Por
Pedro Bordaberry (*)
En
el año 2005 se realizó una experiencia inédita: liberar presos como medida
novedosa para promover mayor seguridad.
El gobierno propuso y el Parlamento
aprobó una ley de “descongestionamiento del sistema carcelario”.
En la Exposición de Motivos de esa ley,
el Ministro del Interior, José Díaz, y el Presidente, Tabaré Vázquez,
expresaron que largar presos a la calle “no implicaba, en absoluto, menoscabar
la seguridad de la población en su conjunto”.
Ingenuamente afirmaban que liberar
presos era bueno porque “es cada vez más necesario transitar por espacios de
libertad, procurando la contención de conductas ilícitas a través de mecanismos
alternativos como multas, decomisos y medidas sustitutivas”.
Para José Díaz, flamante Ministro del
Interior del Frente Amplio, se trataba de “una gran ley” porque
sistema penal que estaba vigente “ponía demasiado el énfasis en la protección
de la propiedad privada”.
¡Se criticaba a la ley por proteger a
la propiedad privada!
En forma coherente, además, el proyecto
de ley derogaba varias normas penales.
Díaz y Vázquez, como ahora Mujica con
la Marihuana propusieron experimentar sin un plan de contingencia.
Eso fue presentado como “progresista” y
moderno.
Desde el Partido Colorado les fue
advertido en aquel entonces del riesgo que corrían, en especial por no tomar
las medidas necesarios para tener la certeza de que aquellos que liberaban no volvieran
a delinquir.
Los resultados de esa improvisación son
conocidos. Los sufrimos hoy.
El Director Nacional de Policía - una
de las más altas jerarquías del Ministerio del Interior - afirmó la semana
pasada que “los delincuentes se vieron absolutamente beneficiados por todas las
cosas que se les han dado en los últimos tiempos”.
Un claro reconocimiento del error
cometido por Tabaré Vázquez y José Díaz. También una valiente crítica que
proviene de quien hoy ocupa el tercer lugar en importancia en el Ministerio del
Interior.
Creo que Diaz y Vázquez no tuvieron
mala intención.
Lo que tuvieron fue ingenuidad e
imprevisión.
Pensar que largando presos a la calle,
“dando espacios de libertad” a ellos y quitando delitos del Código Penal,
iban a mejorar la inseguridad fue no solo ingenuo. Fue una gran
irresponsabilidad que hoy estamos pagando en rapiñas y aumento de homicidios.
En el 2005, cuando se propuso esta ley,
ocurrían 7000 rapiñas por año en el país. Hoy son 17.000. En el 2005 ocurrían
199 homicidios por año. El año pasado fueron 287.
En el 2012, Alvaro Garcé, el
Comisionado Parlamentario, presentó un estudio en el que se informaba que el
40% de los reclusos liberados por la ley Díaz reincidieron, es decir, volvieron
a cometer delitos y fueron enviados a la cárcel.
Si tenemos en cuenta que la tasa
estimada de no denuncia de delitos es del 55% y la de aclaración de rapiñas del
9%, ese 40% se va a más del 70 u 80 %.
El experimento Díaz-Vázquez nos colocó
en la situación de inseguridad que hoy vivimos.
Cuando se propuso la ley organismos
internacionales, Ongs locales, y varios eruditos más vinculados al gobierno,
opinaron que era moderna, progresista y un camino que valía la pena
recorrer.
Fue noticia en los medios de
comunicación internacional y hasta se puso al Uruguay como ejemplo de algo
novedoso en la materia.
Ahora nada dicen y miran para el
costado mientras se propone agravar las penas y ni se les ocurre volver a
largar presos, sino que construyen cárceles.
Esa ingenuidad e improvisación del
gobierno se dio en otras áreas.
Es recordado el episodio protagonizado
por un Senador que se puso al volante de una camioneta con internos del Inau
que se habían sublevado. Mientras lo hacía, una Ministra llamaba públicamente a
cuidar a “mis gurises”. Esos “gurises” le pusieron un cuchillo en el pescuezo
al Senador y terminaron fugándose.
Ahora el Frente Amplio propone un nuevo
experimento que cataloga de moderno y progresista: que el Estado venda
marihuana como forma de combatir el consumo de la droga.
Los fundamentos de la propuesta son
interesantes: se le quitará un mercado a los narcotraficantes, el Estado
conseguirá ingresos, estamos perdiendo la batalla contra la droga y varias
cosas más.
Eso nos lo dicen en un spot que
financia una fundación de un empresario norteamericano con intereses en
multinacionales que se dedican a las semillas y plantas.
Queremos ser positivos, abrirnos a
todas las propuestas, apoyar todo lo que sea bueno para terminar con la droga.
Tenemos el deber de analizar seria y concienzudamente cada propuesta y lo vamos
a hacer con esta también.
Pero nos surgen dudas.
Si hay un motivo económico para
quitarles el mercado de la marihuana a los traficantes ¿entonces por qué
no hacemos lo mismo con las otras drogas, que siguen prohibidas? ¿No conseguirá
el Estado recursos con ello también? ¿Qué nos asegura que este plan será
exitoso?
¿No será ingenuo, de nuevo, pensar que
estos caminos van a lograr el resultado?
Errar en esto puede ser
gravísimo.
Puede llevar a las mismas nefastas
consecuencias que aquella mala decisión de Díaz y Vázquez tuvo.
De nuevo vienen desde fuera Ongs,
empresarios y hasta organismos internacionales, a alentarnos a seguir esa
experiencia innovadora, a experimentar, con ella.
Experimentar es lo que nos dijo esta
semana el Presidente Mújica que quería hacer con la marihuana.
¿Experimentar con nosotros los
uruguayos?
Me recuerdan al Dr. Wendel Johnson, un
psicólogo, actor y autor norteamericano, especializado en el habla.
En 1939 llevó a cabo un experimento que
fue conocido como el “Monster Study” (Estudio Monstruoso). El mismo intentaba
probar que la tartamudez no era innata sino fruto de malos hábitos de
educación.
El estudio o experimento lo llevó a
cabo en 22 niños huérfanos que dividió en dos grupos. Uno recibió estímulos
positivos, mientras que el otro era castigado y ridiculizado cada vez que
tartamudeaban.
No sólo Jonshon no pudo probar su
teoría, sino que le causó daño psicológico a los niños para toda su vida. En el
año 2001 la Universidad de Iowa pidió disculpas públicas por el monstruoso estudio.
No está bien utilizar a otros para
experimentar. La falla de la teoría puede provocar daño psicológico a niños,
aumentar la inseguridad, o meter por el camino de la droga a muchos.
No está bien que se tome a nuestro
país, a nuestros jóvenes, como campo para experimentar con estas propuestas.
El daño puede ser casi tan grande como
el que la ley Díaz de descongestionamiento carcelario provocó en el país.
(*) Abogado. Senador de la república.
Líder de Vamos Uruguay – Partido Colorado
No hay comentarios:
Publicar un comentario