El SEMANARIO RECONQUISTA es el órgano de prensa de la Agrupación Reconquista del Partido Colorado, fundado por Honorio Barrios Tassano y Carlos Flores. Director Prof. Gustavo Toledo.

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martes, 13 de agosto de 2013

Entre redistribuir y generar riqueza

Por Daniel Bianchi (*)

Puestos a reflexionar acerca del desarrollo de nuestro departamento y del país, se nos presenta nítidamente la necesidad de hacer desaparecer, de una vez y para siempre, varios de los numerosos problemas que cada día enfrenta la sociedad.

Muchos emprendimientos se ven impelidos al fracaso debido a las mezquindades e intereses propios de los seres humanos, y así, cuando lo que debería prevalecer sería el interés común surgido a partir del respaldo de principios sustentados sobre la convicción de que el bien de la sociedad es el bien de todos lo que la integran, los que se imponen son el egoísmo y la vanidad.

En otros casos, lo que domina son las controversias triviales, los cuestionamientos superfluos, las interrogantes livianas (¿Quién fue el responsable?), en lugar de los contenidos profundos (¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo evitamos repetir el error?) que obligan a encontrar una solución.

El individualismo con que muchas veces se actúa es contraproducente a tal grado que, lo que eventualmente debería ser una inmejorable oportunidad de alcanzar un éxito o mejorar alguna faceta de nuestra vida, de nuestra institución o de nuestra sociedad, por errores propios termina siendo un nuevo fracaso cuyos únicos responsables somos nosotros mismos.

Cierto es que la soberbia, la traición y la ingratitud prevalecen en algunas personas a la hora de identificar las bajezas humanas que a todos nos caracterizan, pero no menos cierto es que a cada paso también a aquellos se contraponen la humildad, la fidelidad y la lealtad de aquellas personas que orientan su tarea y su trabajo a mejorar su familia, el entorno y la comunidad en que se desenvuelven.

Lo que sucede en una familia, sucede también a nivel del Estado.

Allí donde como una constancia sobrevienen las bajas pasiones, se alza cuando menos se lo espera un ejemplo de dignidad o altruismo: el funcionario que no sólo cumple a cabalidad su tarea sino que incluso excede la misma en beneficio de los contribuyentes, por ejemplo.

La posibilidad de mejorar tal vez no se encuentre tan alejada, pero lo cierto es que para ello debemos promover, individualmente, como trabajadores, como empresarios o como nación, políticas de Estado que alienten al crecimiento y al desarrollo por encima del orgullo y la arrogancia.

Una pregunta con resabios ideológicos subyace desde hace tiempo en cuanto escenario sea proclive para ello: ¿apuntamos a la redistribución de los ingresos, como algunos opinan, o apuntamos a generar riqueza, como otros sostienen?

La disyuntiva, desde nuestro punto de vista, no arroja dudas: es una constante a lo largo de la historia que, mientras más se incentive a los individuos a no producir bienes sino a tomarlos de otros que los producen, el modelo fracasa. Y si alguien está produciendo de buena manera y está logrando un avance exitoso (por ejemplo, el sector agropecuario hoy en Uruguay), el Estado busca la manera de quitarle lo producido. Es lo que sucede con los países pobres: enaltecen a un sistema económico predatorio cuyo objetivo es quitarle a los que más trabajan para darle a los que no lo hacen.

De tal forma, lejos estamos de que exista un crecimiento equilibrado y sustentable, habida cuenta que la mejora social de un ciudadano tiene lugar en desmedro de otro.

Apuntar a igualar de esta manera no solamente es un error, sino que es el peor de los errores.

Subsanarlo requiere una orientación firme, y ella comienza con la siembra de hábitos, valores y principios, entre ellos, el del trabajo.

Empecinarse en repartir sin lograr un crecimiento previo, no hace más que profundizar carencias.

Está a la vista.


(*) Médico. Representante por el Departamento de Colonia (Vamos Uruguay – Partido Colorado)

viernes, 14 de diciembre de 2012

La eterna lucha


Por Daniel Bianchi (*)

Una nueva puja de poderes tuvo lugar en los últimos días, cuando el Gobierno Nacional, por motivos políticos, resolvió frustrar la contratación de técnicos elegidos por el Congreso Nacional de Intendentes (CNI) que éste propuso con vistas a obtener asesoramiento en la recuperación de la caminería rural.

El malestar de los jefes comunales quedó en evidencia de inmediato, toda vez que, tras un acuerdo alcanzado por intendentes de todos los partidos políticos, el CNI remitió a la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) un listado conteniendo los nombres de once técnicos para ser contratados con dinero de la cooperación proveniente de España.

