Daniel el travieso

Por Ope Pasquet (*)

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, escribió una nota titulada “Lo que dejó la dictadura y de lo que se habla menos”, que se publicó en la edición de “Búsqueda” del pasado jueves 28.

Nos alegra que las cosas en el MIDES anden tan bien, que el ministro se da el lujo de dedicar su tiempo a escribir artículos de prensa, acompañados por gráficas, cuadros estadísticos y notas a pie de página. Pero por otro lado, lamentamos que las cosas en “la fuerza política” anden tan mal, como para que se tenga que echar mano al viejo recurso de provocar conflictos con  los de afuera, para disimular los líos de adentro. 

Para hacer la crítica de la política económica de la dictadura y sus consecuencias sociales, el ministro Olesker cuenta desde el año 1968 hasta 1984, equiparando así el gobierno constitucional y legítimo del período 1967-1972, con la dictadura que comenzó en 1973 y duró hasta 1985. Así, muy suelto de cuerpo, el ministro presenta un cuadro y una gráfica bajo el título “Salario real en dictadura”, y comienza la serie con el año 1971...

Pues bien: es absolutamente falso que el gobierno presidido por Jorge Pacheco Areco  haya constituido una dictadura. Pacheco era vicepresidente de la república cuando falleció el presidente Gestido, en diciembre de 1967,  y lo sucedió en el cargo de conformidad con las normas constitucionales pertinentes. Le tocó gobernar en tiempos extraordinariamente difíciles. La guerrilla tupamara –que había iniciado sus operaciones armadas en 1963, con el asalto al Club de Tiro suizo- se empeñaba en derribar a sangre y fuego las instituciones democráticas; el Partido Comunista perseguía el mismo objetivo, pero por el camino más largo de la paralización del país y la desestabilización del gobierno, a través de las medidas de fuerza dispuestas por los sindicatos. Pese al asedio de los enemigos de la democracia, las instituciones permanecieron en pie: el Parlamento siguió siendo el escenario para que Wilson Ferreira brillara en la oposición al gobierno, El Popular (diario del Partido Comunista) y Marcha (semanario de izquierda independiente), entre otros periódicos, siguieron criticando con ferocidad al presidente Pacheco y a sus ministros, se formó el Frente Amplio en 1971 y ese mismo año la ciudadanía eligió un nuevo gobierno en comicios libres y ardorosamente disputados. El “dictador” Pacheco aspiraba a la relección, pero la mayoría no lo quiso y nadie jamás pudo decir que Pacheco haya dudado un instante siquiera en acatar el veredicto popular. 

Los hechos son muy claros, pero quizás los conceptos no lo sean. Para nosotros, allí donde hay pluralismo político, elecciones libres, prensa opositora, un Parlamento donde está representada la oposición y una justicia independiente, hay democracia (sin perjuicio de las críticas que pueda merecer la gestión del gobierno de turno). El ministro Olesker tiene otras ideas. Para él y para el Partido Socialista –cuyo Comité Central el ministro integra-, democracia es lo que hay en Cuba -donde no hay elecciones y el poder se traspasa entre los hermanos Castro- pero no lo que había en aquel Uruguay de 1971, que vio nacer al Frente Amplio en un multitudinario acto callejero.

Los hechos son muy claros y no le dan la razón; por eso, quizás, el ministro siente la necesidad de respaldarse en la autoridad de la ley, y nos recuerda que la ley 18.596, votada exclusivamente por los legisladores del Frente Amplio para halagar a su clientela, estigmatiza todos los años comprendidos entre 1968 y 1985 y equipara las medidas prontas de seguridad, previstas por la Constitución, con la “doctrina de la seguridad nacional” que inspiró a la dictadura militar.

Otro error de concepto. El   ministro Olesker es de los que piensan que no hay por qué respetar el resultado de un plebiscito, porque “las mayorías no siempre tienen razón”, pero en cambio cree que las polémicas políticas se pueden zanjar por imperio de la ley. Es al revés, ministro: las mayorías son las únicas dueñas legítimas de las decisiones, pero no son las dueñas de la verdad. Una decisión plebiscitaria, o una ley, pueden imponer normas de conducta, pero no pueden transformar en cierto lo que es históricamente falso y conceptualmente equivocado.    

En Uruguay la dictadura empezó en 1973. Los que antes de ese año mataron, secuestraron, extorsionaron, rapiñaron  y de otras mil maneras sembraron el terror en la población para  imponer sus ideas políticas, no se estaban defendiendo contra ninguna dictadura, sino que estaban atentando contra la democracia.

(*) Abogado. Senador de la República (Vamos Uruguay – Partido Colorado)