Yo firmo.

Por Antonio Mercader (*)

El plebiscito para bajar la edad de imputabilidad amenaza convertirse en la primera expresión de rechazo popular al gobierno del Frente Amplio. Por eso, la izquierda gobernante, que nunca enfrentó una consulta directa sobre un aspecto de su gestión, está nerviosa. Una izquierda que usó y abusó de las consultas populares para llegar al poder va en camino de probar su propia medicina. Y le duele, porque esta no se la esperaban.

"Los partidos tradicionales en la oposición nunca tendrán la capacidad de movilizar a la población para enfrentar al gobierno por la vía plebiscitaria", pronosticó tiempo atrás la hoy senadora Constanza Moreira en su condición de politóloga. Un vaticinio osado que se viene abajo cuando la gente se desmoña por firmar para que el Frente Amplio haga algo en materia de seguridad pública.

Asistimos así al derrumbe del mito según el cual los instrumentos de democracia directa son propiedad de la izquierda. En el pasado, esa izquierda los utilizó con los objetivos más variados, la mayor parte de las veces sin razón, pero con la finalidad de dinamizar a la gente y permitirle asentar su protesta, que esa, la potestad de protestar ante el poder, es la primera función de las consultas directas al menos en nuestro país.

Justamente, el auge de la delincuencia ofrece sobrados motivos para protestar. La instancia de voto popular adverso que Vázquez y sus ministros del Interior se hubieran merecido por sus errores y omisiones se alza ahora ante Mujica.

El oficialismo y toda su red de organizaciones asociadas intentan parar la mano de los firmantes con lemas tan ridículos como el que sostiene que el plebiscito "criminaliza a los niños". Difícil que lo consigan con tales argumentos.

Que la idea del plebiscito es acertada lo demuestra la prontitud con que el Parlamento viene reaccionando ante la recolección de firmas. Medidas que el Frente Amplio ponía en el congelador alegando una vez más que debían ser motivo de la consabida "amplia y participativa discusión", van en vías de aprobarse a toda velocidad. Y hay hechos: se redoblan las guardias en el INAU para impedir las fugas y se ordenan espectaculares operativos policiales de tipo preventivo.

Todo lo cual es un avance que debería mover a reflexión a quienes se dicen opositores al gobierno, pero tienen reparos sobre la conveniencia del plebiscito. Con esa actitud no sólo contrarían la voluntad mayoritaria sino que desperdician una oportunidad única de probarle a los oficialistas que no son omnipotentes ni tienen el futuro comprado. Es hora de mandarles el aviso de que no siempre tendrán la sartén por el mango y que la rotación en el poder es regla en toda democracia.

Otro aspecto sugestivo de esta iniciativa popular propulsada por el partido Colorado es que recluta el apoyo de votantes del partido Nacional. Esa confluencia puede alfombrar el camino para otras acciones concertadas, la más relevante de las cuales sería formar un frente común para vencer al Frente Amplio en las próximas elecciones. Por todo eso, y sin siquiera entrar a discutir el fondo del tema de la imputabilidad, yo firmo.

(*) Ex ministro de Educación y Cultura. Columnista del diario El País.