Por
Pedro Bordaberry (*)
El
uso de la facultad que tenemos los ciudadanos de la República de peticionar que
se vote sobre una propuesta de reforma constitucional produjo extrañas
reacciones esta semana.
La presentación de las
firmas no debería haber llamado la atención. Era público y notorio que existía
la iniciativa, que la adhesión a la misma había sido importante y que la
mayoría de la población se inclina por apoyarla. También que esta semana se
entregarían las papeletas conteniendo la voluntad ciudadana en el Parlamento.
Pese a ello desde
algunos sectores políticos, incluyendo Senadores y Diputados, se afirmaron
cosas que no están previstas en la propuesta.
Por ejemplo se dijo
que de aprobarse la iniciativa los menores que se emborrachen y rompan un
vidrio terminarían en la cárcel con mayores.
Algo que notoriamente
no es así.
Otros se sumaron a la
desinformación.
Afirmaron que lo que
se propone ya se hizo, salvo la baja de la edad de imputabilidad. Cuando
claramente no es así.
Los antecedentes de
los menores no se guardan más allá de los 20 años, no se agravaron las penas de
los mayores que utilizan menores para delinquir y el SIRPA sigue dentro del
INAU.
Quizás lo más extraño
de todo fueron las reacciones de un dirigente sindical y del Ministro del
Interior. Lanzaron sospechas al vincular la fuga de 13 menores ocurrida esta
semana con la entrega de las firmas.
El punto, por lo
descabellado y temerario, no merece siquiera ser contestado.
Por otro lado un
periodista expresó, en forma de crítica, que estaba mal que no se incluyeran
los delitos de narcotráfico en la propuesta y que sería malo que existieran
muchas instituciones distintas en el país.
No queda claro si su
crítica de no incluir el narcotráfico es a favor o en contra de la propuesta.
Parece ser que si quiere que se incluyan más delitos en la propuesta de baja de
la edad de imputabilidad está a favor.
Las reacciones
políticas aventuran una discusión complicada y una campaña de desinformación.
Pese a que la
propuesta es clara. Bien clara.
Alcanza con leerla.
La baja de la edad de
imputabilidad es sólo para delitos graves (homicidios, rapiñas, secuestros,
violación), no para los que se emborrachan y rompen un vidrio.
Se incluye la creación
de un Instituto de Rehabilitación fuera del Inau, justamente para que los
menores que delinquen no vayan a la cárcel con los mayores.
Los antecedentes no se
guardan más allá de los veinte años hoy. Por lo que si un menor mata y luego lo
vuelve a hacer a los 21 años, el Juez no puede saberlo. Además de que no puede
siquiera tenerlo en cuenta para disponer medidas de seguridad que protejan a la
sociedad de quien reitera conductas tan graves.
Agravar aún más las
penas de los mayores que utilizan menores para delinquir es una necesidad
porque existe un aumento de la cantidad de mayores que los usan para
delinquir.
Se podrá coincidir o
no con estas propuestas. Los estudios de opinión indican que la mayoría de los
uruguayos estamos de acuerdo con ellas.
Pero creo que no se
debe desinformar sobre ellas.
La inseguridad, la
minoridad delincuente es un tema muy sensible e importante en nuestra
sociedad. Lamentablemente, tristemente, lo es. Por ello lo debemos encarar.
Esperamos que la
propuesta de Reforma Constitucional se analice como tal y no con mentiras.
Aunque pensándolo
bien, si mienten sobre su contenido, si desinforman, debe ser porque no tienen
argumentos para rebatir la misma y que, como dice la cita cervantina, es señal
que cabalgamos.
(*) Abogado. Senador de
la República. Líder de Vamos Uruguay – Partido Colorado
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