El SEMANARIO RECONQUISTA es el órgano de prensa de la Agrupación Reconquista del Partido Colorado, fundado por Honorio Barrios Tassano y Carlos Flores. Director Prof. Gustavo Toledo.

martes, 26 de abril de 2011

Lanzan campaña conjunta: "Para vivir en paz, yo firmo".

Crean una comisión nacional para el plebiscito.
Un taxista, un almacenero y un conductor de ómnibus (en representación de los sectores más vulnerables a la acción delictiva), junto a un miembro de la asociación de familiares de víctimas y dos delegados políticos, conformarán el jueves 28 la Comisión Nacional por la Seguridad que se encargará de coordinar la recolección de firmas con que sectores políticos y sociales buscan habilitar una consulta popular para bajar a 16 años la edad de imputabilidad de los menores en conflicto con la ley.
No para sumarlo a la Comisión sino para incorporarlo a la campaña de recolección de firmas como figura principal ya ha habido conversaciones informales con el senador frenteamplista Jorge Saravia, quien en forma pública ha manifestado su disposición a apoyar esta iniciativa de reforma constitucional.
La integración de esta Comisión Nacional "no ha sido al azar", explicó a El País el diputado nacionalista Gustavo Borsari, quien será delegado partidario de ese grupo junto con el colorado Germán Cardozo. "Hemos querido conformar una comisión muy abarcativa, sobre todo despolitizada e integrada con representantes de los sectores sociales más afectados por la falta de seguridad y especialmente por los menores infractores", indicó el legislador.
Los líderes del Partido Colorado Pedro Bordaberry y del Partido Nacional Luis Alberto Lacalle, así como el senador Luis Alberto Heber y los diputados Borsari y CardoZo se reunieron ayer para ultimar los detalles de la organización.
Antes de Semana Santa, Lacalle (Unidad Nacional) había anunciado que se sumaría a la campaña colorada que busca juntar 250 mil firmas para plebiscitar la baja de la edad de imputabilidad junto a las elecciones nacionales de 2014.
Durante el encuentro de ayer, Lacalle agradeció a los colorados por haber reconocido que el Herrerismo viene insistiendo desde hace años con la necesidad de tomar medidas más drásticas con los jóvenes infractores.
ESLOGAN. "Para vivir en paz, yo firmo", será el eslogan que el próximo jueves utilizarán los liderados por Pedro Bordaberry (Partido Colorado) y por Luis Alberto Lacalle (Partido Nacional) para lanzar la Comisión Nacional que se encargará de seguir juntando firmas para bajar la edad de imputabilidad. La decisión fue adoptada ayer en una reunión de la que participaron Bordaberry, Lacalle, Luis Alberto Heber (Unidad Nacional) y Germán Cardoso (Vamos Uruguay).
Antes de Semana Santa, Lacalle (Unidad Nacional) había anunciado que se sumaría a la campaña colorada que busca juntar 250 mil firmas para plebiscitar la baja de la edad de imputabilidad junto a las elecciones nacionales de 2014.
Esta Comisión tendrá una sede propia en Montevideo desde donde, entre otras tareas, se enviarán y recibirán las papeletas con las firmas.
La Comisión "ayudará a desprender a los sectores políticos de la recolección propiamente dicha", indicó Borsari a El País.
Los partidos piensan que sobre fines de este año habrán alcanzado la cifra de 500.000 firmas, que duplican las necesarias para convocar a un pronunciamiento ciudadano sobre la baja de la edad de imputabilidad y otras normas contra la delincuencia juvenil.
En el plano político, el Frente Amplio -con excepción del senador Saravia- se ha opuesto a la recolección de firmas, lo mismo que el Partido Independiente y el sector blanco de Alianza Nacional.
ACLARACIÓN. El ejecutivo colorado aclaró este lunes 25 que la reforma propuesta hace penalmente responsable sólo a los menores de 16 años que cometan delitos como homicidio, secuestro, rapiña, copamiento y violación, y que con respecto a las personas de entre 16 y 18 años el juez penal podrá considerar como eximente o atenuante de su responsabilidad penal la ausencia de madurez o discernimiento suficientes.
Además, el ejecutivo colorado indicó que el texto propuesto mantiene diferencias entre el régimen aplicable a las personas de 16 a 18 años y el derecho penal común, por lo que no viola las normas internacionales que Uruguay se ha obligado a cumplir.

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