Por Ope Pasquet (*)
A las dificultades acostumbradas en lo
atinente al dragado del canal Martín García,
vino a sumarse en las últimas semanas el escándalo provocado por el
conocimiento público de que hubo un intento de coimear al presidente de la
delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP),
embajador Francisco Bustillo.
Cuando la CARP avanzaba hacia la demorada definición del pliego de obra
para el dragado del canal Martín García, la prensa uruguaya informó de un
intento de coimear al embajador Bustillo, que este rechazó; se le quiso
sobornar para obtener que las tareas de
mantenimiento del canal siguieran a cargo de la empresa que actualmente las
cumple. El diputado Juan Manuel Garino hizo referencia pública al episodio,
pidiendo explicaciones. La reacción del gobierno fue enojarse con Garino y con
la prensa. El presidente Mujica se rasgó las vestiduras, dijo primero que si el
diputado sabía de un hecho ilícito debía denunciarlo a la Justicia Penal, y
poco después agregó que se estaba estudiando la posibilidad de responsabilizar
penalmente al propio legislador (¡!). El día 11 de mayo el Ministerio de
Relaciones Exteriores emitió el comunicado de prensa 20/12, declarando que el
embajador Bustillo negaba las versiones de prensa a las que nos referimos. Y el
martes 15 de mayo, cuando el ministro Almagro convocó a su despacho a
representantes de la oposición para informarlos del intercambio de notas con la
cancillería argentina a propósito de estas cuestiones, nada dijo acerca de los
hechos en sí. Quienes asistimos a la reunión tampoco hicimos preguntas a ese
respecto, ateniéndonos a la versión oficial y declarando, a la salida del
encuentro, nuestra confianza en la honestidad del ministro y de todos los
integrantes de la delegación uruguaya ante la CARP. En la mañana del día
siguiente, el embajador itinerante Julio Baráibar, hombre de confianza política
y personal del presidente Mujica, declaró en una entrevista radial que había
sido oportunamente informado “con detalles” del ofrecimiento de la coima por el
mismo funcionario que lo rechazó (Bustillo), quien había informado también “a
sus superiores” (el ministro Almagro); por la tarde de ese mismo día Baráibar
ya había presentado su renuncia al cargo que ocupa. Posteriormente, el
subsecretario Conde formuló declaraciones a la misma emisora radial, sustancialmente
coincidentes con las de Baráibar.
En síntesis: a Bustillo lo quisieron coimear, Bustillo rechazó la
propuesta e informó al ministro Almagro. Puede darse por descontado lo que es
de cajón, es decir, que el ministro informó al presidente,
pues de no haber sido así y después de todo lo que pasó, este ya tendría que
haberlo cesado. Almagro optó por no hacer nada más; no informó a la opinión
pública ni tampoco (que sepamos) a su par argentino. Mantuvo en su cargo a
Bustillo, lo que demuestra que no dudó de la veracidad de sus dichos, ni de la
integridad y seriedad de su proceder.
Podemos entender que el gobierno, enterado de los hechos, haya optado
por mantenerlos en reserva. No estaba obligado a denunciarlos, porque habrían
ocurrido en Buenos Aires y la ley uruguaya sólo se aplica en nuestro territorio
(salvo excepciones que, a primera vista al menos, no se darían en este caso).
El legítimo propósito de no crear más obstáculos en el de por sí complejo y
arduo proceso que se espera que un día culmine con el dragado del canal Martín
García, explica satisfactoriamente la discreción inicial del gobierno uruguayo.
Pero una cosa es callar lo que no se tiene el deber de divulgar o
denunciar, y otra muy distinta es negar expresamente lo que se sabe que es
cierto, tratando de engañar así a la opinión pública. Y esto fue lo que hizo el
gobierno.
El presidente Mujica le debe una disculpa al país, por haber fingido
creer que era falso lo que seguramente sabía que era verdadero.
En cuanto al ministro Almagro, es claro que no puede permanecer en su
cargo. No dudamos de su patriotismo ni de su honestidad, pero después de lo
sucedido ha perdido credibilidad. Y sin ella, no puede ser el representante del
Uruguay ante el mundo.
(*) Abogado. Senador de la República (Vamos Uruguay – Partido Colorado)
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