A firmar.

Por Dr. Pedro Bordaberry (*)

Hace casi tres años entregamos al entonces Presidente Vázquez 50 propuestas para mejorar la seguridad en nuestro país. Eran evidentes por entonces las secuelas de las desacertadas medidas tomadas al principio de su gobierno  como la liberación de mil reclusos, la supresión del decreto 640 que permitía detener en averiguación y la falta de respaldo a la actuación policial.

Convencidos que no se debía sólo criticar sino aportar, invitamos a dos expertos que nos presentaron un resumen de las medidas adoptadas por distintos países que tuvieron éxito en la lucha contra la inseguridad.

A partir de ellas pusimos un equipo de expertos en el tema de seguridad a elaborar una propuesta integral que se terminó resumiendo en 50 medidas concretas que entregamos al entonces Presidente y a su Ministra del Interior.

Las mismas contemplaban desde medidas administrativas hasta cambios en la legislación. Eran fruto de un estudio meditado realizado a partir de experiencias exitosas.

Pasaron dos años y de aquellas medidas sólo una fue aplicada. El resto descansa tras escritorios durmiendo el sueño del que nunca parecerá podrán despertar puesto que el Poder Ejecutivo, que tenía la posibilidad de aplicarlas, no lo hizo.

Por ello al comenzar esta legislatura el año pasado presentamos varias iniciativas para lograr mejorar la situación tales como el mantenimiento de antecedentes, la creación del Instituto Penitenciario, el de Rehabilitación del Menor, la baja de la edad de imputabilidad y la prohibición que los procesados tengan armas en su poder.

Estos proyectos también pasaron a dormir en escritorios puesto que quienes tienen la mayoría en el Parlamento, y por ende el poder de aprobarlos, no los trataron o expresaron su rechazo.

Ante ello, a finales del pasado año, anunciamos que recurriríamos a la única vía que nos queda, una Reforma Constitucional, para concretar lo que es una necesidad vital de todos los ciudadanos: vivir en paz y tranquilidad.

Ello tuvo la virtud de poner el tema de la seguridad en la agenda política del país. Sin embargo, las contradicciones existentes en el Partido de gobierno no permitieron que se avanzara.

De ahí que esta sábado 19 de marzo iniciamos una tarea difícil pero que estamos seguros podremos concretar: reunir más de 250 mil voluntades para someter este tema a la aprobación de todos los uruguayos.

Proponemos que sea obligatoria la creación de un Instituto de Rehabilitación del Menor, que se mantengan los antecedentes de estos al cumplir los 18 años y que se baje la edad de imputabilidad penal a los 16 años.

Frente a estas propuestas concretas, los que nos sumieron en este estado de total inseguridad alzaron sus voces en contrario.

Pretenden encarcelar a los menores con los mayores dijeron. Esto no es cierto. La propuesta contiene la creación del Instituto de Rehabilitación del Menor. Para que los menores que delinquen no sean encarcelados junto con los mayores que lo hacen. Pero que tampoco vayan a un Instituto con otros menores que no rapiñaron, mataron o robaron y sobre todo no se escapen todos los días.

Con esto sólo no alcanza para reeducar a los menores, afirmaron otros partidarios del inmovilismo. Es cierto que con esto no alcanza para ello. Es cierto que debemos pensar en el menor a ser reeducado pero también prioritariamente hay que ocuparse de la víctima, esa persona que es rapiñada, asesinada o golpeada hoy. Si los menores siguen sabiendo que no se les aplicará el derecho penal de los mayores cuando asesinan o rapiñan los honestos no podrán andar por la calle.

Protejamos a los mayores que son atacados por los menores que delinquen.

No es justo que se mantengan los antecedentes de los menores, expresaron por último. Ello no ayudará a su reinserción claman. Me pregunto ¿será justo que alguien que asesinó siendo menor de edad y lo vuelve a hacer siendo mayor sea tratado como primario? ¿No deberían los jueces tener acceso a esta información para proteger a la sociedad de esa persona?

Los puntos, por lo claro, no merecen mayor explicación.

Algún otro perdido expresó que nuestra propuesta tenía una finalidad política o se estaba usando para generar miedo en la gente. Nunca mejor aplicada el refrán “cree el ladrón que todos son de su misma triste condición”. Llevamos ya tres años desde que hicimos la primera propuesta y generosamente la ofrecimos al gobierno de turno. Un año desde que presentamos los proyectos de ley. ¿Qué otro camino queda?

La última objeción viene del hecho que esto recién se votará en la próxima elección y por ende no es una solución para ahora. Es cierto. Pero a aquellos que dicen eso los invitamos a ayudarnos a juntar las firmas, reunir cientos de miles y hacerle escuchar a quienes hoy desconocen lo que queremos los uruguayos lo que todos opinamos.

Este no es un tema de colorados, frenteamplistas o blancos. Este es un tema de todos los uruguayos y por ello los invitamos a firmar para empezar a solucionar la inseguridad que cada día crece y crece más. Lo peor será quedarnos quietos sin hacer nada.

(*) Abogado. Secretario General del Partido Colorado. Senador de la República.