Parecería impensable que haya educadores, que por serlo tienen que tener espíritu de cambio, para estar acompasados con el tiempo y por lo tanto con la evolución de la sociedad, para poder formar a los educandos para el hoy y el mañana, se presenten casi sistemáticamente como opositores a todos los cambios.
Cuando en los años sesenta, se planteó una reforma de la educación, denominada Plan 63, a la que se llegó después de estudiar en profundidad planes, métodos y programas, los sindicatos de la enseñanza se opusieron tenazmente aún desde el momento en que se implantó en apenas unos cuantos liceos, denominados “pilotos” y mucho más cuando la reforma se generalizó en los años posteriores.
Se opusieron a la nueva Ley General de Educación, del año 1971, elaborada por un gobierno democrático, por el solo motivo de que ese gobierno no era marxista ni tupamaro.
En la década del 90 se comienza a aplicar la que, a nuestro juicio, ha sido hasta el presente la reforma más seria, más profunda y más estudiada, la que se llamó “Reforma Rama” en referencia a quien había sido el principal redactor e impulsor de la misma. Los sindicatos de docentes se opusieron tenazmente a la misma y hasta lograron que el Frente Amplio cuando llegó al gobierno elaborara un mamarracho de Reforma Educativa, que de tan mala ni se ha aplicado.
Hoy día es tan desastrosa la situación de la educación en el País, que desde todos los sectores políticos y sociales, incluido el propio Frente Amplio en el poder, se ve como imprescindible una Reforma de la Educación, profunda y adaptada al mundo que vivimos.
Bastó que el organismo superior de la educación primaria y media (CODICEN), planteara una tímida modificación de la estructura actual, para que los sindicatos, especialmente el de la enseñanza media, alzaran su voz contra el proyecto de cambio, tomando medidas de tal naturaleza, como la de ocupar locales, realizar paros, e impedir la marcha de la administración.
Pensamos que los sindicatos tienen el derecho constitucional de defender los intereses de los asociados, pero no de intervenir en la política educativa, que debe estar en manos de los organismos de administración designados por el gobierno de la República, que es el que tiene, por decisión de la ciudadanía, la potestad de establecer las políticas educativas del estado.
Es necesario además señalar, que los tales sindicatos, lejos están de representar a la mayoría de los docentes. La prueba de ello, es que cuando la cúpula de los mismos dispone medidas de fuerza, llámense paros o huelgas, el acatamiento a las mismas es sólo mínimo y se da el caso de que hasta los afiliados al sindicato concurren a trabajar.
De ahí que podemos felizmente observar, que sólo estas minorías recalcitrantes y regimentadas, son las únicas que provocan estas situaciones anormales, a los cuales podemos calificar como de docentes conservadores y por lo tanto opuestos al cambio y nada progresistas.
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