La oposición responsabilizó a Argentina por generar el clima en la cumbre del G20 para que el presidente francés, Nicolas Sarkozy, ubicara a Uruguay en el grupo de países considerados "paraísos fiscales".
Así se pronunció ayer el senador blanco Luis Alberto Lacalle (UNA) y el colorado Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay), que vincularon la acusación de Sarkozy a las presiones del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para que Uruguay libere información tributaria de argentinos con propiedades en el país.
La crisis diplomática que desataron las afirmaciones del presidente francés tiene su origen en un planteo de Argentina ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), dijo Bordaberry.
La OCDE mantiene a Uruguay en la "lista gris" de países que deben implementar medidas para mejorar la transparencia de su sistema tributario.
Para que Uruguay salga de la "lista gris" de la OCDE debe firmar al menos 12 acuerdos de cooperación tributaria con países que integran esa organización. Hasta el momento Uruguay tiene cinco acuerdos vigentes (con Francia, Alemania, Hungría, México y España), dos firmados pero pendiente de ratificación parlamentaria (Portugal y Suiza) y otros en etapa de negociación con distintos grados de avances: Bélgica, Liechtenstein, Corea, Malta, Finlandia y Canadá.
En el cierre de la cumbre del G20 el viernes 4 en Cannes, Sarkozy afirmó que "hay países que siguen siendo paraísos fiscales" y leyó una lista en la que se incluyó a Uruguay. Además aseguró que esos países "serán apartados de la comunidad internacional".
El gobierno reaccionó de inmediato y como gesto de protesta el presidente José Mujica llamó en consulta al embajador uruguayo en París, Omar Mesa, que llega hoy domingo sobre el mediodía a Montevideo. Además, el canciller Luis Almagro en la misma noche del viernes entregó una queja formal al encargado de negocios de la embajada francesa en Uruguay, Stephane Toulet, quien esa misma noche la elevó a la Cancillería de su país. Para mañana lunes se espera la llegada a Uruguay del embajador francés, Jean Christophe Potton.
De la cumbre del G20 participaron Argentina y Brasil. Pero la mirada de los principales líderes de la oposición se volcó hacia el gobierno de la presidenta Cristina Fernández, por una denuncia que realizó ante la OCDE contra Uruguay.
Lacalle dijo ayer a El País que lo que sucedió "es parte del daño que se le ha hecho a Uruguay por parte de Argentina, por los planteos realizados hacia nuestro sistema fiscal".
Lacalle aseguró que "el clima que se viene generando para esto surge a partir del primer interesado, que es Argentina. El Uruguay tiene que tener todos los frentes cubiertos y por eso necesitamos una Cancillería experta", remarcó.
"La modalidad con que se dirige el presidente de Francia al Uruguay y a otros países pequeños es original, pero negativa, para atacarlos fuera de norma en materia protocolar y diplomática. Estoy seguro que estas palabras no las usó cuando andaban atrás de Gadafi en Libia, interesados en su petróleo, y nos las usó con Siria. Hay una gran hipocresía detrás de todo esto", afirmó Lacalle.
"Tenemos tratados de inversión que los gobiernos del FA se han apresurado a aflojar demasiado rápido, pero en estos ataques estamos junto al gobierno de nuestro país y no tenemos ninguna vacilación que vamos a estar junto al interés nacional", sostuvo Lacalle.
Bordaberry, en tanto, fue más categórico al afirmar que "esto surgió por una denuncia de Argentina en la OCDE contra Uruguay", y consideró "muy preocupante" la situación.
Bordaberry señaló que el gobierno "hizo bien" al llamar al embajador Mesa en consulta. Pero "tiene que ir un paso más allá", estimo. En ese sentido recomendó hablar con Argentina, porque "es el que está detrás de todo esto". El líder colorado insistió sobre la responsabilidad de Argentina y señaló que "no cumple con una cantidad de cosas, pero nos lleva el asunto a la OCDE".
"Obviamente Argentina está haciendo esto contra intereses de Uruguay", concluyó.
Ayer, la Convención del Partido Colorado, que sesionó en Canelones, rechazó por "impertinentes" las afirmaciones de Sarkozy, realizadas en un lenguaje de "talante colonialista y autoritario", dice la declaración aprobada.
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