En una de mis primeras columnas en Voces, allá por junio de 2010, me referí, entre otros “Temas electorales sobre la mesa”, que así la titulé, al famoso tema de los cargos de la oposición en el gobierno, que ha vuelto al tapete en las últimas semanas.
En particular, me referí a la forma de
elección de los representantes partidarios en los cargos de dirección en el
sector público. Señalé entonces en Voces: “Por lo que he visto en los últimos
seis períodos de gobierno, hay básicamente tres fuentes diversas para la
elección de los nombres a ocupar puestos de dirección en el sector público.
Una, los amigos y el entorno del líder partidario o sectorial. Dos, dirigentes
que perdieron la elección y no salieron electos en las posiciones para las que
se postularon (los llamados “premios consuelo”). Y tres, personas con
experiencia y conocimiento específico en la materia sobre la cual deberán
trabajar desde el cargo para el cual son designados. Ha sido tradición en los
partidos tradicionales, y valga el juego de palabras, abundar en designaciones
provenientes de la segunda fuente y en menor medida de la primera de las
referidas. Excepcionalmente, de la tercera. En el período de gobierno anterior,
elogié públicamente las designaciones efectuadas por el Frente Amplio ya que la
norma fue la tercera fuente y la excepción las otras. En el actual período, y
volviendo a los partidos tradicionales, he visto con la misma satisfacción la
lista de nombres que ha comunicado al Poder Ejecutivo el sector del senador
Bordaberry”.
En las últimas semanas el tema volvió
por sus fueros y se dio un intenso intercambio conceptual entre las figuras más
destacadas del gobierno y de la oposición. Que deben dejar los cargos si se
oponen a todo, que nos debemos quedar para controlarlos, que qué se van a ir si
quedarían desocupados, que la Constitución es la que nos dio los cargos y no el
gobierno, etcétera, etcétera.
La piedra de toque de este capítulo
fueron declaraciones de la senadora Topolansky, quien reclamó los cargos a la
oposición dado que según ella, ésta criticaba y se oponía a todo lo que
planteaba el gobierno. Pero en realidad la concesión de los cargos, en su
momento, no fue parte de una “cláusula de paz” o de un “pacto de silencio”
sino, en todo caso, la contrapartida de la suscripción de determinados
acuerdos.
Antes de entrar en materia, quiero
hacer una precisión que creo que viene al caso, porque es frecuente, cuando se
trata este tema, que se diga que no es el gobierno el que concede a la
oposición los cargos sino que es la propia Constitución. Veamos lo que dice la
Carta en su artículo 187, que norma la designación de los miembros de los
Directorios de los entes autónomos y servicios descentralizados:
“Los miembros de los Directorios y los
Directores Generales que no sean de carácter electivo, serán designados por el
Presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros, previa venia
de la Cámara de Senadores, otorgada sobre propuesta motivada en las condiciones
personales, funcionales y técnicas, por un número de votos equivalente a tres
quintos de los componentes elegidos conforme al artículo 94, inciso primero.
Si la venia no fuese otorgada dentro
del término de sesenta días de recibida su solicitud, el Poder Ejecutivo podrá
formular propuesta nueva, o reiterar su propuesta anterior, y en este último
caso deberá obtener el voto conforme de la mayoría absoluta de integrantes del
Senado.
La ley por tres quintos de votos del
total de componentes de cada Cámara podrá establecer otro sistema de
designación”.
Si bien el primer inciso, por aquello
de las “condiciones personales, funcionales y técnicas” (véase que dice “y” y
no “o”, por lo que deben darse las tres condiciones a la vez) daría para
elaborar profusamente, me interesa en particular el segundo inciso del artículo
citado, porque demuestra que el Frente Amplio, con mayoría propia en el Senado,
no necesitaba de los votos de la oposición para efectuar la vasta mayoría de
las designaciones. Así que es correcto decir que se trató de una concesión del
gobierno, a la que éste no estaba obligado, y no de un derecho otorgado a la
oposición por la Constitución.
Cabe señalar que también hubo otras
designaciones, en cargos que no requieren de la venia del Senado sino de una
decisión del Ejecutivo o de otros organismos y en esos cargos también se
concedió a la oposición su participación.
Volviendo al tema, a partir del pasado
fin de semana se conocieron definiciones concretas de los diferentes sectores
de la oposición sobre la permanencia o no de sus representantes en los cargos.
Primero fue el senador Bordaberry,
quien en representación de su sector expresó el sábado, con toda lógica, que
“parecería que el acuerdo firmado en el inicio del gobierno no se va a cumplir
más, y por eso entendemos que el Partido Colorado tiene que poner a disposición
del Poder Ejecutivo todos los cargos que ocupa”. Dijo que haría ese planteo al
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) colorado. La decisión implicaría renunciar a
los cargos en entes públicos, y excluiría, coherentemente, aquellos casos en
los que con su propia mayoría, el Frente Amplio no puede designar (Tribunal de
Cuentas y Corte Electoral, órganos propiamente de contralor).
Rápidamente reaccionó el senador Heber,
Presidente del Directorio del Partido Nacional, quien en representación de su
partido dijo estar sorprendido por las declaraciones de su colega colorado y
descartó acompañar tal actitud basado en el “derecho constitucional de los
contribuyentes”.
Finalmente el senador Amorín, del
sector minoritario del Partido Colorado, también se manifestó sorprendido con
la posición del sector mayoritario de su partido y expresó que a priori no la
compartía.
En la tarde del lunes, el CEN colorado
resolvió que cada sector actúe con independencia de criterio. Como consecuencia
de ello, el sector mayoritario, de Bordaberry, confirmó que sus integrantes
habrán de renunciar a sus cargos, mientras que los restantes sectores
resolvieron mantener sus respectivas posiciones en los entes públicos.
Debo decir que las respectivas
reacciones de los diferentes sectores y partidos de la oposición no me
sorprendieron, porque entiendo que cada cual actuó en forma coherente con el
tipo de designaciones que en su momento realizó. Y a buen entendedor pocas
palabras bastan.
Creo que con la situación que se
planteó en las últimas semanas, a la oposición se le presentó una buena
oportunidad para darle un claro y contundente mentís a quienes, como el
Presidente, piensan que quienes ocupan esos cargos podrían quedar desocupados
en caso de cesar, quizá porque presume que no tienen posibilidades alternativas
de empleo, dadas sus capacidades. Y a las personas que, como yo, sostienen lo
que hace dos años escribí en estas páginas que, vistas las reacciones que en la
ocasión recibí, son unos cuantos. Y, también, a los mal pensados que creen que
se trata, además, de una fuente de financiamiento de los partidos y los
sectores políticos.
Precisamente, ese es otro aspecto
lateral al tema central y que sería interesante que algún periodista dedicado a
la investigación encarara, de modo de ilustrar mejor a los ciudadanos y
contribuyentes al respecto: en qué medida estos cargos contribuyen a las
finanzas partidarias y sectoriales. Y a esto no se refirió el Presidente Mujica
porque le comprenden las generales de la ley, y más que al resto, en la medida
en que en su sector la mayor parte de las remuneraciones de los funcionarios
van para el sector y no para el titular del cargo.
Y creo que sólo el sector del senador
Bordaberry aprovechó, en la oposición,
la oportunidad para tener una actitud encomiable en el caso.
(*) Economista.
Fuente: Semanario Voces
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