Los jefes comunales procuraban, de esta manera, contar con personal capacitado para encarar la reconstrucción de la vialidad rural a ejecutarse con un crédito del Banco Mundial (BM) de 66 millones de dólares y el adelanto presupuestal de 50 millones de la divisa estadounidense de los fondos previstos por la recaudación del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR).

Pero no tenían previsto encontrarse con la negativa de la AUCI.

Esta entidad se creó como órgano desconcentrado en la órbita de la Presidencia de la República en diciembre de 2010, cuando el presidente José Mujica promulgó la Ley Nº 18.719 (Ley de Presupuesto Nacional 2010-2014). El texto determinó que sustituiría en todo al Instituto Uruguayo de Cooperación Internacional creado en agosto de 2007, y estableció que actuaría con autonomía técnica.

El Artículo 98 de la norma establece que la AUCI tiene cometidos de “planificación, diseño, supervisión, administración, coordinación, ejecución, evaluación, seguimiento y difusión de actividades, proyectos y programas de cooperación internacional para dar cumplimiento a las políticas de desarrollo del país”.

Naturalmente, el nacimiento de la repartición trajo de la mano la creación de un cargo de Director Ejecutivo con carácter de particular confianza, que, curiosamente, no es parte de su Consejo Directivo -creado también por aquella ley e integrado por un representante de la Presidencia de la República, que lo preside, por el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y por el Ministro de Relaciones Exteriores- si bien este Consejo puede delegar atribuciones en el Director por unanimidad de sus miembros.

Pero ésta no parece haber sido la opción elegida por la AUCI, ya que no fue el Director Ejecutivo, Martín Rivero, quien comunicó a la Mesa del CNI que no se efectivizarían los contratos, sino el verborrágico prosecretario de la Presidencia de la República, Diego Cánepa.

El rechazo, claro está, no fue bien recibido por los jefes comunales, menos aun cuando éstos supieron que las causas de la negativa eran de índole política, puntualmente debido a la inclusión de algunos técnicos que ya habían trabajado en la OPP en administraciones anteriores, incluida la de Tabaré Vázquez. Y la indignación creció habida cuenta que los técnicos de referencia  habían sido nombrados durante la gestión de la anterior Mesa del CNI, que presidía el jefe comunal de Canelones, afín al oficialismo.

Al igual que sus colegas, el intendente de Colonia, Walter Zimmer, objetó la resolución del Gobierno Central, y sostuvo que la decisión fue “apresurada y pasional, no razonada”, y aseguró que a los técnicos “los ponemos los intendentes”.

En efecto, es el CNI -o las intendencias, individualmente- quien tiene las potestades para contratar a los especialistas que entiendan necesarios para emprender esta o cualquier otra tarea en el ámbito de sus competencias, de conformidad con la Constitución de la República.

La decisión de la AUCI fue incorrecta porque no tiene derecho a veto, y lo que se evidencia claramente es una nueva violación a las autonomías departamentales, que se suma a las ya cometidas por las leyes de Tránsito y Seguridad en el Territorio Nacional (2007), de Ordenamiento Territorial (2008), Interpretativa del Impuesto de Patente de Rodados (2008), de Negociación Colectiva en el Sector Público (2009), de Descentralización y Participación Ciudadana (2009), de Contratos de Participación Público-Privada (2011), de creación del SUCIVE (2011) -el desaguisado más grande, tozudamente impulsado por Cánepa- y la de creación del ICIR (2011).

La violación a las autonomías departamentales es permanente.

Y ello quedó en evidencia una vez más.

(*) Médico. Representante Nacional por el Departamento de Colonia (Vamos Uruguay –Partido Colorado)

sábado, 8 de diciembre de 2012

La batalla por la clase media


Por Daniel Bianchi (*)

Un informe del Banco Mundial (BM) divulgado el pasado martes 13 reveló que la clase media en América Latina aumentó a niveles récord entre los años 2003 y 2009, hasta llegar a constituir un inesperado 30% de la población, pasando de 103 millones de personas a 152 millones.

A efectos del trabajo, se considera como integrante de la “clase media” a una persona que obtiene un salario de entre 10 y 50 dólares al día (entre $ 200 y $ 1000) o una familia de cuatro integrantes de ingresos anuales entre 14.600 y 73.000 dólares.

Curiosamente, al tiempo que trascendía este dato, en forma paralela una frase ganaba el espacio uruguayo en los últimos días: se perdió la batalla por la clase media.

