Por Ope Pasquet (*)
Desnorteado,
agitado por las rencillas internas de “la fuerza política”, irritado por
problemas de gestión que no logra resolver, el gobierno ha resuelto invocar al
demonio de los noventa para justificarse ante la opinión pública. Las políticas económicas y
sociales de los noventa son las causantes de todos nuestros males actuales.
Esta es la nueva consigna, y a ella se aferran los ministros como náufragos al
salvavidas.
Según el gobierno, si
en el 2010 tuvimos 15.000 rapiñas, fue por culpa de los malditos
años noventa y no porque
su propia gestión, y la del gobierno anterior, hayan sido claramente
deficitarias en materia de seguridad pública. Aquel mismo factor explicaría que
se haya disparado la cantidad de homicidios cometidos en lo que va del corriente
año. En vez de aquello de “¡es la economía, estúpido!”, que se dijo en una
campaña electoral estadounidense, el oficialismo uruguayo repite ahora:
“¡fueron los noventa, estúpido!”. Así el mundo vuelve a ser reconocible y a
estar en orden: el Frente gobierna desde hace siete años y medio, pero la culpa
de nuestros males la tienen blancos y colorados, como siempre.
Ahora bien: si las
cifras de la criminalidad actual se explican por las políticas económicas y
sociales de hace quince o veinte años, la coherencia obliga a aceptar que las
cifras de la criminalidad de los años noventa se explican a su vez por las
políticas económicas y sociales de los años setenta, es decir, los años de la
dictadura.
Según los datos del
Observatorio del Ministerio del Interior, entre 1990 y 1994 inclusive hubo
entre 2.500 y 3.000 rapiñas por año en todo el país; la cantidad de homicidios,
a su vez, giró alrededor de los 200 por año.
Con la lógica del
oficialismo, entonces, habría que concluir en que el autoritarismo, la
represión brutal, la prohibición de la actividad política y sindical, la
reducción salarial y
todo lo demás que pasó durante la dictadura le hicieron tanto bien a la
sociedad uruguaya, que las cifras de la criminalidad en los años noventa se
ubicaron muy por debajo de las cimas a las que llegarían después de 25 años de
democracia, parlamento, sindicatos, derechos individuales y libertades públicas.
Yo no comparto el
razonamiento del gobierno; creo que en democracia y respetando los derechos
humanos es posible ejercer la autoridad, asegurar la tranquilidad pública e
imponer el orden.
Eso sí: hay que
proponérselo en serio y trabajar con eficacia para lograrlo, en vez de estar
siempre mirando hacia atrás o a
los costados, en busca de
otro a quien echarle las culpas por la propia incapacidad.
(*) Abogado. Senador de
la República (Vamos Uruguay – Partido Colorado)
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