¡Viva la democracia!

Por Carlos Flores

En su segundo intento en lo que va de esta legislatura, el parlamento aprobó, con todos los votos del oficialismo y ningún voto de la oposición, la ley que declara imprescriptibles los delitos militares cometidos durante la dictadura y que en los hechos anula la Ley de Caducidad, aprobada en diciembre de 1986 y ratificada en dos oportunidades, mediante consultas directas, por la ciudadanía.

Todo indica que se trata de una instancia más - no la última -, de un penoso y largo proceso que sigue dividiendo a los uruguayos e impide, de alguna manera, afrontar el futuro con consensos políticos, utilizando el dolor de las víctimas y de sus familiares con fines totalmente distintos a la búsqueda de la verdad de los hechos ocurridos. Más bien su efecto es absolutamente contrario; si algún indicio faltaba para corroborarlo, alcanza con escuchar las declaraciones del sancionado Jefe del Estado Mayor de la Defensa José Bonilla, que afirmó que los militares que estaban dispuestos a dar información sobre los hechos de la dictadura después del 1º de noviembre (fecha en que prescribían los delitos), no lo harán por miedo a ir presos, gracias a la ley que el parlamento acaba de aprobar.

Se trata de una instancia más, decimos, porque la promulgación de la imprescriptibilidad recientemente aprobada abre la instalación de nuevos debates acerca de su inconstitucionalidad, exacerba el ánimo de algunos sectores de la sociedad (entre cuyos integrantes hay quienes serán posiblemente imputados al haber sido anulada la Ley de Caducidad) y reabre las heridas del pasado con la necesaria reconsideración pública de la amnistía que fueron objeto los guerrilleros que, tanto como los militares, atentaron contra las instituciones democráticas y cometieron delitos tan graves y de tan lesa humanidad como los que perpetraron ellos.  

En definitiva, no se trata de cerrar una tristísima etapa del pasado de nuestro país, describirla o esclarecerla,  sino por el contrario perpetuarla, revivirla, y por tanto recrearla. ¿Para qué, dirá usted?

Un referéndum para su derogación, luego que la ciudadanía lo habilitara mediante la recolección de firmas impulsada por el Frente Amplio en aquel entonces, hizo que en abril de 1989 un 57 % de los ciudadanos se pronuncie por el mantenimiento de la Ley de Caducidad. Diez años después, junto con las elecciones nacionales de 2009, tuvo lugar un plebiscito para su anulación, impulsado por el PIT-CNT, familiares de detenidos desaparecidos y la FEUU (al que sumó su adhesión finalmente el Frente Amplio en plena campaña) en el que no se alcanzó superar el 50% de los votos requeridos para su anulación.

Dos veces consultado en forma directa mediante un referéndum (en el que el pueblo se expresó a favor de mantener vigente la Ley de Caducidad), y mediante un plebiscito (en el que el pueblo dijo no querer anularla), parecen más que suficientes para ilustrar la voluntad del soberano. Pero las mayorías parlamentarias del oficialismo igualmente se arrogaron el derecho de desconocer ambos pronunciamientos, con el agravante de haber sido infructuosa la primera intentona legislativa de principios de este año, con un proyecto de ley interpretativo que, debido a la disidencia y abandono de sala de un diputado frenteamplista, no prosperó.

El Frente Amplio, finalmente, ha logrado su anulación aprovechando las mayorías parlamentarias circunstanciales que tiene en el Poder Legislativo. Sus legisladores  saben cuál fue la voluntad popular, que se ha expresado dos veces en forma directa y, por lo tanto, se han consagrado antidemócratas.

Ante su atropello ardo, me indigno y grito con toda mi voz

 ¡VIVA LA DEMOCRACIA!