Por Dr. Pedro Bordaberry (*)
“Entre tanta oscuridad por fin surgió un rayo de luz” me dijo mi amigo Domingo el Viernes. Acabábamos de analizar la estrategia del Ministro de Economía Fernando Lorenzo sobre el lío de la OCDE, el G20 y Sarkozy.
No pude más que coincidir.
Escuchar al Ministro Lorenzo fue una tranquilidad ante tanto desatino.
El Canciller Almagro no paró de cometer errores en la semana. El último fue expresar que ante las palabras del vocero del Ministro de Relaciones Exteriores de Francia el tema se había solucionado.
El Presidente de Francia nos acusó de ser un paraíso fiscal y nos amenazó con radiarnos de la comunidad internacional.
Ante la queja de nuestro país, un funcionario de tercera categoría aclaró que Sarkozy no había hablado en nombre de Francia sino del G20.
Entonces Almagro dijo ¡el asunto está solucionado porque Sarkozy no había hablado en nombre de Francia sino que lo hizo en nombre de Francia, Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Méjico, etc!
A ello se sumó el pedido que llegó desde la Presidencia a los partidos de la oposición: no culpemos a Argentina porque se viene la temporada turística.
Es decir, no digamos que fue Argentina quien junto con Brasil en el Comité de la OCDE incluyó a Uruguay en la lista de paraísos fiscales, pese a que fue quien nos incluyó. ¡No lo digamos porque los argentinos se pueden ofender y no venir a veranear al Uruguay!
De ahí el alivio de escuchar al Ministro de Economía decir cosas sensatas pero sobre todo prestarle atención a lo principal y no a lo accesorio.
A mi juicio el tema es claro: Argentina y Brasil utilizan la OCDE para que Uruguay les dé información sobre las inversiones de sus ciudadanos en el Uruguay.
¿Para qué quieren que Uruguay les dé información?
Para ponerles impuestos sobre los bienes que puedan tener en nuestro país.
Uruguay, desde hace mucho tiempo, sostiene que la riqueza que está en el Uruguay debe pagar impuestos en el Uruguay y no en otro país. Es decir que si un extranjero compra una casa aquí, tiene un depósito en un banco, instala una industria, explota un campo o lo que sea, esa riqueza paga el impuesto en el Uruguay. No en el país de origen.
¿Por qué? Sencillamente porque está en el Uruguay y por ende el país tiene derecho por un tema de soberanía.
El motivo por el que no se le da a los otros países información sobre las inversiones de sus nacionales es, justamente, para proteger la soberanía tributaria del país.
Esta es una pelea de más de 300 años entre Europa y las colonias, primero, y entre los países grandes y los pequeños después.
Los países pequeños, como el Uruguay, quieren que la riqueza que se encuentra en ellos pague los impuestos en el país donde está la riqueza, la inversión.
Los países grandes, que tienen mucho capital, quieren que esa riqueza, si pertenece a un nacional de ese país, pague impuestos en el país de origen de la persona.
Es la lucha entre ponerle impuestos a la fuente de la riqueza o gravar la persona.
Que viene a ser la misma lucha entre las imposiciones de las metrópolis a las colonias (Inglaterra a Estados Unidos, España a América, etc) o de los mal llamados “imperialismos” a los países sub desarrollados.
Con el tiempo los países fuertes cambiaron de argumento. Dijeron que no dar la información era captar capitales ilícitos. De esa forma nos pusieron a la defensiva.
Pero, hace ya mucho tiempo, se encontró la respuesta a esto en lo que se llamó el “tax credit”: los tratados para evitar la doble imposición.
Esto es, los países exportadores de capital reconocen que la riqueza paga impuesto en donde se genera (por ejemplo en el Uruguay) por más que su titular sea un nacional de ellos. Los países como Uruguay aceptan dar la información pero condicionado a que se firme un tratado para evitar la doble imposición.
Esto no es nuevo. Tenemos desde hace muchos años un tratado de este tipo con Hungría, desde 1987 uno con Alemania, y unilateralmente Estados Unidos reconoce un “tax credit” a sus nacionales cuando invierten en el Uruguay.
Esa es la sensata posición del Ministro de Economía.
La misma que solicitamos hace un año en el Parlamento cuando la mayoría oficialista aprobó un Tratado de información con Francia sin exigir un convenio para evitar la doble imposición.
Sí, hace un año le dimos a Francia ese beneficio, y hoy nos acusa. Injusto ¿no?
Creo que Uruguay no debe ahora negociar bilateralmente con país alguno. Tiene que ir al G20, a la OCDE, y ofrecer dar la información a cualquier país que la solicite. Pero condicionado, siempre, a la firma de un Tratado para evitar la doble imposición.
Ahí veremos si vienen por la información o, como hace 300 años, por la riqueza que se genera en el país.
(*) Abogado. Senador de la República. Líder de Vamos Uruguay
No hay comentarios:
Publicar un comentario