Por José Amorin Batlle (*)
La decisión de Mujica de autorizar el aumento de
producción a la planta de celulosa de UPM, medida que respaldamos porque
prioriza el trabajo y el desarrollo del Uruguay, era imposible que no acarreara
consecuencias sobre la siempre difícil relación de nuestro país con los
gobiernos kirchneristas. Tanto por las actitudes de ellos hacia nuestro país
como por la estrategia elegida por el actual gobierno frenteamplista para
relacionarse con las autoridades del país vecino.
Es real que la tensión entre ambas
naciones existe desde el mismo día en que BOTNIA, original propietaria de la
planta, y el gobierno de aquella época, oficializaron la construcción de la fábrica
en Uruguay. En aquellos tiempos, previos a la campaña electoral de 2004, el
propio Vázquez, siendo candidato del opositor Frente Amplio, se pronunció en
contra de la instalación de la planta de la empresa. Esa postura le valió, al
candidato frenteamplista, el apoyo totoal de los kirchneristas de cara a la
elección.
Sin embargo, ya ganada la elección por
parte del Frente Amplio, Vázquez rectificó su postura y avaló la construcción
de la planta. Ese cambio de postura, junto a las acusaciones argentinas a
Vázquez sobre no haberle cantado la justa a Néstor Kirchner, llevaron al corte
permanente de los puentes que unen Argentina con nuestro país durante años.
Es así que nos encontramos ante otra de
las herencias malditas que Vázquez le dejó a Mujica, al igual que la crisis de
la enseñanza, los problemas de la salud, la inseguridad y tantas otras que los
uruguayos padecemos día a día.
Una vez elegido presidente, Mujica
decidió que una de sus prioridades como mandatario sería recomponer la relación
con el gobierno argentino. Para ello, prefirió la estrategia que muchos en
Uruguay sienten que es de “sumisión” ante los deseos de Cristina Fernández de
Kirchner. Así, se fueron sumando oportunidades, demasiadas a nuestro entender,
en las que Mujica prefirió ceder ante los caprichos o las demandas de CFK.
Desde el famoso Acuerdo Tributario hasta el ingreso de Venezuela al MERCOSUR, o
desde la negativa argentina al dragado del Canal Martín García hasta los
bloqueos a nuestras exportaciones, la respuesta a la “buena voluntad” de Mujica
ha sido el desconocimiento de los acuerdos.
Ante tanta prepotencia y arbitrariedad,
Mujica debía tomar la decisión; autorizar o no el aumento de producción a UPM.
Y, por suerte, tomó la decisión que el Uruguay se merecía: defender el trabajo
y la soberanía nacional. Nosotros respaldamos esa decisión porque para el
Batllismo, lo primero es el país. No hay cálculos electorales, ni diferencias
de enfoque, que nos hagan salirnos de ese camino. Lo que es bueno para el
Uruguay, es bueno para los batllistas.
No obstante, dicho respaldo no implica
que compartamos el cien por ciento de lo dispuesto por Mujica. Y la razón para
tal salvedad es que, cómo ya nos tiene acostumbrados, nuestro presidente optó
por privilegiar lo político sobre lo jurídico, y en vez de autorizar el aumento
de producción en 200.000 toneladas como solicitaba UPM –para evitar problemas
con Argentina sostienen muchos-, optó por el camino del medio y autorizó un
aumento sólo de 100.000 toneladas.
Mujica desoyó los informes técnicos de
la DINAMA, que aseguraban que el aumento de producción solicitado por la
empresa no tenía efectos adversos en el Río Uruguay, con el único fin de
contentar al gobierno kirchnerista. Y su respuesta no se hizo esperar: nos hará
el mismo problema que antes, es decir, que llevará el tema al Tribunal
Internacional de La Haya.
Una vez más, las consideraciones que
Mujica tiene con CFK, caen en el saco roto de la soberbia kirchnerista. Pero no
contentos con eso, desde el otro lado del río, comienzan a manejarse datos
falsos para reforzar su posición, porque los datos de contaminación ambiental
manejados por el canciller Timerman parecen fabricados por Moreno y el INDEC.
En cualquier momento, si seguimos así, UPM y Uruguay serán culpables de la
contaminación del Riachuelo de Buenos Aires, uno de los ríos más poluidos del
mundo.
Ante tal situación, el Uruguay debe ser
claro y contundente. Si Argentina dio a conocer los análisis que realizó al río
Uruguay, nuestro país debe publicar ya mismo todos los Informes Ambientales que
tiene la Comisión Administradora del Río Uruguay, algo a lo que los delegados
argentinos se han negado sistemáticamente. Porque la única respuesta al
patoterismo y al agravio, debe ser la transparencia y la verdad.
La misma verdad con la que debemos
llevar adelante nuestra política exterior, tanto en relación con Argentina como
con el resto de los vecinos integrantes del Mercosur, que siguen balconeando
este problema como si fuera un problema bilateral. Todos recordamos que años
atrás Brasil ya se desentendió del conflicto con Argentina.
Este episodio debería echar por tierra,
de una vez por todas, la teoría frenteamplista de la “patria grande” o de la
“afinidad ideológica” con los países vecinos. La realidad demuestra que los
países tienen intereses y necesidades que no piensan dejar atrás bajo ningún
concepto. Lo mismo debería hacer el Uruguay. Esta es una de las cosas que los
uruguayos debemos cambiar para permitir el desarrollo de la economía y el
bienestar de nuestra gente en un marco de respeto hacia los vecinos.
El Uruguay debe ser fiel con su
historia y su política exterior debe estar regida por una sola máxima: el
respeto irrestricto al derecho internacional. Como diría nuestro buen amigo el
exCanciller Didier Opertti: “el derecho es el escudo de los débiles”. Así se
manejó siempre el Uruguay que queremos, el Uruguay batllista. En ese camino nos
encontramos, esperamos que nos acompañen
(*) Abogado. Senador de la República
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