Abogado hizo que exgerente general cobrara $ 3
millones.
El ministro de Economía, Fernando Lorenzo,
protagonizó varios cruces con legisladores de la oposición en su comparecencia
a las comisiones de Transporte del Senado y Diputados el miércoles 11.
Lorenzo
concurrió junto al ministro de Transporte, Enrique Pintado, a explicar los
contenidos del proyecto de ley por el cual se liquidaba a Pluna S.A.
El senador
Pedro Bordaberry, líder de Vamos Uruguay-Partido Colorado, cuestionó la
contratación del abogado Ricardo Olivera García -cuyo nombre fue mencionado por
Lorenzo- para la elaboración del proyecto de liquidación por su calidad de
exasesor legal de Leadgate (socio mayoritario de Pluna S.A.), tal como consta
en la versión taquigráfica a la que accedió el diario El País.
"El
Estado uruguayo, en salvaguarda de los intereses de los uruguayos, contrató al
estudio jurídico que defendió al señor (Matías) Campiani en el reclamo en su
contra, y logró la cláusula de indemnidad. ¡No sé si a los señores senadores y
a los señores diputados les queda claro qué es esto! El redactor de este
proyecto de ley es quien asesoró y asistió al señor Campiani, consiguiendo que
cobrara $ 3.000.000. Es bueno que esto se sepa porque creo que es grave",
afirmó Bordaberry.
Lorenzo se
encargó de responder a Bordaberry y señaló que "Pluna S.A. contrató el
asesoramiento jurídico del doctor Ricardo Olivera García, quien trabajó en
conjunto con un extenso y nutrido grupo de profesionales de los Ministerios de
Transporte y Obras Públicas y de Economía y Finanzas" para la elaboración
del proyecto porque "la experiencia de este profesional en materia
concursal, y en Derecho Comercial era un ingrediente relevante de nuestra parte
para asegurar la calidad de la norma que íbamos a someter a consideración del
Parlamento".
Lorenzo dijo
no comprender que pueda ser cuestionada la opción de elegir a Olivera. "Si
esto plantea un problema ético o moral, ello escapa a lo que es la actitud con
la que se procedió a la contratación del doctor Olivera García", remarcó.
En tanto,
legisladores de la oposición cuestionaron el argumento informado días atrás por
el gobierno para el cierre de Pluna S.A, referido a la posibilidad de que la
aerolínea se viera afectada por una demanda de US$ 3.500 millones por parte de
7.000 exempleados de Varig. El senador Carlos Moreira indicó que las
contingencias judiciales eran advertidas desde el año 2007, según consta en los
balances auditados por la consultora KPMG.
Por su
parte, Lorenzo remarcó que el cierre de la compañía se debe en primer lugar
"a la insuficiencia patrimonial y al estado de cesación de pagos".
Reconoció que "desde hace tiempo la empresa tiene un conjunto amplio de
contingencias cuyo alcance, dimensión y riesgos son conocidos en el caso de
algunas, pero no completamente evaluados en otras".
Fuente:
El País Digital
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