Por
Ope Pasquet (*)
Ayer,
1º de agosto, el Servicio Informativo de Naciones Unidas difundió la noticia de
que el “International Narcotics Control Board”, o Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), había señalado con preocupación que la
aprobación del proyecto de ley sobre marihuana en trámite en el Parlamento
uruguayo, violaría las disposiciones de la Convención Única sobre
Estupefacientes de 1961, oportunamente ratificada por nuestro país. En efecto,
la Convención prohíbe la venta de cannabis para usos no médicos, y el proyecto
de ley la permite.
El comunicado del referido servicio
agrega que la JIFE quiso dialogar con el gobierno uruguayo sobre el tema y
ofreció enviar a tal fin una misión del más alto nivel, pero que el gobierno
uruguayo declinó la oferta.
Finalmente, dice el comunicado que la
JIFE exhorta al gobierno uruguayo a cumplir con las normas internacionales que
limitan el uso de las drogas a fines médicos y científicos, y a considerar
cuidadosamente todas las repercusiones que podría tener la sanción de la ley.
Llama poderosamente la atención que
este aspecto del tema no haya estado en el centro del extenso debate del
proyecto en la Cámara de Diputados. Si para aplicar sus políticas el gobierno
está dispuesto a violar convenciones internacionales que obligan a la república
(una vez más, lo político por encima de lo jurídico), lo menos que puede hacer
es anunciarlo y dar las correspondientes explicaciones. En el Mensaje y
Proyecto de Ley remitidos al Parlamento hace aproximadamente un año,
conteniendo la primera propuesta gubernamental en esta materia, el Poder
Ejecutivo criticaba severamente la Convención sobre Estupefacientes de 1961,
pero nada decía acerca de las consecuencias que pudiera tener para Uruguay la
abierta violación de sus disposiciones, ni de la estrategia uruguaya para
enfrentar esas contingencias. Tampoco se dijo nunca, que yo sepa, que se había
rechazado el envío de una misión de alto nivel de la JIFE a nuestro país.
Hace pocos meses, el Poder Ejecutivo
despachó una delegación de seis miembros (el secretario de la presidencia, tres
ministros y dos altos funcionarios), para entregarle un informe de un Comité de
Naciones Unidas a la Suprema Corte de Justicia. ¡Había que ver la cara de
preocupación del ministro Almagro, hablando de la posibilidad de que nuestro
país quedara expuesto a recibir sanciones, si la Corte no dicta sentencias que
sean del agrado de ese Comité!
En 2011 y 2012 se aprobaron numerosos
tratados de intercambio de información tributaria con varios países, entre ellos
Argentina, con el argumento de que había que acompañar una tendencia
internacional promovida por la OCDE (organización de la que Uruguay no forma
parte), para no quedar al margen de la comunidad internacional.
Pero ahora resulta que en materia de
drogas nos cortamos solos, violando normas de Derecho Internacional que nos
obligan y rehusándonos incluso a recibir a los funcionarios de Naciones Unidas
encargados de velar por su cumplimiento. ¿En qué quedamos? ¿Queremos ser
miembros serios y confiables de la comunidad internacional, como le gusta decir
al ministro Lorenzo cuando habla de la necesidad de hacer buena letra con la
OCDE y sus dependencias? ¿O nos declaramos libres e independientes hasta de las
Naciones Unidas y de los tratados que firmamos?
Escuchamos todos los días, del
presidente y del canciller, el elogio encendido del
Mercosur y de la Unasur. ¿Por qué no buscamos el apoyo de ambos, antes de
lanzarnos a esta aventura? México y Colombia han sufrido y siguen sufriendo en
carne propia el enorme costo en vidas y bienes de la guerra contra las drogas.
¿Se intentó concertar posiciones con ellos en esta materia? Y Brasil y
Argentina, que en sus respectivas áreas de contacto con nuestro país sentirán
sin dudas el impacto de la liberalización del consumo de la marihuana entre
nosotros, ¿qué opinan?
Sobre las eventuales consecuencias en
el plano internacional de esta nueva política hacia la marihuana, muy poco
se ha dicho. Pero este es también un aspecto relevante del tema en discusión.
El gobierno, que notoriamente ha estado
improvisando en este asunto, resolvió seguir adelante con su ley pese a las
resistencias que encontró en su propia “fuerza política”, sin lograr el apoyo
de ningún sector de la oposición, a contramano de la sociedad uruguaya (que
según todas las encuestas rechaza la iniciativa por amplia mayoría) y en
violación del Derecho Internacional.
Lamentable.
(*) Abogado. Senador de la República
(Vamos Uruguay – Partido Colorado)
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