Por Dr. Luis Alberto Lacalle Herrera (*)
No puedo, no debo ni quiero estar ausente en este debate acerca de la baja de la edad de imputabilidad y demás medidas contenidas en el proyecto de reforma constitucional que está siendo ofrecido a los ciudadanos para que lo apoyen. Espero, con el respeto por posiciones distintas de la propia que he practicado siempre, convencer a muchos de mis compatriotas de que -hoy y aquí- este es el camino que se puede recorrer para lograr estas mejoras en la legislación referida a la minoridad delictiva, a su control y a su rehabilitación.
Hemos tenido continuidad con esta propuesta a lo largo de muchos años. Esa gran figura, que se llamó Dardo Ortiz irrumpió en el campo legislativo, en 1987, con una propuesta en ese sentido. El gran legislador proponía la reducción de la edad de imputabilidad de 18 a 16 años pero reservando al criterio judicial, caso a caso, la facultad de decidir en definitiva si el imputado tenía la madurez suficiente como para incurrir en dolo. Esta iniciativa no llegó al plenario de aquel Senado que integramos. Fue otro gran ciudadano, Martín Sturla, quien volvió con la iniciativa. No fue considerada por el Parlamento. Luego, dentro de nuestra corriente partidaria, los diputados que nos representan volvieron a intentar la vía natural para solucionar ese tema que es, naturalmente, la de la ley ordinaria.
En este punto vale la pena detenerse para una consideración acerca de las responsabilidades legislativas. Quienes representamos a nuestros votantes debemos de ser lo más claros que sea posible en la ejecución de las diversas acciones que el mandato implica. Por ello es que las sesiones parlamentarias son abiertas al público, por ello es bueno que se proyecte llevarlas a la TV, para que quien así lo desee pueda comprobar en qué sentido vota su representante, para que se vea cómo interpreta el mandato en cada instancia. La publicidad de dichos votos ese esencial al régimen democrático. Por otra parte suponemos que a ninguno de los que ha elegido la vida política, le resulte incómodo que lo vean apoyando o no una iniciativa.
Sin embargo quienes tienen, mayoría mediante, la llave del trámite parlamentario hace dos legislaturas que escamotean la posibilidad de laudar el tema levantando o no la mano en el plenario.
La fijación de la edad de imputabilidad por ley es, desde luego y como todo límite legal, arbitrario. Lo mismo podemos decir de los 25 años para ser diputado, los 30 para ser senador o presidente, los 21 para la mayoría de edad. El que está vigente en materia de imputabilidad data de 1934. De esa fecha no nos separan solamente setenta y siete años, nos separa un abismo de cambios políticos, sociales y económicos. La familia era distinta, las costumbres, la educación, las relaciones barriales, la convivencia eran otras. No debemos entrar a juzgar si mejores o peores, son distintas. Para bien o para mal, se trata de un dato de la realidad que no podemos cambiar. Lo que podemos y debemos hacer es adecuar las normas que nos rigen a las nuevas realidades. El delito es un hecho social y por ende multicausal. Nadie pretende solucionar el azote de la delincuencia juvenil por el simple cambio de la edad de imputabilidad, pero es difícil argumentar en contra de que se trata de una de las armas con que la sociedad debe contar para su defensa. Que a los 16 se es consciente de sus actos, que esos lejanos 18 ya no son un límite actualizado, nadie lo puede negar, menos cuando la realidad nos dice que jóvenes de esa edad matan, violan y roban todos los días. Que muchos de ellos provienen de entornos difíciles, carentes de valores, de ejemplos, de consejos, también es cierto. Pero no por ello se les debe dejar que sigan agrediendo a todos. La privación de libertad que proponemos, llevada a cabo en un ámbito donde la disciplina, el trabajo, la enseñanza, el deporte y -por qué no- el amor y el cuidado moral que quizás son la mayor carencia de estos muchachos, puede enderezarlos y devolverlos a la sociedad, cambiados. No es imposible y es el único camino realista para encarar este problema. No se estigmatiza a nadie, no se quiere perseguir a los jóvenes, simplemente a quienes cometan delitos, violenten el derecho ajeno, ponerlos en un régimen especial para que, por lo menos, no sigan matando y robando. El régimen vigente no estigmatiza a los mayores de 18 años; cuando delinquen se les pena, no persigue a "los jóvenes"; a una minoría ínfima de ellos les castiga cuando violan la ley. El nuevo régimen que castiga la tentativa en los jóvenes tampoco estigmatiza, refleja una nueva realidad social y completa las armas de defensa de la sociedad. Con una iniciativa constitucional se recurre a un medio que no es el mejor para lograr una nueva legislación, es cierto, pero ante el silencio del Parlamento, no queda otra vía. Por ser iniciativa popular, la gente firma porque quiere proponer y protestar. Tiene los argumentos que le dicta la realidad, quiere seguridad y autoridad, por ello ejerce sus derechos. Invitamos a acompañarnos, para proponer y para protestar. Para hacer oír la voz que no se quiere escuchar en los ámbitos parlamentarios. Firmo e invito a firmar.
"No se estigmatiza a nadie, simplemente a quienes cometan delitos, ponerlos en un régimen especial para que no sigan matando y robando".
(*) Abogado. Ex presidente y actual senador de la República
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