Por
Esc. José L. Rapetti Tassano
Entre
los principales problemas que se le presentan a las Intendencias
Departamentales figuran el tránsito y la
custodia de los bienes públicos municipales.
En cuanto a la custodia y
preservación de bienes públicos como edificios con sus fachadas pintarrajeadas,
las calles, plazas, parques y monumentos en buena parte de la Capital uruguaya y
otras ciudades del Interior, es notorio
que la falta de atención a los mismos y la dejadez ha ganado la partida. Los “placeros”, si aún quedan, son superados
por los depredadores, muchos de ellos con gran violencia como con los
transeúntes. Hasta hay cobro de peajes en plazas. Sin autoridad para cumplir
con los mandatos constitucionales y legales, los gobernantes departamentales y
los locales, no solamente dan muestra de permisividad, sino también de
incompetencia para el ejercicio de la función pública.
Lo referente al tránsito no le va en zaga. Sabido es que
el tránsito es MATERIA DEPARTAMENTAL, salvo en las rutas nacionales que compete
al Gobierno Nacional.
A los Gobiernos Departamentales
les corresponde constitucional y legalmente, pero es además natural y obvio que
así sea por ser propio de lo urbano, suburbano y rural inmediato. En cambio,
las rutas nacionales por trascender las circunscripciones departamentales
pertenecen al Gobierno Central a través de dos Ministerios, el de Transporte y
Obras Públicas, y en la prevención y control al Ministerio del Interior.
La actualidad del tránsito en
Departamentos como Maldonado, desborda la capacidad de las vías de tránsito.
Según información recabada en comercios locales se ha llegado a vender casi 150
motos por día. Agréguese los autos cero
kilómetro y se podrá observar que los trazados
y la cantidad de avenidas y calles son insuficientes para que corra esa
enormidad de vehículos. Se nota especialmente en las horas pico con la salida
de las obras en construcción, de los servicios de edificios, de oficinas, de
los escolares y demás que nos deparan a diario en la extendida ciudad
Maldonado-Punta del Este, cantidad de incidentes con consecuencias en bienes y
personas.
Quienes están encomendados y
preparados para custodiar el tránsito
son los inspectores municipales. Sin embargo los controles callejeros han
deparado una serie de agresiones verbales y de hecho que han padecido los
inspectores. En San Carlos han sido atropellados por motociclistas y tomados a
golpes puño por patotas, que vaya a imaginar uno en que estado deberán estar
para semejante atropello contra los trabajadores.
El artículo 306 de la
Constitución de la República establece claramente: “La
fuerza pública prestará su concurso a las Juntas e Intendentes
Municipales y a las Juntas Locales, siempre que lo requieran para el
cumplimiento de sus funciones”.
La colaboración de la Jefatura de Policía de
Maldonado fue acreditada en forma ante autoridades departamentales, en ocasión
de una visita del Ministro del Interior Eduardo Bonomi. Tardíamente se ha
solicitado el apoyo policial para San Carlos, donde se prometió la presencia de
4 funcionarios para los operativos y también, se ha demorado la concreción.
Digamos que ESE APOYO POLICIAL
no tiene que tener una contraprestación en dinero, pues SON FUNCIONARIOS
PÚBLICOS en cumplimiento de uno de los fines del Estado. Para eso es que
existen cuerpos militares y policiales a cargo del Poder Ejecutivo. De otra
parte, tampoco pueden percibir esos funcionarios otra retribución por concepto
de la función pública (ver TOFUP), puesto que los únicos habilitados son los
funcionarios públicos docentes para una doble función y remuneración.
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