Por Dr. Ope Pasquet (*)Las recientes declaraciones del Dr. Leslie Van Rompaey, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que las mayorías carecen de autoridad para decidir legítimamente en materia de derechos humanos –palabra más, palabra menos, ese es el concepto- han levantado polvareda.
Si lo que el distinguido magistrado afirma es que la Suprema Corte de Justicia puede declarar inconstitucionales las leyes que a su juicio restrinjan indebidamente los derechos humanos, aunque hayan sido ratificadas por el Cuerpo Electoral, sólo cabe comentar que se quedó corto. En el Uruguay se acepta pacíficamente que la Suprema Corte declare inconstitucional cualquier ley, haya sido ratificada o no por el Cuerpo Electoral y se refiera a los derechos humanos o a cualquier otra materia.
Pero si lo que se está diciendo es que una ley puede derogar retroactivamente otra ley expresamente confirmada por el Cuerpo Electoral en vía de referéndum, se está ingresando a otro terreno, mucho más polémico. Mientras algunos constitucionalistas sostienen que es posible hacerlo, otros lo niegan. Yo no soy constitucionalista, pero como simple ciudadano digo que no entiendo cómo lo resuelto por el órgano superior –el Cuerpo Electoral- puede ser revisado por el inferior –el Parlamento-; y de que aquél es institucionalmente superior a éste no puede haber dudas, porque el recurso de referéndum se interpone ante el Cuerpo Electoral para dejar sin efecto una ley sancionada por el Parlamento. El Cuerpo Electoral –el órgano más próximo a la nación- es el mandante; los legisladores son sus mandatarios. Se subvierte toda la teoría democrática si se postula que los representantes del soberano pueden enmendarle la plana al soberano mismo.
Debe destacarse que las declaraciones del Dr. Van Rompaey no fueron formuladas en un ateneo jurídico, sino en el marco de un debate político partidario en el que uno de los bandos, el oficialista y mayoritario, esgrime paradójicamente el argumento de que “las mayorías no siempre tienen razón”, para imponer su mayoría en el Parlamento dejando sin efecto, retroactivamente, una ley que en su día fue confirmada expresamente por la mayoría del Cuerpo Electoral. En el contexto político en el que el presidente de la Suprema Corte decidió insertar sus manifestaciones, pues, estas equivalen a un alineamiento con el oficialismo, a favor de la mayoría parlamentaria y en contra de la mayoría popular.
El ciudadano Van Rompaey tiene derecho a alinearse con quien quiera, obviamente, pero el juez Van Rompaey no debió hacerlo. Mientras siga en la Corte –hasta el próximo mes de febrero-, tenemos derecho a esperar de él que siga actuando como siempre lo hizo. Estos coqueteos de última hora con el oficialismo no están a la altura de su carrera en el Poder Judicial, que todos respetamos.
(*) Abogado. Senador de la República. Secretario general del Partido Colorado
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