¡Viva la Pepa!

Por Ope Pasquet (*)

Por lo general, lo que dice un presidente anuncia el rumbo que tomará su gobierno. La gente escucha al primer magistrado y sabe no necesariamente lo que sucederá, ya que los gobernantes no controlan la realidad a su antojo, pero sí lo que se propone hacer quien dirige el aparato estatal.

Eso que es lo normal y acorde con el sentido común, no es lo que está pasando en el Uruguay en este período de gobierno. Lo que dice Mujica suele ser lo contrario de lo que hará.

En el año 2009, en la campaña previa a la segunda ronda electoral, dijo en Código País, refiriéndose al resultado negativo del plebiscito para anular la Ley de Caducidad, que respetaría ese resultado y que no utilizaría la mayoría parlamentaria del Frente Amplio para “enmendarle la plana al pueblo”. Pero eso fue precisamente lo que ocurrió.

Con los votos del Frente Amplio, exclusivamente, se votó en el Parlamento la ley llamada “interpretativa” de la Ley de Caducidad, que equivale a su anulación, y el presidente Mujica la promulgó sin chistar, enmendándole así la plana al pueblo.

Posteriormente se planteó la cuestión de si en el Uruguay se sancionaría o no una “ley de medios”, como en otros países de la región. Consultado al respecto, el presidente Mujica fue categórico: si me traen un proyecto de ley de medios lo tiro a la papelera, dijo. Actualmente, está a estudio del Parlamento un proyecto de ley de medios, remitido a la Asamblea General por el Poder Ejecutivo.

Hace unos meses, comentando su intención de facilitar y al mismo tiempo regular la obtención de marihuana por los consumidores, el presidente dijo que sólo se avanzaría por ese camino si una clara mayoría de la sociedad, no sólo de los legisladores, así lo quería. Todas las encuestas conocidas indican que casi las dos terceras partes de la sociedad rechazan la idea, pero el Frente Amplio acaba de darle media sanción al proyecto de ley respectivo en la Cámara de Diputados, y se da por descontado que lo mismo sucederá en el Senado. No hubo desacato de “la fuerza política” al presidente; lo que pasó fue que el presidente dijo una cosa e hizo otra.

Con esos antecedentes a la vista, no pueden causar sino alarma las afirmaciones recientes del presidente Mujica, en el sentido de que la sanción de la llamada “ley de la marihuana” no significará el “viva la Pepa”. Si el presidente dice que no será así, hay que pensar que así será.

Sabido es que “la Pepa” se le llamaba a la Constitución de Cádiz de 1812, una constitución moderadamente liberal que en la muy conservadora España de aquellos años causaba alarma en sectores de la sociedad que asimilaban el liberalismo al libertinaje. Desde entonces, decir que una situación es un “viva la Pepa” equivale a decir que es, en una palabra, un relajo.

El gobierno afirma que la facilitación del acceso a la marihuana no instalará el “vale todo” en la materia sino que, por el contrario, regulará un fenómeno social extendido y de hondo arraigo. Para hacer efectiva esa regulación, el proyecto de ley en trámite en el Parlamento contiene varias normas y crea un nuevo organismo, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), con el cometido específico de hacer efectivos los controles establecidos por la ley, aplicando las sanciones administrativas correspondientes a quienes no respetaren sus disposiciones.

No hay previsión presupuestal que permita asignarle fondos al IRCCA, tal como ya ha sido señalado, lo que delata la improvisación del gobierno en la materia y al mismo tiempo hace dudar de la seriedad y consistencia de la intención reguladora anunciada.

Independientemente de la cuestión presupuestal, empero, es legítimo dudar de la efectiva capacidad de aplicar la ley que tenga, en una materia tan delicada, un aparato estatal que en tantos asuntos más gruesos ha demostrado carecer de ella. ¿Quién no ha escuchado las quejas de los que dicen que en su barrio hay bocas de pasta base que operan sin restricciones ni tapujos, como si se les hubiera garantizado la impunidad? Hasta hace poco tiempo el aborto era delito, y se cometía prácticamente sin consecuencias. Teniendo en cuenta estas y otras experiencias, es difícil creer que se pueda controlar el número de plantas o de gramos de marihuana que alguien guarde en su casa. Además, el ambiente festivo en el que todo esto se procesa no hace pensar en el comienzo de la regulación, sino en el fin de la veda.

Seguramente esto es lo que percibe esa gran mayoría de la sociedad uruguaya que es contraria al proyecto de ley en cuestión. Asumo el riesgo de suponer que nadie pretende interferir con la libertad de cada uno de hacer en su casa lo que quiera, mientras no dañe a otros. Lo que resulta chocante y genera fuertes resistencias, es la impresión de que nos deslizamos cuesta abajo por el camino de una permisividad sin verdaderas restricciones, mientras aumenta el delito y fracasa penosamente la educación.

(*) Abogado. Senador de la República (Vamos Uruguay – Partido Colorado)