Justicia impide a diputado colorado acceso a la información sobre el dragado

Cancillería. Contrato, actas y denuncia por coima no serán reveladas

En dos instancias la Justicia desestimó el acceso a información referida al dragado del canal Martín García que fue solicitada por el diputado colorado Juan Manuel Garino, debido a que la Cancillería calificó esos datos como reservados.

Garino señaló que debido a la decisión de la Cancillería de catalogar de reservada la información referida a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARP), se hace imposible a los legisladores de la oposición conocer la realidad sobre este tema.

Sostuvo que así es difícil plantear soluciones, aprobar presupuestos y agregó que el canciller Luis Almagro ocultó información al Poder Legislativo en sus comparecencias ante el Parlamento.

En mayo de este año 2012 y amparado en la ley 18.381 de Acceso a la Información Pública, el diputado de Vamos Uruguay solicitó a la Cancillería copia de contrato entre la CARP y Riovía S.A. para el mantenimiento del dragado del canal Martín García (que se ha ido renovando a lo largo de los años). También pidió las actas de la CARP de los años 2009 a 2012 y la denuncia penal efectuada por el ministerio sobre un presunto intento de coima al embajador Francisco Bustillo.

Ante la falta de respuesta de la Cancillería, Garino presentó una demanda ante la Justicia que fue resuelta por el juez de contencioso administrativo, Pablo Eguren, quien desestimó el recurso por considerar que la declaración de reserva de la Cancillería en cuatro resoluciones se ajusta a la ley 18.381. Garino apeló y la resolución de Eguren fue confirmada por el tribunal de apelaciones en lo Civil de 4° Turno.

"Esta sede entiende que sin perjuicio de lo loable del interés del integrante del Poder Legislativo, debe ajustarse a la norma y a la calificación de reservada de la documentación pretendida por la parte actora", expresó Eguren en su fallo.

"Estamos en presencia de una situación de carácter internacional que hace a las relaciones bilaterales con la República Argentina", indicó el magistrado y mencionó las resoluciones ministeriales que declaran de carácter reservado "toda información respecto a las negociaciones y procedimientos relacionados al Canal Martín García" en curso en el ámbito de la CARP.

Eguren propuso "medidas conciliatorias" para obtener parte de la información reclamada por Garino, pero la Cancillería comunicó que prefería mantener la reserva sobre todas las actuaciones referentes al caso. "Comprendemos el interés que como integrante de un Poder del Estado esgrime Garino. Sin perjuicio de ello, debemos de atenernos en lo especificado en la norma que regula el derecho al acceso a la información", concluyó el juez.

El tribunal señaló que no hay contradicción entre las resoluciones de reserva de la Cancillería y que a ello se suma "otra razón que la justifica: se ha formulado denuncia penal al respecto ante sede de crimen especializado, con régimen de reserva propio que significa un límite al acceso a la información".

SEDUCIR. Ayer miércoles, Almagro siguió justificando su decisión de cesar al director nacionalista en la CARP Juan Gabito, y comparó a Argentina con "una muchacha linda a la que tenemos que seducir" porque "de a prepo va a estar complicado" llegar a un buen final en las negociaciones por el dragado del canal Martín García.

Consultado en radio Sarandí sobre las declaraciones del presidente José Mujica acerca de que "lidiar" con Argentina es un "problema penoso" y si no pueden complicar este objetivo, Almagro señaló que el mandatario es "un experto en diálogo franco y que eso forma parte de su encanto".

El jerarca volvió a criticar a la prensa por el tratamiento del tema y afirmó que la actitud de Gabito no "ayudó" a las negociaciones con Argentina, aunque aún no recibió repercusiones concretas al respecto. "Estamos en una situación en la que parece que el único que quiere el dragado es Luis Almagro", expresó el canciller.

