
inmobiliarios”, organizado por la Universidad ORT ).
Por su parte, el presidente del SUNCA en Maldonado dijo a un medio local que
están “alertas” y que “evalúan paliativos en caso de pérdida de fuentes
laborales” (FM Gente 17/6/2012). Esto, sumado a datos del registro de compra y
venta de propiedades, que indican que bajaron por encima del 20 % la compra de
unidades de apartamentos en el pozo, terminan por ilustrar una realidad que nos
impacta hoy, de neta responsabilidad del gobierno uruguayo.
Hecha la
macana, la pregunta es si existen reflejos para paliar los efectos negativos de
las decisiones tomadas; pero la crisis uruguaya trasciende lo económico
financiero y es, ya hoy, de orden institucional. Por tal motivo, el panorama
del futuro no es para nada alentador.
Evidentemente
no existen las condiciones ni las capacidades para tantear algunas posibles
soluciones de orden fiscal, que disminuyan la brutal carga impositiva que
sufren los sectores productivos y de la construcción. Tampoco
están previstas las obras públicas de infraestructura que se necesitan
imperiosamente y que podrían absorber a los desempleados, ni existe ningún
estímulo a la capacitación para la reinserción laboral. Parece que, lenta e
inexorablemente, el período de bonanza (que nunca llegó a los trabajadores)
quedará como una promesa incumplida más de un gobierno que, sin lugar a dudas,
pasará a la historia.
Por inepto y
fanfarrón.
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