Por Dr. Ope Pasquet (*)“Al que madruga, Dios lo ayuda”, habrá pensado el Dr. Tabaré Vázquez cuando decidió empezar, a comienzos del 2011, su campaña para las elecciones del 2014.
Al hablar hace unos días en un comité de base del Frente Amplio cercano a su domicilio, y quizás para asegurarse la ayuda divina, el Dr. Vázquez invocó la opinión del papa Benedicto XVI en el sentido de que “No siempre las mayorías tienen que tener la última palabra en una democracia, porque se pueden equivocar...”.
Según el Dr. Vázquez, los dos plebiscitos que hubo en Uruguay acerca de la Ley de Caducidad no tienen valor, porque en cuestiones de esa naturaleza, no importa lo que decida la mayoría. Por eso, exhortó a los legisladores frenteamplistas a votar unánimemente por la anulación de la ley. Palabras más, palabras menos, esos fueron sus conceptos.
Yo no tengo inconveniente en reconocer que la mayoría no siempre tiene razón, pero me parece evidente que en los asuntos públicos nadie tiene más derecho a decidir que ella. Si admitimos el principio de igualdad entre las personas (“nadie es más que nadie”), la única forma racional de dirimir las disputas consiste en contar los votos y estar a lo que la mayoría resuelva.
Por otra parte, ¿quién se siente con derecho a enmendarle la plana a la mayoría? ¿El Congreso del Frente Amplio? ¿La Mesa Política? ¿O será suficiente con la opinión del Dr. Tabaré Vázquez? Este tipo de preguntas es el que suele quedar sin respuesta. Ningún candidato a “iluminado” resiste la crítica racional.
En estos tiempos en que tanto la Suprema Corte de Justicia de nuestro país como la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han pronunciado en contra de la Ley de Caducidad, a los amigos del Dr. Vázquez se les podría ocurrir decir que, en temas de Derechos Humanos, no deben decidir las mayorías, sino la Justicia...
Cabría entonces preguntarles por qué, en ese caso, promovieron el referéndum de 1989, en vez de conformarse con la sentencia de la Suprema Corte que en 1988 se pronunció a favor de la constitucionalidad de la Ley de Caducidad; o por qué promovieron el plebiscito de 2009, para anular la ley, en lugar de sentarse a esperar el fallo de los tribunales.
Sucede que a algunos no les importa realmente lo que quiera la mayoría, ni lo que decidan los jueces, salvo en la medida en que coincida con sus propósitos.
Llamar a los ciudadanos a votar y luego, ante el resultado adverso, decir que su voto no importa, es ser desleal con la democracia y sus instituciones.
No es agradable decirlo, pero es así.
(*) Abogado. Senador de la República.
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