Por
José Amy (*)
En
las últimas semanas, las discusiones sobre la renovación de tecnologías para intervenir teléfonos y
comunicaciones en redes sociales o
seguimiento electrónico de personas, vuelven
la agenda política uruguaya.
La compra “secreta” del sistema
"El Guardián" (plataforma informática que ampliará, si es usada
adecuadamente, las capacidades de la Policía para realizar escuchas y vigilar
la actividad en Internet) por parte del Ministerio del Interior reavivo un tema
instalado en la opinión publica hace pocos años.
Desde que comencé mi tarea como
legislador (2010), me he interesado
tema, presentando posteriormente tres proyectos de ley que intentan en un mismo
sentido, otorgar a la ciudadanía las garantías que una actividad tan delicada
merece.
La inteligencia del Estado uruguayo ha
sido un tema descuidado políticamente, diríamos que es más bien tabú.
El control parlamentario sobre los
servicios de inteligencia ha sido inexistente. Contamos con un conjunto muy
fragmentado de agencias de inteligencia que tienen competencias muy poco
definidas y con una escasa transparencia. Dentro de las más importantes,
primero se encuentra la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (DINACIE)
dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, en segundo término, se
encuentra la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII)
dependiente del Ministerio del Interior, por otro lado se encuentran otras
agencias de menor relevancia, dependientes de otras carteras y de organismos
públicos, por ejemplo el departamento dos de los Estados Mayores del Ejército,
la Armada, la Fuerza Aérea; la Prefectura Nacional Naval; el servicio de
Información Exterior de la cancillería; la inteligencia financiera del Banco
Central, la Dirección Nacional de Aduanas, etc.
En el gobierno de Tabaré Vázquez por el
Artículo Nº 59 de la Ley No 17.930 de Presupuesto Nacional que entró en
vigencia el 1 de enero de 2006, se establece: “Créase en el programa 001
‘Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno’, un cargo de
Coordinador de los Servicios de Inteligencia del Estado, el que se declara de
particular confianza”.
Visto lo anterior, presentamos el
primer proyecto de ley para establecer la creación de un marco regulatorio que
fije claramente los contrapesos constitucionales que debe tener el señor
Coordinador de los Servicios de Inteligencia del Estado. Hasta el día de hoy
las actividades no son controladas por el parlamento.
Presentamos también en 2010 un proyecto
de Ley Marco de Inteligencia, con el fin de generar control parlamentario de dichas actividades,
actualmente el proyecto está en debate en Comisión Bicameral que integro junto
con legisladores de todos los partidos.
A su vez, en agosto de 2011,
presentamos otro proyecto que regula el ingreso de determinados sistemas de
intercepción y sus respectivas penas y regulaciones. A pesar de estos tres
proyectos, y de estar en pleno debate con todos los partidos políticos, para
crear una Ley marco de Inteligencia, el gobierno vuelve a hacer las cosas “por
fuera”.
La plataforma “el Guardián”, cuyo costo
se evalúa en US$ 2 millones, permite interceptar simultáneamente 1.000 llamadas
telefónicas (800 celulares y 200 fijos), 100 correos electrónicos y hasta tres
redes sociales y blogs. Las garantías son nulas, pero el gobierno se empecina en
dar vuelta las cosas.
Mientras en la camaradería del MERCOSUR
se repudia el espionaje de EEUU, mientras se discute entre todos los partidos
para lograr un consenso en post de crear un marco legal, aquí sin garantías se
invierte dinero para controlar los ciudadanos y en secreto. Pero estas precisiones no solo la hacemos
nosotros, sino que también la hace la justicia, el Fiscal de la Corte se enteró
por la prensa de esta nueva adquisición y advirtió “que los fiscales, así
también como los magistrados, necesitan ser capacitados de cara al uso de la
nueva herramienta informática y, a su vez, contar con todas las garantías para
evitar desvíos.
Si ocurre un desvío en la función del
policía o se cae en la tentación de buscar más allá de lo permitido no le sirve
a nadie, por lo que a todos los operadores les interesa que el sistema ofrezca
garantías". No repudiamos el hecho de que con los nuevos desafíos del
mundo moderno (crimen organizado, narcotráfico, violencia desmedida) el Estado
cuente con nuevas tecnologías para poder combatirlos, pero si discrepamos en
que esto se haga sin dar las debidas garantías consagradas en la constitución a
todos los ciudadanos.
Si el gobierno puede controlar ¿quién
controla al controlador? ¿Qué tanto quieren saber?
(*) Representante Nacional por el
Departamento de Soriano. (Vamos Uruguay – Partido Colorado)
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