Una auditoría detectó irregularidades en el contrato por el dragado del Río de La Plata

Coimas por el dragado

El análisis que realizó el Tribunal de Cuentas del Uruguay afirma que la Argentina demoró el proceso para favorecer la extensión del contrato con la holandesa Riovía.Tras el escándalo suscitado hace dos meses por las declaraciones del embajador itinerante de Uruguay, Julio Baraibar, en las que admitió el conocimiento de la cancillería uruguaya, desde hacía dos años, sobre el intento de soborno de un operador privado argentino al presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), Francisco Bustillo, para que favoreciera la continuidad de la empresa holandesa Riovía, encargada del mantenimiento del canal Martin García, se conoció hoy el análisis de las actas de la CARP que hizo el Tribunal de Cuentas del Uruguay (TCU), en las que se desprenden dos temas como los más importantes: que las constantes demoras de Argentina para encarar un proceso licitatorio para el dragado favoreció a Riovía; y señala dudas sobre la regularidad de los procedimientos para extender el contrato a la empresa holandesa.

Dos funcionarios del TCU pudieron acceder a indagar en las actas de la CARP, caratuladas por la cancillería uruguaya como confidenciales (la reserva llegó inclusive a algunos parlamentarios a quienes no se les permitió verlas), y parte del informe apareció hoy en El País y Ultimas Noticias.

En este diario, luego de brindar en detalle (con fechas incluidas) el proceso de las negociaciones de ambas delegaciones que derivó en la ampliación del contrato a la empresa Riovía, iniciado en junio de 2010 cuando ambos gobiernos resolvieron avanzar en la profundización del canal Martín García, se menciona que en julio de 2011 la delegación uruguaya dejó constancia que se pidió por parte de Argentina una postergación del inicio de las negociaciones para renovar el contrato con Riovía.

No soslaya que Bustillo, también dejó constancia que el 20 de agosto del año pasado era la fecha acordada entre ambas delegaciones para tener terminadas las negociaciones porque, de lo contrario, la concesionaria tendría un posición más ventajosa para discutir el precio.

Según el matutino, Riovía a esa altura ya había presentado sus pretensiones; en tanto que Bustillo expresó al TCU que delegación argentina tenía intereses y que, no avanzar en el tema de la nueva licitación del Martín García, favorecía al canal Emilio Mitre, que es el de acceso al puerto de Buenos Aires.

Para el TCU las delegaciones de Uruguay y Argentina manejan tiempos distintos, y asegura que la actitud argentina para dilatar la concreción de la licitación del dragado del Martin García, incidió en forma directa en que se llegara al final del plazo contractual con RíoVía S.A en condiciones desfavorables (dice en concreto que se dejaron de adoptar medidas para mejorar la negociación con la empresa holandesa; y que se impidió también la posibilidad de ir a un concurso de precios, lo que habría permitido obtener ofertas comparativas), pese a que la delegación uruguaya lo había advertido, lo que derivó en la renovación del contrato de la empresa, que desde hace dos décadas se encarga del mantenimiento del canal.

La auditoría del TCU hace además mención al presunto intento de Soborno a Bustillo - el que sacó a la luz Baraibar, un hombre de extrema confianza del presidente José Mujica- en una reunión a la que fue citado por el entonces vicecanciller argentino Roberto García Moritán.

Según lo que publicó El País, Bustillo, quien ese momento fungía como embajador uruguayo en Argentina, "la conversación tomó un giro que no me gustó", al manifestarle su interlocutor que tenía buenos contactos con Riovía y "que sabía por comentarios que la empresa había ofrecido en otras oportunidades sumas para verse beneficiada, lo que él suponía podía volver a suceder".

Ese encuentro, según Bustillo, tuvo de su parte un abrupto final, cuando García Moritán le informó que había invitado a la reunión a Sergio Cetera, representante comercial de la concesionaria.

De acuerdo a una fuente del TCU consultada por Clarín.com, este organismo, por los temas antes mencionados, es de la idea de que el Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay debería evaluar llevar a cabo acciones legales.

Fuente: Clarín.com

Opinión: Sin dragado en el Martín García

Por Daniel Bianchi (*)

Los diarios de circulación nacional fueron más que expresivos al utilizar una figura harto representativa al momento de dar a conocer el nuevo retroceso en las posibilidades de lograr un acuerdo con Argentina por el dragado del Canal Martín García, en aguas de Uruguay, que en caso de concretarse, pondría en igualdad de condiciones competitivas a los dos países.

El gobierno argentino “dio un portazo”, fue la expresión elegida para ilustrar la acción que desorientó por completo a la delegación de nuestro país que negocia el inicio de la operativa.

