Coimas por el dragado
El análisis que realizó el Tribunal de Cuentas
del Uruguay afirma que la Argentina demoró el proceso para favorecer la
extensión del contrato con la holandesa Riovía.Tras el escándalo suscitado hace
dos meses por las declaraciones del embajador itinerante de Uruguay, Julio
Baraibar, en las que admitió el conocimiento de la cancillería uruguaya, desde
hacía dos años, sobre el intento de soborno de un operador privado argentino al
presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río de
la Plata (CARP), Francisco Bustillo, para que favoreciera la continuidad de la
empresa holandesa Riovía, encargada del mantenimiento del canal Martin García,
se conoció hoy el análisis de las actas de la CARP que hizo el Tribunal de
Cuentas del Uruguay (TCU), en las que se desprenden dos temas como los más
importantes: que las constantes demoras de Argentina para encarar un proceso
licitatorio para el dragado favoreció a Riovía; y señala dudas sobre la
regularidad de los procedimientos para extender el contrato a la empresa
holandesa.
Dos funcionarios del TCU pudieron acceder a
indagar en las actas de la CARP, caratuladas por la cancillería uruguaya como
confidenciales (la reserva llegó inclusive a algunos parlamentarios a quienes
no se les permitió verlas), y parte del informe apareció hoy en El País y
Ultimas Noticias.
En este diario, luego de brindar en detalle
(con fechas incluidas) el proceso de las negociaciones de ambas delegaciones
que derivó en la ampliación del contrato a la empresa Riovía, iniciado en junio
de 2010 cuando ambos gobiernos resolvieron avanzar en la profundización del
canal Martín García, se menciona que en julio de 2011 la delegación uruguaya
dejó constancia que se pidió por parte de Argentina una postergación del inicio
de las negociaciones para renovar el contrato con Riovía.
No soslaya que Bustillo, también dejó
constancia que el 20 de agosto del año pasado era la fecha acordada entre ambas
delegaciones para tener terminadas las negociaciones porque, de lo contrario,
la concesionaria tendría un posición más ventajosa para discutir el precio.
Según el matutino, Riovía a esa altura ya
había presentado sus pretensiones; en tanto que Bustillo expresó al TCU que
delegación argentina tenía intereses y que, no avanzar en el tema de la nueva
licitación del Martín García, favorecía al canal Emilio Mitre, que es el de
acceso al puerto de Buenos Aires.
Para el TCU las delegaciones de Uruguay y
Argentina manejan tiempos distintos, y asegura que la actitud argentina para
dilatar la concreción de la licitación del dragado del Martin García, incidió
en forma directa en que se llegara al final del plazo contractual con RíoVía
S.A en condiciones desfavorables (dice en concreto que se dejaron de adoptar
medidas para mejorar la negociación con la empresa holandesa; y que se impidió
también la posibilidad de ir a un concurso de precios, lo que habría permitido
obtener ofertas comparativas), pese a que la delegación uruguaya lo había
advertido, lo que derivó en la renovación del contrato de la empresa, que desde
hace dos décadas se encarga del mantenimiento del canal.
La auditoría del TCU hace además mención al
presunto intento de Soborno a Bustillo - el que sacó a la luz Baraibar, un
hombre de extrema confianza del presidente José Mujica- en una reunión a la que
fue citado por el entonces vicecanciller argentino Roberto García Moritán.
Según lo que publicó El País, Bustillo, quien
ese momento fungía como embajador uruguayo en Argentina, "la conversación
tomó un giro que no me gustó", al manifestarle su interlocutor que tenía
buenos contactos con Riovía y "que sabía por comentarios que la empresa
había ofrecido en otras oportunidades sumas para verse beneficiada, lo que él
suponía podía volver a suceder".
Ese encuentro, según Bustillo, tuvo de su
parte un abrupto final, cuando García Moritán le informó que había invitado a
la reunión a Sergio Cetera, representante comercial de la concesionaria.
De acuerdo a una fuente del TCU consultada por
Clarín.com, este organismo, por los temas antes mencionados, es de la idea de
que el Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay debería evaluar llevar a
cabo acciones legales.
Fuente:
Clarín.com
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