Dudas, siempre dudas

Por Daniel Bianchi (*)

Instaurada durante la primera Presidencia del Dr. Julio Mª Sanguinetti a través de la Ley Nº 15.785 del 4 de diciembre de 1985, la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) es una persona jurídica de derecho público no estatal, que en sus relaciones con terceros se rige por el Derecho Privado.

Su capital es en la actualidad propiedad del Estado en su totalidad, si bien legalmente está contemplada la participación accionaria de actores privados hasta en un 40%.

Sus actividades están dirigidas fundamentalmente al desempeño en tres áreas: 1) apoyo al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas incentivando el desarrollo empresarial e implementando políticas económicas sectoriales fomentando la investigación, intercambio e incorporación de tecnología; 2) apoyo y asesoramiento legal respecto al área de infraestructura y participación público-privada; y 3) instrumentación y administración de fideicomisos.

En el texto, todo brilla. Pero la labor de la CND, con su actual integración, está hoy en tela de juicio.

En lo que tiene que ver con la tercera área, por ejemplo, la Ley de Presupuesto vigente instrumentó un fideicomiso de infraestructura de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), denominado Fondo de Infraestructura Pública, con el objetivo de contribuir al crecimiento, mejoramiento y rehabilitación de obras en colegios, liceos y escuelas técnicas del país. Así, a mediados del año 2011 a través de la CND el gobierno comenzó a concebir las obras de carácter prioritario, pero la discrepancia entre la CND y la ANEP respecto al monto que aquella cobraría por la administración del Fondo, determinó un atraso de varios meses en el inicio de los trabajos. El gobierno anunció que, a fines del pasado mes de julio un 75% de las obras tendría que estar completo, y que en setiembre del presente año -o sea, en poco más de un mes- estarían culminadas las 212 obras estipuladas, pero a la fecha se estima que ni siquiera se ha logrado completar el 20%.

Lo cierto es que la capacidad administrativa de la CND está en tela de juicio. Los vaivenes políticos y las diferencias en la interna oficialista, determinaron, por ejemplo, que su Presidencia se viera modificada cinco veces durante los últimos siete años, ocupando dicho cargo Álvaro García Rodríguez, Martín Dibarboure, Juan Arturo Echevarría, Luis Porto y Adriana Rodríguez, sucesivamente.

La incertidumbre que se cierne sobre la empresa textil Agolan S.A., de Juan Lacaze, cuyo único accionista es la CND, es a esta altura mítica. Las divergencias respecto a ese proyecto han tenido lugar conforme varían las autoridades del organismo con los consecuentes desencuentros políticos internos. Así, mientras por un lado Agolan presentaba su “colección temporada 2012/2013 siguiendo las tendencias internacionales de la moda” conjugando “la nobleza de la lana con una colección elaborada por el nuevo Equipo de Diseño” y anunciaba la “incorporación de maquinaria italiana para modificar su layout  (diseño) ajustándose a los cambios de mercado y producir tejidos más livianos”, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informaba que había capitalizado con casi 50 millones de pesos a la CND como consecuencia de las pérdidas generadas en 2011 (casi 100 millones de pesos) en su patrimonio a raíz de su participación en Agolan, y el propio sindicato anunciaba la posible pérdida de casi 170 puestos de trabajo.

En los últimos días, algunos actores políticos han insistido casi tozudamente con que el nuevo edificio del Hospital de Colonia -cuya partida presupuestal, contrariamente a lo anunciado por legisladores oficialistas de nuestro departamento y por ASSE fue excluida de la Rendición de Cuentas actualmente a estudio del Parlamento- será construido a través del sistema de Participación Público-Privada (PPP), que administra la CND.

Pero las dudas son muchas.

Si bien estarían reunidas las condiciones y como marca la ley ASSE encargaría a una persona de derecho privado (la CND) por un período determinado, el diseño, la construcción y la operación de infraestructura, además de la financiación, un requisito que establecen las disposiciones generales de la ley es que los PPP solo podrán celebrarse cuando previamente se hayan descartado otras modalidades alternativas de contratación. Lo que hasta la fecha no se ha hecho.

En la modalidad de contrato PPP se contemplan las obras viales -incluida la caminería rural-, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias, las de infraestructura energética, las de tratamiento y disposición de residuos, cárceles, centros de salud, centros de educación, vivienda de interés social, complejos deportivos y obras de mejoramiento, equipamiento y desarrollo urbano.

Una de esas dudas es, precisamente, la falta de confianza en la actuación de la CND respecto a los PPP que se manifiesta desde la interna del propio gobierno, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), que criticó duramente la lentitud del organismo en los procesos.

Una segunda vacilación es que a ello debe agregarse que para cada proyecto el organismo contratante -en este caso ASSE- deberá designar una Comisión Técnica Asesora para las etapas del procedimiento de contratación, integrada por un mínimo de tres y un máximo de cinco miembros, dos de los cuales deben pertenecer a ASSE, lo que podría implicar nuevas diferencias internas a la hora de las designaciones.

Y una tercera duda -a la luz de la situación de Agolan-  refiere a la capacidad de la CND al momento de administrar adecuadamente el fideicomiso que debería instrumentarse para la construcción del Hospital.

Por tanto, se confrontan aspectos que no son menores: las diferencias políticas en la interna oficialista, los tiempos demasiado prolongados que maneja la burocracia uruguaya y la falta de practicidad que la administración demuestra en cada tarea que emprende.

No será tarea fácil sobrellevar tantas discordancias.

(*) Médico. Representante Nacional por el Departamento de Colonia (Vamos Uruguay – Partido Colorado)