Como se recordará, el pasado mes de setiembre se completó la primera etapa del proceso, cuando finalizó la precalificación de las empresas interesadas en llevar adelante la obra. La segunda etapa será la aprobación del pliego de obras y la tercera el proceso ejecutivo en sí mismo, que incluye el diseño, las tareas de excavación subacuática, y la limpieza y traslado de sedimentos, con vistas a incrementar la profundidad para aumentar la capacidad de transporte y, al mismo tiempo, evitar el riesgo de encallamiento.

Debido al impacto ambiental que estas obras significan, debe realizarse una minuciosa evaluación a fin de mitigar el mismo.

Y eso requiere tiempo.

Pero el tiempo es precisamente aquello que, al gobierno argentino, parece no preocuparle.

El Canal,  con un largo total de unos 106 kilómetros, se extiende desde el km 39 del Canal de Acceso a Buenos Aires hasta el km 0 del Río Uruguay. Originalmente, fue habilitado para la navegación en 1892 con una profundidad de 19 pies. Hasta el año 1988 fue dragado en forma circunstancial, a diferentes profundidades, hasta que el julio de 1996 se firmó el contrato entre la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) -un organismo binacional uruguayo-argentino- y la empresa Riovia S.A. -una firma uruguaya creada en 1996 y radicada en Colonia del Sacramento, subsidiaria de la empresa holandesa Boskalis International B. V., una de las más importante del sector- para el dragado, balizamiento y mantenimiento.

Las obras fueron oficialmente inauguradas en diciembre de ese año por los presidente Julio Mª Sanguinetti, de Uruguay, y Carlos Menem, de Argentina, finalizando las obras de apertura en enero de 1999, cuando el canal fue habilitado para la navegación.

Desde ese entonces, se ha mantenido una de las disputas diplomáticas más importantes entre Uruguay y Argentina en los últimos tiempos.

Hasta la fecha, Argentina ha venido frenando el llamado a licitación para profundizar el canal de 32 a 36 pies de profundidad, lo que notoriamente se ha traducido en un beneficio para el vecino país debido al significativo ingreso por cobro de peajes en el Canal Mitre, traza obligada de los barcos que, debido a lo importante de su carga, no disponen de ninguna otra salida hacia el Océano Atlántico. Por el contrario, dicho freno deriva en serios perjuicios para los puertos uruguayos, en especial para el de Nueva Palmira, que pierde su atractivo debido a que, con vistas a navegar por aguas con la profundidad necesaria, los barcos se verían obligados a hacerlo por un trayecto más extenso con los consiguientes perjuicios económicos -entre ellos, los fletes más elevados- motivo por el cual lógicamente optan por el Canal Mitre.

El canciller argentino, Héctor Timerman, y el embajador Dante Dovena -profundamente cuestionado por estas horas- habían anunciado el 26 de abril que, indefectiblemente, el jueves 3 de mayo se aprobaría el pliego para la licitación de la obra, y el gobierno uruguayo se gratificó del anuncio enarbolándolo como el inicio de la recomposición de la relación bilateral, a esa altura visiblemente dañada.

No obstante, en la fecha prevista, sorpresivamente -para los representantes del gobierno uruguayo, pero no para muchos actores políticos, comerciales y  de la prensa especializada, que preveían el desenlace que finalmente tuvo lugar- los delegados argentinos en la CARP pusieron numerosas objeciones que, una vez más, llevaron los trámites a fojas cero.

La medida argentina, en este caso, se asemeja más a una afrenta hacia su par uruguayo que a una decisión estratégica, porque el texto final del pliego había sido elaborado entre julio y diciembre del año 2011, con el asesoramiento y el aporte de una empresa consultora, y ya por aquel entonces Uruguay lo había aprobado. Aguardaba por la repuesta de Argentina, que insumió cinco meses para transformarse en un categórico “No” debido a que, según su punto de vista, debían introducirse algunas modificaciones.

Los cambios propuestos deberán ser ahora analizados por Uruguay, lo que seguramente demandará varias semanas, máxime teniendo en cuenta que, ahora, las dudas y falta de confianza en las autoridades del vecino país parecen ser la moneda corriente en las negociaciones entre ambos gobiernos.

En las últimas horas, el presidente uruguayo, José Mujica, anunció que, si se demora la resolución argentina, autorizará “unilateralmente” el dragado del canal.

Como sea, la solución parece distante, y medidas unilaterales como la anunciada, difícilmente contribuyan a llevar los trámites a buen puerto.

Y peor aún, difícilmente recompongan el clima de entendimiento que ha sido tradicional entre nuestros dos países.

(*) Médico. Representante Nacional por el departamento de Colonia (Vamos Uruguay – Partido Colorado)