Hace
un tiempo, sucedió esto en el Brasil, el Presidente Collor De Melo fue separado
de su cargo debido a una muy importante investigación sobre temas económicos y
financieros. Algún año después, y antes que finalizara su mandato, el
Presidente Alfonsín se retiró del gobierno y accedió el Presidente electo
Menem. Más tarde, como consecuencia de desórdenes en los supermercados y
saqueos en distintas áreas de los que la televisión tenía tanto conocimiento
que llegaba al lugar de los hechos antes de los que organizaban el saqueo, el
Presidente De La Rúa se vio obligado a renunciar. Fue nombrado Presidente el
Sr. Rodríguez Saa, que fue a su vez desplazado de su cargo, luego de haber
anunciado con el festejo de todo el Parlamento que la Argentina no iba a pagar
su deuda, situación que aún mantiene, siendo sustituido por varios Presidentes
en un corto lapso hasta que fue nombrado como tal el Dr. Duhalde.
En el Paraguay el
Presidente Cubas también fue separado de su cargo y poco después el Presidente
de Bolivia, Sánchez de Lozada, se vio obligado a renunciar porque se creo una
situación social bien organizada que hizo insostenible su presencia en el
gobierno al que había sido democráticamente electo.
Todos estos
acontecimientos se desarrollaron en el ámbito de las decisiones políticas de
los respectivos países y a ninguno de los integrantes del Mercosur o de la
Unasur o de lo que fuera, se le ocurrió indicar conductas a cada uno de los
países en donde se producían estos tremendos cambios institucionales.
¿Por qué es que
habiendo actuado así estos países frente a todos estos hechos es que en la
situación del Paraguay de hoy, donde el Presidente Lugo, de acuerdo a lo que
establece la Constitución paraguaya, se le hace un procedimiento para separarlo
de su cargo que cuenta con el voto de todos los Diputados paraguayos, salvo
uno, y con 39 Senadores a favor y 4 en contra, por qué es que Presidentes y
Gobiernos de otras naciones se creen con derecho a decirle al Paraguay lo que
debe hacer? Todos estos señores Presidentes de Uruguay, Argentina, Brasil,
Venezuela, que protestan permanentemente contra las actitudes imperialistas de
países a quienes califican de potencias que intervienen en la vida de los
pueblos sin derecho a hacerlo, por qué es que ahora eligen el camino que tanto
repudian y pretenden decirle al Paraguay lo que el Paraguay tiene que hacer?
¿Con qué fundamento
moral y jurídico les dicen a los parlamentarios paraguayos como deben
conducirse? ¿Con qué derecho pretenden marginarlo de organizaciones
internacionales de las que es fundador, como en el caso del Mercosur?
El Tratado de
Asunción, que la Argentina viola permanentemente, es un Tratado que debe
respetar no solamente su texto por parte de los integrantes sino
fundamentalmente el sustento jurídico de carácter constitucional que ordena la
vida de cada uno de sus miembros. Será el pueblo paraguayo en la próxima
elección del 2013 cuando el Sr. Lugo se presente como candidato si así lo
decide, quien resolverá si el Parlamento Paraguayo, libremente electo, actuó
debidamente. Mientras tanto el Ex Presidente Lugo, goza de plena libertad. Lo
vemos aparecer todos los días en la televisión, tratando de defender una causa
que él mismo reconoció que la acataría por que se había realizado respetando
las normas constitucionales vigentes.
Terminemos pues con
este intento de intervención en la vida institucional del Paraguay por parte de
países que no tienen derecho a hacerlo y que en forma reiterada y permanente
hablan de la libertad de los pueblos para elegir su destino y que nadie puede
introducirse desde afuera en las decisiones soberanas de las naciones.
(*) Abogado. Ex presidente
de la República (2000-2005)
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La CIDH también estableció que: "El derecho de toda persona a ser oído por un juez o tribunal competente para la determinación de sus
derechos -art. 8º, Convención Americana de Derechos Humanos- refiere a cualquier autoridad pública de los
Estados Partes -sea administrativa, legislativa o judicial- que a través de sus resoluciones determine derechos y
obligaciones de las personas -en la especie, el Congreso peruano, en cuanto destituyó magistrados
pertenecientes al Tribunal Constitucional tras un juicio político-, la que debe adecuar sus decisiones a la
garantía del debido proceso legal." Espero haber sido de utilidad.
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