Por
Ope Pasquet (*)
Se
ha difundido estos días un planteamiento público formulado en Buenos Aires por
Dante Caputo (ex canciller argentino) y José Octavio Bordón (ex embajador
argentino ante los EE.UU.), al que adhirieron personalidades como Beatriz
Sarlo, Juan Gabriel Tokatlián, Roberto García Moritán y otros. Los nombrados
proponen que en vez de llevar a la Corte Internacional de Justicia el diferendo
entre Argentina y Uruguay por la pretendida contaminación de UPM, se busque
para él una solución política. Un nuevo juicio en La Haya no recompondría por
sí solo las relaciones entre ambos países, ni prevendría nuevos litigios, pero
podría sí aumentar las distancias ya existentes entre aquéllos. La solución
política por la que abogan Bordón y Caputo resultaría de la mediación de un
grupo de países amigos, representados por sus cancilleres. Paralelamente, dicen
los proponentes, se procuraría informar con la máxima amplitud a la opinión
pública de ambas orillas del Plata acerca de todos los aspectos del problema:
estado ambiental presente, datos de contaminación, niveles de producción
proyectados, etc.
En la apreciación de esta propuesta,
cabe resaltar ante todo el ánimo conciliador y constructivo que la inspira. Los
autores señalan el carácter excepcional de los vínculos entre Argentina y
Uruguay, rechazan las actitudes dogmáticas, mezquinas y cortoplacistas, que
sólo sirven para exacerbar los conflictos, y reclaman que ambos países asuman
sus responsabilidades recíprocas, guiados por “un ethos cosmopolita” y atentos
a un enfoque de largo plazo de sus históricas y singulares relaciones.
Imposible no compartir esta manera de acercarse al problema. Los
apasionamientos nacionalistas pueden resultar sumamente dañinos; si nos dejamos
arrastrar por ellos, todos vamos a salir perdiendo.
También es compartible, sin reservas,
el reclamo de transparencia en todos los aspectos de la cuestión. Para empezar,
hay que darle publicidad a esos informes técnicos elaborados por un laboratorio
canadiense que desde hace años llegan periódicamente a la CARU y que, no
sabemos por qué, Argentina no quiere librar al conocimiento público. Todos
tenemos derecho a saber de qué se trata. Y no olvidemos que los primeros
interesados en saber fehacientemente lo que ocurre no han de ser los habitantes
de la ciudad de Gualeguaychú, que dista más de 20 km de la planta de UPM, sino
nuestros compatriotas de Fray Bentos, que viven al lado de ella y corriente
abajo del efluente.
Llegamos ahora al núcleo de la
propuesta de Caputo y Bordón, que es la búsqueda de una solución negociada al
diferendo, a través de la mediación de países amigos. Aquí tenemos que ir con
cuidado.
Sin duda, una solución acordada por
ambas partes es preferible a una solución impuesta por un fallo judicial Pero
no es lo mismo una solución acordada por las partes, que una solución
recomendada por un grupo de países amigos. La primera no puede existir,
obviamente, sin nuestro consentimiento. A la segunda no se llegaría sin oírnos,
pero después de haberlo hecho nuestros amigos podrían llegar a la conclusión de
que para superar el diferendo es Uruguay el que tiene que hacer las mayores
concesiones, por aquello de que “el hilo se corta por lo más delgado”. Los
“países amigos” podrán ser amigos, pero antes son países, y como tales
defienden sus respectivos intereses nacionales. En este plano seguramente es
más importante para nuestros socios de la Unasur congraciarse con Argentina que
hacerlo con Uruguay. Recuerde el lector qué ocurrió cuando el gobierno uruguayo
quiso llevar la disputa por la planta de Botnia (todavía no la había comprado
UPM) a los órganos del Mercosur: Brasil se opuso, diciendo que se trataba de un
asunto bilateral entre Argentina y Uruguay; ni siquiera el grandote del barrio
quiso disgustar a Argentina, su “socio estratégico”. No podemos olvidar este
antecedente.
Ante una Corte de Justicia, tenemos un
buen caso. A la hora de discutir si la planta de UPM respeta o no las normas a
las que debe ajustar su funcionamiento, importarán los datos científicos, no
los discursos políticos ni las operaciones mediáticas. No tiene por qué
asustarnos, pues, la perspectiva de tener que ir otra vez a La Haya.
No se trata de que no haya que buscar
soluciones negociadas; reitero que debemos buscarlas siempre. Sería bueno
también que algunos países amigos ayudaran a recrear un clima de diálogo
constructivo entre Argentina y Uruguay (y también en este sentido es positiva
la propuesta de Caputo y Bordón). Pero confiar a terceros el diseño de una
solución política es otra cosa, que no deberíamos aceptar. Si de terceros se
trata, que sean jueces, como los de La Haya, y que resuelvan por Derecho; en
ese terreno somos mucho más fuertes que en cualquier otro.
Es cierto que, para la sabiduría
popular, “más vale un mal arreglo que un buen pleito”; pero como nos enseñaba
Tarigo en la Facultad de Derecho, “muchas veces los malos arreglos terminan en
peores pleitos”. A no olvidarlo.
(*) Abogado. Senador de la República
No hay comentarios:
Publicar un comentario