Por Dr. Ope Pasquet (*)En declaraciones a la prensa, el presidente Mujica dijo que “hay que arreglar esto [refiriéndose a las demandas de la OCDE de que Uruguay suscriba acuerdos de intercambio de información fiscal con sus “socios relevantes”, es decir, Brasil y Argentina] como parte de un paquete donde esté el tema de información a cambio de cuotas de productos” (Búsqueda del 10 de noviembre).
A criterio del presidente, pues, Uruguay tendría que poner su información tributaria –esa que hasta hoy está protegida por un régimen legal de secreto- a disposición de sus vecinos. A cambio, ellos nos permitirían acceder “a distintos mercados que hoy están restringidos (...) como forma de compensar las fugas de capitales que podría sufrir el país” (fuente citada).
La propuesta presidencial nos parece profundamente equivocada.
En primer lugar, porque quienes radicaron sus capitales en Uruguay cumpliendo con nuestras leyes, se sometieron al imperio de estas y al mismo tiempo se pusieron bajo su protección. Confiaron en el Uruguay; en sus leyes, en sus instituciones y en su gobierno. Un país serio y responsable no les puede decir ahora que esa confianza será defraudada, porque por un lado nos presionan para que lo hagamos y por otro podemos obtener beneficios si lo hacemos. Si procediéramos así estaríamos vendiendo la confianza depositada en nosotros y, de esa manera, nos estaríamos faltando el respeto a nosotros mismos.
Esta primera objeción, de carácter moral, podría salvarse si se estableciera que sólo se entregará la información que se obtenga a partir del cambio del régimen vigente. Si los acuerdos de intercambio de información con los vecinos no tienen alcance retroactivo, quienes en el futuro vengan a invertir o ahorrar en el Uruguay –queremos creer que algunos habrá que lo hagan- sabrán de antemano a lo que se exponen y no podrán decir que fueron sorprendidos en su buena fe.
Pero aun partiendo de la base de que los acuerdos a los que se llegue no sean retroactivos, la propuesta de “información por comercio” nos sigue pareciendo inconveniente y más aún, gravemente perjudicial para el Uruguay.
De acuerdo con el artículo primero del Tratado de Asunción, constitutivo del MERCOSUR, este implica “La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente”.
Es la misma existencia del MERCOSUR, pues, la que nos da derecho a acceder, con nuestros bienes y servicios, a los mercados de los demás socios, así como pueden ellos acceder al nuestro. Entre 1995 y 2010, el intercambio comercial con los socios mercosureños le significó a Uruguay un déficit acumulado de U$S 12.000.000.000 (doce mil millones de dólares). Todos los años pagamos, pues, para ser socios del MERCOSUR. Que no se nos diga que además tenemos que entregar información tributaria para poder exportar a Argentina y a Brasil.
Es cierto que una cosa es la teoría del MERCOSUR y otra, muy distinta, su realidad. La teoría habla de comercio libre entre los miembros del bloque y la realidad informa de trabas de todo tipo a ese comercio. Frente a estos problemas, lo que corresponde es exigir que se respete y cumpla lo acordado, o sincerarnos y liberarnos recíprocamente de los compromisos que no se quiere o no se puede cumplir.
Lo que no se debe hacer es mantener la vigencia aparente de las normas, aceptar que de hecho no se cumplan y ofrecer nuevas concesiones para obtener lo que ya hoy nos corresponde por derecho. De esta manera lo que se logra es cohonestar los incumplimientos, alentar a los incumplidores, corromper definitivamente lo que quede del espíritu del MERCOSUR y dejar por el camino, hecho jirones, el interés nacional.
(*) Abogado. Senador de la República. Secretario General del Partido Colorado
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