Por Dr. Daniel Bianchi (*)Luego de varios fracasos en su intento por eliminar del sistema jurídico uruguayo la Ley de Caducidad -una norma que combatió sin éxito desde que surgió- a las 2:14 horas del jueves 27 de octubre, con su sola voluntad en la Cámara de Representantes el partido de gobierno transformó en ley, por 50 votos en 91 legisladores presentes, el texto que declara a los delitos de la dictadura como crímenes de lesa humanidad y establece la imprescriptibilidad de los mismos.
El proyecto, que ya contaba con media sanción del Senado, fue promulgado por el Poder Ejecutivo apenas horas más tarde.
Como era previsible, el debate, iniciado a las 14 horas del miércoles 26, lejos estuvo de aportar datos complementarios a los manejados hasta la fecha, ni diferentes a aquellos a los que apelaron los legisladores en mayo de 2010, cuando fracasó el proyecto de anulación de la Ley de Caducidad.
Senadores y diputados opositores criticaron la postura oficialista de desconocer dos pronunciamientos populares sobre el tema, esto es, el referéndum de 1989 y el plebiscito de 2009, cuando la mayoría del pueblo uruguayo ratificó la ley, vigente desde 1986.
Las jornadas en ambas Cámaras constituyeron un antes y un después en la historia de nuestro país acerca del respeto a la Democracia y a los pronunciamientos ciudadanos, ya que nunca, ningún gobierno -ni siquiera el gobierno de facto en 1980- desconoció el resultado de una consulta popular.
En puridad, el texto restablece parcialmente la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos durante la dictadura (1973-1985), los declara de lesa humanidad y elimina las restricciones impuestas por la Ley de Caducidad. El oficialismo argumentó que, con la redacción dada, se apunta a respetar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que considera a los crímenes como de lesa humanidad, contrariamente a lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) debido a que esa figura legal no existía en el marco normativo uruguayo cuando los delitos fueron cometidos. La SCJ los considera como homicidios muy especialmente agravados y, consecuentemente, habrían prescripto el pasado martes 1° de noviembre.
De tal manera, la nueva ley se aprueba al filo del plazo de prescripción, una vez que el Frente Amplio explorara varias alternativas (referéndum de 1989, plebiscito de 2009 y el proyecto interpretativo de mayo de 2011), todas las cuales naufragaron.
Pero existe un riesgo: que la SCJ declare a la nueva ley violatoria de la Constitución por atentar contra la retroactividad de la ley penal, ya que el nuevo precepto deberá superar la revisión de la Justicia.
"Alguna decisión tendrá que haber por parte de la SCJ y estaremos a lo que ella decida", sostuvo José Mujica con meridiana claridad. Pero, la pregunta es: ¿quién confía en la palabra del Presidente? Porque de igual forma, el 19 de noviembre de 2009 -entre la primera vuelta de la Elección Nacional y el balotaje, ya conocido el resultado del plebiscito- había señalado en Canal 12: “Laudó el soberano y chau: se acata. El gobierno que viene tiene que acatar estrictamente esa decisión. Y le digo más; si tenemos eventualmente una mayoría parlamentaria, eso no legitima que se pueda enmendar la plana a una decisión que tomó la gente. Yo no le corrijo la plana al pueblo”. Minutos después, el ahora vicepresidente, Danilo Astori, agregaba por su parte: “El resultado del plebiscito obviamente debe ser acatado, porque es el juicio del soberano”.
Curiosa forma de mostrar cordura y de transmitir confianza: decir una cosa y hacer la contraria. El resultado no es otro que el descrédito.
El partido de gobierno -que a hurtadillas admite las ilegalidades de esta ley, permítasenos la paradoja- sin dudas deberá pagar el alto costo político que significa desconocer dos consultas populares amparado en una mayoría ocasional y dictar una ley que contraviene la Constitución y que, además, aplica la ley en forma retroactiva, algo absolutamente a contrapelo del sistema jurídico.
A partir de ahora, le será difícil al Frente Amplio impulsar nuevas consultas ciudadanas, ya que esta herramienta ha sido bastardeada por quienes más la han utilizado.
Lo triste del caso es que los efectos derivados de la ley son precarios, y difícilmente consiga algunos de los efectos pretendidos.
Triste final.
Oscuro comienzo.
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