Fuente: El País Digital

Ex representante colorado en la CARP apoya a Gabito Zóboli

Para el ex miembro colorado en la CARP Luis Anastasía, el informe del nacionalista Juan Gabito Zóboli fue utilizado como una “excusa” por el canciller Luis Almagro para destituirlo. Anastasía dijo a Montevideo Portal que comparte las expresiones del blanco y remarcó que “a Argentina no le interesa dragar el canal”.

El ex representante del Partido Colorado en la Comisión Administradora del Río de la Plata Luis Anastasía comparte los conceptos sobre el relacionamiento con Argentina expresados en el informe que Juan Gabito Zóboli presentó al Partido Nacional y considera que el documento fue utilizado por el canciller Luis Almagro como una "excusa" para apartarlo de su cargo.

Anastasía, que renunció a la CARP en julio pasado a raíz de una decisión política de Vamos Uruguay, dijo a Montevideo Portal que la destitución de Gabito Zóboli "está ajustada a derecho porque nosotros fuimos nombrados por el Poder Ejecutivo y es quién nos puede destituir".

De todos modos, sostuvo que la salida del nacionalista por el informe presentado al Directorio del Partido Nacional es excesiva. "Los representantes pueden y deben informar a sus partidos", remarcó el colorado, señalando que en el contenido del informe "no hay nada nuevo".

"No se por qué Almagro dice que el informe complica las negociaciones con Argentina cuando no hay negociaciones con ellos. Creo que lo toma como una excusa", afirmó Anastasía. En ese sentido, recordó que "el propio Almagro envió en su momento todos los antecedentes referidos al tema a la Justicia". Además, sostuvo que "en la prensa salieron cosas mucho más graves de ‘fuentes de Cancillería'".

El ex representante del Partido Colorado considera que la destitución de Gabito "no va a mejorar en nada la relación con Argentina, así como tampoco iba a empeorar con su informe".

Consultado sobre su posición sobre el informe de Gabito Zóboli -que señala que la política de Uruguay de "tolerar en silencio" las decisiones de Argentina no dio resultado- , Anastasía se mostró de acuerdo con las conclusiones del nacionalista. "Esa política no funcionó. Se le fueron concediendo cosas a Argentina y no sirvió de nada", complementó.

El ex integrante de la CARP también recordó que la salida del ex presidente de la delegación uruguaya Francisco Bustillo, involucrado en un supuesto intento de soborno por parte de la empresa que buscaba hacer el dragado del Canal Martín García, tampoco favoreció el relacionamiento. Bustillo era muy criticado por Argentina pero para Anastasía las críticas al ahora embajador en España solo fueron "una distracción" para trabar las negociaciones.

Según el colorado, el gobierno argentino "no le interesa profundizar el canal" porque "les sirve como está para que las embarcaciones tengan una salida rápida hacia el Canal Mitre. ¿Para qué van a dragar si pueden utilizar el Canal Mitre?".

Anastasía aventuró que las delegaciones uruguaya y argentina "no van a llegar a un acuerdo" para el dragado, aunque hizo la salvedad de que "si llegan a acordar seguramente sea la creación de una empresa binacional".

Fuente: Montevideo Portal

Otro sapo

Por Ope Pasquet (*)

A través de Búsqueda, el Ministerio de Relaciones Exteriores comunicó que Francisco Bustillo, hasta hoy presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), será designado embajador del Uruguay ante el reino de España. El “trascendido” destaca la importancia de los servicios prestados por Bustillo y señala que dichos servicios culminaron exitosamente con la elaboración del pliego de obras para la licitación del dragado del canal Martín García. Además, dice Búsqueda, “las fuentes explicaron que mucho antes de que el gobierno argentino lo atacara directamente, el diplomático había solicitado que se le asignaran nuevas funciones”.

En realidad, lo que importa de la noticia –y lo que le valió, suponemos, su publicación en la tapa de Búsqueda- no es adónde va Bustillo, sino de dónde se va Bustillo. El nuevo destino hubiese podido ser Madrid, España, o Ulán Bator,  Mongolia; desde el punto de vista del interés general, tanto daba una capital u otra. Lo relevante es que Uruguay decidió remover de su cargo al funcionario que preside su delegación ante la CARP.

