Reconocimiento y desconocimiento.

Por Dr. Ope Pasquet (*)

El gobierno uruguayo reconoce a la Autoridad Palestina que preside Mahmud Abbas, pero no reconoce al gobierno de la República de Honduras que preside Porfirio Lobo. Si existe alguna explicación que permita sostener que hay coherencia entre ambas actitudes de nuestro gobierno, yo la desconozco.

El Sr. Abbas es el presidente de una Autoridad elegida en el año 2005, cuyo mandato venció en enero de 2010; es pues, en rigor,  un gobernante de  facto. Así se  lo recrimina Hamas, la organización terrorista que ganó las elecciones parlamentarias del año 2006 en los territorios palestinos, y que desde junio de 2007 impuso a sangre y fuego su autoridad exclusiva en la franja de Gaza, obligando al presidente Abbas y a la organización política que lo apoya (Al Fatah) a limitar su acción al ámbito de Cisjordania.

En los actuales territorios palestinos, pues (Cisjordania y Gaza), hay hoy dos centros de autoridad, uno personificado por el Sr. Abbas y el otro por el Sr. Ismail Haniyeh, líder de Hamas, que actúan como tales sobre sendos territorios y sus respectivas poblaciones.

Pese a todo,  el gobierno uruguayo ha reconocido, como dije, al gobierno de mandato vencido del Sr. Abbas. Con esta amplitud de criterio, ¿por qué no se reconoce todavía al gobierno hondureño, instalado en enero de 2010?

Cuesta entenderlo. El presidente hondureño Porfirio Lobo fue elegido en noviembre de 2009, en la  fecha prevista por la Constitución de Honduras, en elecciones efectivamente disputadas por los partidos que desde hace un siglo protagonizan la vida política en ese país. Ejerce su autoridad pacíficamente sobre todo el territorio de su nación. Su gobierno es reconocido por Estados Unidos,  la  Unión Europea, Costa Rica, El Salvador (gobernado por el FMLN, recuérdese), Colombia,  Chile y Perú, entre otros estados.

El Canciller Almagro dijo a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, que Uruguay no reconocerá al gobierno de Honduras mientras no se le garantice al ex presidente Manuel Zelaya que puede volver a Honduras sin ser perseguido penalmente por los delitos que se le imputa haber cometido, y se castigue a quienes violaron los derechos humanos durante los seis meses del gobierno de facto del Sr.  Micheletti.

Las dos exigencias referidas son absolutamente  improcedentes y constituyen flagrante intromisión en los asuntos internos hondureños, en cuanto se pretenda hacerlas valer como requisitos previos para reconocer a un gobierno.

En un tema tan delicado como el reconocimiento de gobiernos, Uruguay perdió el rumbo. Se apartó de  los criterios elaborados por juristas de la talla de  Eduardo Jiménez de Aréchaga, y parece guiarse por preferencias ideológicas.

Así no puede haber política exterior de Estado.

(*) Abogado. Senador del Partido Colorado