Por
Ope Pasquet (*)
Finalmente,
el presidente Mujica se decidió y autorizó a UPM a aumentar su producción de
pasta de celulosa en cien mil toneladas anuales, contemplando así parcialmente
la solicitud formulada por la empresa en el mes de marzo del año pasado.
De inmediato, ardió Troya. El gobierno
argentino expresó en términos muy enérgicos su rechazo a la decisión del
gobierno uruguayo, declaró lesionada su soberanía ambiental y anunció que
llevará el caso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
En Gualeguaychú los asambleístas
volvieron a congregarse en torno al fantasma de la contaminación, alentados por
el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Sergio Uribarri, que posó en las
fotos junto al canciller Timerman cuando este se rasgaba las vestiduras ante el
anuncio oriental. En ambas orillas del Plata –pero especialmente en Uruguay-
hay preocupación por el curso que pueda tomar el diferendo, sobre todo teniendo
en cuenta que la campaña electoral que se desarrolla en Argentina no crea el
mejor clima para buscar soluciones con discreción, serenidad y sensatez.
La dirigencia política uruguaya es
agudamente consciente de la importancia que tienen, para el país, las
relaciones con Argentina. Nadie se olvidó de los perjuicios causados por el
corte de rutas impuesto durante años por los vecinos de Gualeguaychú, y todos
tenemos presente que en poco más de dos meses estará empezando la temporada
estival, en la que tanto impacto positivo tiene el turismo argentino.
Sin embargo, el apoyo a la decisión del
gobierno es unánime de este lado del río. Si alguna crítica se ha esbozado, ha
sido para lamentar que no se haya ido más lejos todavía, permitiéndole a UPM
llegar a los 1,3 millones de toneladas anuales de pasta de celulosa que es
capaz de producir.
¿Qué pasó? ¿Nos habrá ganado a todos un
absurdo ánimo patriotero y antiargentino, del que sólo perjuicios podrían
resultar para Uruguay? La pregunta es pertinente, porque hace apenas unos días
el presidente Mujica planteaba la cuestión de las relaciones con Argentina como
una alternativa entre la actitud conflictiva (el “meter pechera”, como él dijo)
o la política de las concesiones permanentes que ha caracterizado a su
gobierno.
Desde el simple sentido común se le
contestó al presidente que entre un extremo y otro cabía el término medio de la
defensa inteligente y firme del interés nacional; sin infantilismos chovinistas
de un lado, ni ingenuidades “patriagrandistas” del otro.
Pues bien: la fuerza de los hechos
llevó al gobierno uruguayo a recorrer ese camino del medio cuya existencia
implícitamente negaba, hace apenas unos días.
Ante el legítimo reclamo de una empresa
que cumple con las leyes nacionales y con los más altos estándares
internacionales de protección del medio ambiente, y tras haber esperado
pacientemente un pronunciamiento argentino durante más de un año, el gobierno
uruguayo permitió un aumento de producción en una planta modelo a escala
mundial, aumentando así la actividad económica, el empleo y las exportaciones
del país. Al lado de la planta de UPM está Fray Bentos, cuyos habitantes serían
los primeros en sufrir los efectos de la contaminación, si la hubiera. Pero la
decisión oficial tiene el respaldo de los informes técnicos de nuestra DINAMA,
así como del laboratorio canadiense que desde hace años dice que la planta de
UPM no contamina, en informes que Argentina no ha querido divulgar. No se
compromete la salud de los habitantes de Fray Bentos, ni la de los de
Gualeguaychú, ni la calidad de las aguas del río Uruguay, permitiendo que
produzca más una fábrica que ha estado y seguirá estando sometida a los más
rigurosos controles.
Si para sostener estas decisiones es
preciso comparecer ante una corte internacional, habrá que hacerlo. Las buenas
relaciones entre países vecinos no pueden apoyarse sobre presuntas afinidades
ideológicas ni personales entre los gobernantes de turno, que son tan frágiles
y efímeras como ha quedado penosamente de manifiesto en los últimos tiempos;
ellas deben basarse en el respeto mutuo y el apego al Derecho Internacional.
Por este camino, el gobierno tendrá
siempre el apoyo de todos los uruguayos.
(*) Abogado. Senador de la República
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