Hace meses que la CARP no avanza en la ejecución de la más importante de las tareas que tiene entre manos: el dragado a mayor profundidad del canal Martín García. Desde el año 2010 el canciller Almagro viene anunciando el acuerdo con Argentina para dragar el canal, y presentándolo como uno de los frutos de la excelente relación política que hay entre ambos países. Lo cierto es que, pese a los anuncios, la licitación no se hace, la obra no empieza, y el gobierno uruguayo decidió llamarse a silencio y no contestar los agresivos comunicados de la cancillería argentina; así de bueno es el estado de la relación política. En este tema como en otros (el ingreso de Venezuela al  Mercosur, por ejemplo), es notable la diferencia entre el discurso que difunde el Palacio Santos y la realidad.

No fue un funcionario cualquiera sino el mismísimo canciller argentino, Héctor Timerman, quien atacó a Francisco Bustillo y reclamó públicamente que se pusiera a disposición de la justicia argentina para declarar en dos causas relativas a sendos asuntos de notoriedad. A partir de ese momento fue evidente que, mientras no cambiara el gobierno argentino o Bustillo saliera de la CARP, no habría avances en el dragado del Martín García. Cabe suponer que el gobierno uruguayo entendió, con lógica irreprochable, que era más fácil el cumplimiento de la segunda condición que el de la primera. Dejó pasar un tiempo prudencial y dio satisfacción a Timerman; Bustillo saldrá de la CARP y se irá lejos, donde no moleste a quienes no le perdonan el haber denunciado un intento de coima (ese es todo el tema, evidentemente).

¿Bastará con esta medida para normalizar el funcionamiento de la CARP y concretar el dragado en cuestión? No lo sabemos. Quisiéramos que el gobierno uruguayo hubiera negociado algo a cambio de lo que concede, como por ejemplo la simultánea remoción del presidente de la delegación argentina, procesado en su país por corrupción y por lo tanto no apto para codirigir un organismo que algún día –ojalá no muy lejano- adjudicará una licitación de decenas de millones de dólares. Quisiéramos también que se hubiese acordado la realización efectiva e inmediata de esa licitación, sin más demoras. Pero esos son deseos, simplemente. Lo más probable, teniendo en cuenta los antecedentes, es que no se haya negociado nada y se insista con los gestos unilaterales de buena voluntad, a la espera de que sean correspondidos.

La diplomacia uruguaya no sale bien parada de este episodio; aparece cediendo, una vez más, frente a la presión ejercida por Argentina. Que los chicos deban ceder frente a los grandes no es raro en política internacional; pero que las exigencias impertinentes se planteen públicamente, no es necesario. Ese “plus” de humillación es –desde los tiempos del Virreinato- la impronta porteña añadida a la “realpolitik”.

Al gobierno uruguayo nada de esto le importa; está en plan de tragar sapos. Mientras Bustillo hace sus valijas, el Frente Amplio se prepara para votar en el  Senado el tratado de intercambio de información tributaria con Argentina.  

(*) Abogado. Senador de la República (Vamos Uruguay – Partido Colorado)

Diputado Garino intimará a Cancillería por vía judicial

El diputado colorado Juan Manuel Garino (Vamos Uruguay) intimará judicialmente al Ministerio de Relaciones Exteriores a que entregue las actas –y otros documentos relacionados- de la Comisión Administradora del Rio de la Plata (Carp).

La medida se toma ante lo que el legislador considera “demora por el dragado del Canal Martín García” que ya lleva 7 años y ante el cruce de acusaciones de las cancillerías de Uruguay y la República Argentina que erosionan relación bilateral.

En este sentido, el legislador del Partido Colorado, solicitará las actas de la CARP, correspondientes al período 2009-2012 y otros documentos en posesión de cancillería vinculado con el dragado del polémico canal.

