El
Parlamento comenzó ayer el estudio del tratado de intercambio de información
tributaria con Argentina, que contiene además, como se sabe, normas para evitar
la doble imposición. La Comisión de Asuntos Internacionales del Senado recibió
a una nutrida delegación del Poder Ejecutivo, encabezada por el ministro de
Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, y el ministro interino de Relaciones
Exteriores, Roberto Conde (el canciller Almagro no está en el país).
La presentación del tema corrió por
cuenta del ministro Lorenzo. En una extensa exposición, clara y precisa, el
titular de Economía abogó enérgicamente por la aprobación del tratado, que
considera indispensable para satisfacer las exigencias de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y su instrumento, el Foro
Global para la Transparencia en materia fiscal. Según Lorenzo, no aprobar el
acuerdo expondría al país a ser considerado “miembro no cooperante” por esas
organizaciones, lo que a su vez podría tener consecuencias desfavorables
importantes (ser considerado “no elegible” para recibir préstamos por
instituciones como el Banco Mundial, por ejemplo). Por el contrario: aprobar el
tratado con Argentina y luego otro similar (no igual) con Brasil, ya redactado
y actualmente en etapa de revisión técnica en ambos países, pondría a Uruguay
al día en el cumplimiento de los compromisos asumidos con el Foro Global y
fortalecería el prestigio del que ya goza el país.
Roberto Conde, por su parte, reconoció
que el tema tiene otra faceta que es la constituida por la relación bilateral
entre Uruguay y Argentina, pero precisó que para el gobierno lo prioritario es
cumplir con la OCDE y su Foro Global. Con lenguaje sumamente cuidadoso, Conde
admitió la existencia de problemas serios en la relación con Argentina, pero
negó que la agenda oportunamente acordada en Anchorena por los presidentes
Mujica y Fernández se encuentre bloqueada. Se sigue trabajando, afirmó, y la
aprobación parlamentaria del tratado de intercambio de información fiscal será
un paso más en el camino que los dos países platenses se propusieron
recorrer.
Creo que la situación podría
representarse gráficamente con una de esas figuras en las que el observador
puede ver una cosa u otra, según que ponga su atención en la forma o en el
fondo. Para el gobierno lo más importante es cumplir con la OCDE, y desde esa
perspectiva es claro que hay que aprobar el tratado. Para nosotros, lo que nos
apremia hoy es el estado de las relaciones con Argentina, y vistas las cosas
desde este ángulo no se advierte porqué hay que conceder ya lo que a Argentina
le conviene (obtener información para cobrar impuestos que hoy no está
cobrando), a un costo importante para Uruguay (depósitos bancarios, inversiones
en inmuebles y construcción, etc.) mientras sigue trabado lo que nos interesa a
nosotros (poder exportar al mercado argentino sin restricciones arbitrarias,
mantener y profundizar el canal Martín
García, autorizar obras nuevas en Nueva Palmira, publicar de una buena vez los
resultados del estudio de los efluentes de UPM, etc.).
La política de las concesiones
unilaterales a Argentina no ha dado buenos resultados para el Uruguay; a la
vista está. Se necesita respeto mutuo y reciprocidad, para avanzar por el
camino de la cooperación mutuamente satisfactoria. Mientras falten estos
elementos, hacer nuevas concesiones no sólo tendrá el costo inherente a cada
una de ellas, sino que será visto desde la otra orilla como una señal de
debilidad, que alentará nuevas exigencias.
(*) Abogado. Senador de la República
(Vamos Uruguay – Partido Colorado)
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