El SEMANARIO RECONQUISTA es el órgano de prensa de la Agrupación Reconquista del Partido Colorado, fundado por Honorio Barrios Tassano y Carlos Flores. Director Prof. Gustavo Toledo.

martes, 24 de julio de 2012

Una auditoría detectó irregularidades en el contrato por el dragado del Río de La Plata

Coimas por el dragado

El análisis que realizó el Tribunal de Cuentas del Uruguay afirma que la Argentina demoró el proceso para favorecer la extensión del contrato con la holandesa Riovía.Tras el escándalo suscitado hace dos meses por las declaraciones del embajador itinerante de Uruguay, Julio Baraibar, en las que admitió el conocimiento de la cancillería uruguaya, desde hacía dos años, sobre el intento de soborno de un operador privado argentino al presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), Francisco Bustillo, para que favoreciera la continuidad de la empresa holandesa Riovía, encargada del mantenimiento del canal Martin García, se conoció hoy el análisis de las actas de la CARP que hizo el Tribunal de Cuentas del Uruguay (TCU), en las que se desprenden dos temas como los más importantes: que las constantes demoras de Argentina para encarar un proceso licitatorio para el dragado favoreció a Riovía; y señala dudas sobre la regularidad de los procedimientos para extender el contrato a la empresa holandesa.

Dos funcionarios del TCU pudieron acceder a indagar en las actas de la CARP, caratuladas por la cancillería uruguaya como confidenciales (la reserva llegó inclusive a algunos parlamentarios a quienes no se les permitió verlas), y parte del informe apareció hoy en El País y Ultimas Noticias.

En este diario, luego de brindar en detalle (con fechas incluidas) el proceso de las negociaciones de ambas delegaciones que derivó en la ampliación del contrato a la empresa Riovía, iniciado en junio de 2010 cuando ambos gobiernos resolvieron avanzar en la profundización del canal Martín García, se menciona que en julio de 2011 la delegación uruguaya dejó constancia que se pidió por parte de Argentina una postergación del inicio de las negociaciones para renovar el contrato con Riovía.

No soslaya que Bustillo, también dejó constancia que el 20 de agosto del año pasado era la fecha acordada entre ambas delegaciones para tener terminadas las negociaciones porque, de lo contrario, la concesionaria tendría un posición más ventajosa para discutir el precio.

Según el matutino, Riovía a esa altura ya había presentado sus pretensiones; en tanto que Bustillo expresó al TCU que delegación argentina tenía intereses y que, no avanzar en el tema de la nueva licitación del Martín García, favorecía al canal Emilio Mitre, que es el de acceso al puerto de Buenos Aires.

Para el TCU las delegaciones de Uruguay y Argentina manejan tiempos distintos, y asegura que la actitud argentina para dilatar la concreción de la licitación del dragado del Martin García, incidió en forma directa en que se llegara al final del plazo contractual con RíoVía S.A en condiciones desfavorables (dice en concreto que se dejaron de adoptar medidas para mejorar la negociación con la empresa holandesa; y que se impidió también la posibilidad de ir a un concurso de precios, lo que habría permitido obtener ofertas comparativas), pese a que la delegación uruguaya lo había advertido, lo que derivó en la renovación del contrato de la empresa, que desde hace dos décadas se encarga del mantenimiento del canal.

La auditoría del TCU hace además mención al presunto intento de Soborno a Bustillo - el que sacó a la luz Baraibar, un hombre de extrema confianza del presidente José Mujica- en una reunión a la que fue citado por el entonces vicecanciller argentino Roberto García Moritán.

Según lo que publicó El País, Bustillo, quien ese momento fungía como embajador uruguayo en Argentina, "la conversación tomó un giro que no me gustó", al manifestarle su interlocutor que tenía buenos contactos con Riovía y "que sabía por comentarios que la empresa había ofrecido en otras oportunidades sumas para verse beneficiada, lo que él suponía podía volver a suceder".

Ese encuentro, según Bustillo, tuvo de su parte un abrupto final, cuando García Moritán le informó que había invitado a la reunión a Sergio Cetera, representante comercial de la concesionaria.

De acuerdo a una fuente del TCU consultada por Clarín.com, este organismo, por los temas antes mencionados, es de la idea de que el Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay debería evaluar llevar a cabo acciones legales.

Fuente: Clarín.com

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