Fuente: UNoticias.com

Una auditoría detectó irregularidades en el contrato por el dragado del Río de La Plata

Coimas por el dragado

El análisis que realizó el Tribunal de Cuentas del Uruguay afirma que la Argentina demoró el proceso para favorecer la extensión del contrato con la holandesa Riovía.Tras el escándalo suscitado hace dos meses por las declaraciones del embajador itinerante de Uruguay, Julio Baraibar, en las que admitió el conocimiento de la cancillería uruguaya, desde hacía dos años, sobre el intento de soborno de un operador privado argentino al presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), Francisco Bustillo, para que favoreciera la continuidad de la empresa holandesa Riovía, encargada del mantenimiento del canal Martin García, se conoció hoy el análisis de las actas de la CARP que hizo el Tribunal de Cuentas del Uruguay (TCU), en las que se desprenden dos temas como los más importantes: que las constantes demoras de Argentina para encarar un proceso licitatorio para el dragado favoreció a Riovía; y señala dudas sobre la regularidad de los procedimientos para extender el contrato a la empresa holandesa.

Dos funcionarios del TCU pudieron acceder a indagar en las actas de la CARP, caratuladas por la cancillería uruguaya como confidenciales (la reserva llegó inclusive a algunos parlamentarios a quienes no se les permitió verlas), y parte del informe apareció hoy en El País y Ultimas Noticias.

En este diario, luego de brindar en detalle (con fechas incluidas) el proceso de las negociaciones de ambas delegaciones que derivó en la ampliación del contrato a la empresa Riovía, iniciado en junio de 2010 cuando ambos gobiernos resolvieron avanzar en la profundización del canal Martín García, se menciona que en julio de 2011 la delegación uruguaya dejó constancia que se pidió por parte de Argentina una postergación del inicio de las negociaciones para renovar el contrato con Riovía.

No soslaya que Bustillo, también dejó constancia que el 20 de agosto del año pasado era la fecha acordada entre ambas delegaciones para tener terminadas las negociaciones porque, de lo contrario, la concesionaria tendría un posición más ventajosa para discutir el precio.

Según el matutino, Riovía a esa altura ya había presentado sus pretensiones; en tanto que Bustillo expresó al TCU que delegación argentina tenía intereses y que, no avanzar en el tema de la nueva licitación del Martín García, favorecía al canal Emilio Mitre, que es el de acceso al puerto de Buenos Aires.

Para el TCU las delegaciones de Uruguay y Argentina manejan tiempos distintos, y asegura que la actitud argentina para dilatar la concreción de la licitación del dragado del Martin García, incidió en forma directa en que se llegara al final del plazo contractual con RíoVía S.A en condiciones desfavorables (dice en concreto que se dejaron de adoptar medidas para mejorar la negociación con la empresa holandesa; y que se impidió también la posibilidad de ir a un concurso de precios, lo que habría permitido obtener ofertas comparativas), pese a que la delegación uruguaya lo había advertido, lo que derivó en la renovación del contrato de la empresa, que desde hace dos décadas se encarga del mantenimiento del canal.

La auditoría del TCU hace además mención al presunto intento de Soborno a Bustillo - el que sacó a la luz Baraibar, un hombre de extrema confianza del presidente José Mujica- en una reunión a la que fue citado por el entonces vicecanciller argentino Roberto García Moritán.

Según lo que publicó El País, Bustillo, quien ese momento fungía como embajador uruguayo en Argentina, "la conversación tomó un giro que no me gustó", al manifestarle su interlocutor que tenía buenos contactos con Riovía y "que sabía por comentarios que la empresa había ofrecido en otras oportunidades sumas para verse beneficiada, lo que él suponía podía volver a suceder".

Ese encuentro, según Bustillo, tuvo de su parte un abrupto final, cuando García Moritán le informó que había invitado a la reunión a Sergio Cetera, representante comercial de la concesionaria.

De acuerdo a una fuente del TCU consultada por Clarín.com, este organismo, por los temas antes mencionados, es de la idea de que el Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay debería evaluar llevar a cabo acciones legales.

Fuente: Clarín.com