Ope Pasquet (*)
No
conforme con haber dado su voto para sancionar a Paraguay como socio del Mercosur,
el gobierno uruguayo decidió dar todavía un paso más y ahora dice que no
reconoce al gobierno del presidente Franco. La Cancillería instruyó al personal
diplomático para que se abstenga de todo acto que pueda implicar, siquiera
tácitamente, tal reconocimiento.
Reconocer que un gobierno existe como tal, y reconocer
que además de ello reúne las calidades necesarias para integrar una asociación
determinada –como el Mercosur o la OEA, por ejemplo- son dos cosas distintas.
Así lo enseña, desde hace muchos años, la cátedra de Derecho Internacional
Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.
Ya desde los años cincuenta sostenía Eduardo Jiménez
de Aréchaga –quien llegó a ser presidente de la Corte Internacional de Justicia
de La Haya- que el reconocimiento de gobiernos es asunto jurídico, y no
político. De esa manera se evita el uso del reconocimiento como un instrumento
de presión política sobre un estado, en violación del principio de no
intervención.
Para que el gobierno de un estado deba ser reconocido
como tal por la comunidad internacional, ha de reunir ciertos requisitos. Ante
todo, debe ejercer efectivamente su autoridad sobre la maquinaria
administrativa del estado, con la aquiescencia de la población (principio de
efectividad). Además, debe tener la capacidad y la voluntad de
cumplir con las obligaciones internacionales del país (principio de
responsabilidad). Finalmente, se requiere que no sea un gobierno impuesto por
potencias extranjeras (gobiernos “títeres”), en violación del Derecho
Internacional.
Dicho de otro modo: la legitimidad democrática no es
requisito para que un gobierno sea reconocido como tal. El Mercosur puede
exigirles esa legitimidad a los gobiernos de los estados miembros, pero solo a
los efectos de esa membresía, y no más allá.
Aún quienes sostengan que el actual gobierno paraguayo
es el producto de un golpe de estado (opinión que, como es notorio, no
compartimos), tendrán que admitir que satisface todos los requisitos exigibles
para ser reconocido como gobierno del Paraguay, en la acepción estrictamente
jurídica de la expresión. Ese reconocimiento, a su vez, no sería obstáculo para
que quienes piensen que el actual gobierno paraguayo se constituyó de manera
violatoria de la cláusula democrática del Mercosur, siguieran sosteniéndolo y
actuando en consecuencia dentro del Mercosur. Son cuestiones distintas, como se
ve, y así deben tratarse.
Más allá de la discrepancia acerca de si la remoción
del presidente Lugo fue un “golpe de estado parlamentario” o una crisis
política resuelta de conformidad con la Constitución del Paraguay, pensamos que
el gobierno uruguayo vuelve a equivocarse, agravando el error inicial, cuando
no sólo no reconoce al gobierno del presidente Franco como gobierno
democrático, sino que ni siquiera lo reconoce como gobierno a secas. De esta
manera se profundiza innecesariamente la zanja abierta entre Uruguay y
Paraguay, lo que no es justo para con el Paraguay, ni bueno para ninguno de los
dos estados.
(*) Abogado. Senador de la República
(Vamos Uruguay – Partido Colorado)
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