Inequívocamente podría sugerirse que la expresión fue deslizada por algún actor político de la oposición. Pero no fue así. El autor de la misma fue, nada más y nada menos, que el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Fernando Lorenzo.

Que un gobernante asuma un error -y no hablamos de los desatinos de PLUNA- es algo ya de por sí infrecuente, pero que además quien lo hace afirme que la Reforma Tributaria aprobada durante el gobierno de Tabaré Vázquez se hizo "a pesar" de que se perdió "la batalla por la clase media", cuando menos merece una reflexión.

La frase de Lorenzo se incluye en un análisis del economista Andrés Rius presentado el lunes 19 en las Jornadas de Economía del Banco Central, y alude a la polémica reforma que creó el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), un propósito sostenido tozudamente por el partido de gobierno.

Lorenzo, quien fue director de la Asesoría Macroeconómica y Financiera del MEF que encabezara Danilo Astori durante el proceso de la reforma, fue entrevistado para este trabajo, y deslizó la frase mencionada, señalando Rius que “en la afirmación hay implícito un sentimiento de derrota, en una disputa en la que habrían salido airosos los opositores a los cambios”.

En buen romance, la teoría indicaba que el gobierno de Vázquez estaba firmemente convencido de la necesidad de equiparar la relación entre las cargas tributarias y la capacidad contributiva, y en ese escenario, se anunciaba que serían los estratos altos los que asumirían la mayor parte del pago del nuevo impuesto, lo que se veía como un acto de justicia.

No obstante, luego se vio que el IRPF era -tal como había anunciado reiteradamente la oposición- un verdadero impuesto al trabajo, que castigaba más no al que más tenía, sino al que más trabajaba. En resumidas cuentas, el castigo cayó forzosamente sobre las espaldas de la clase media. Lejos de obligar tributariamente a los “poderosos ciudadanos de mayores ingresos”, la reforma afectó principalmente a los “ciudadanos de a pie”, muchos de los cuales respaldaban el cambio pero, inesperadamente, se vieron sorprendidos por encontrarse afectados por la reforma e identificados como tributarios del nuevo impuesto. Esos fueron los primeros decepcionados.

Según Rius, “desde el gobierno se percibió que no se había logrado convencer a un segmento fundamental del electorado de que la reforma no era un ataque a sus intereses, y menos aún que sectores importantes de esas mismas capas medias incluso resultarían favorecidos por los cambios en el esquema tributario”.
Pero lo de Lorenzo no es nuevo.

Ya durante el año 2008, legisladores oficialistas plantearon al equipo económico la situación de la "clase media castigada" por el IRPF. Y la situación entre ambas partes, era claramente contrapuesta. Astori y su equipo aseguraban que "los más débiles no pagan IRPF, se quejan los que ganan $ 50.000, que no se mueren de hambre, y les va muy bien”. Los legisladores del propio Frente Amplio, en cambio, planteaban la necesidad de elevar los montos mínimos imponibles durante aquel año y no en 2009, como preveía Astori. Los reclamantes aseguraban que el IRPF estaba “trayendo problemas", y manejaban la posibilidad de “perder votos” de la clase media. Incluso, Astori se mostró molesto y llegó a afirmar que "es paradójico que la izquierda le haga el favor a los que ganan $ 50.000, o a los profesionales que nunca pagaron…”

La realidad mostraría años más tarde que el IRPF afectaría a la amplísima mayoría de los uruguayos, y en especial a los que percibían bastante menos de $ 50.000: Astori se equivocó.

Con seguridad puede afirmarse que, en Uruguay, la clase media no se identifica con una ideología o un partido político, sino que, antes bien, todos los partidos tienen adherentes afines a todas las clases sociales.

No obstante, no menos cierto es que al incrementarse el gravamen sobre la clase media, se extiende el desencanto de la misma con el gobierno y, en consecuencia, se acrecienta el poder de decisión que ella tiene sobre los procesos electorales.
Y esa potestad, de decidir nada más y nada menos quién tendrá la responsabilidad de dirigir los destinos de un país, no es menor.

Quién sabe si, unos y otros, habrán aprendido la lección.

(*) Médico. Representante Nacional por el Departamento de Colonia (Vamos Uruguay – Partido Colorado) 

viernes, 17 de agosto de 2012

Dudas, siempre dudas


Por Daniel Bianchi (*)

Instaurada durante la primera Presidencia del Dr. Julio Mª Sanguinetti a través de la Ley Nº 15.785 del 4 de diciembre de 1985, la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) es una persona jurídica de derecho público no estatal, que en sus relaciones con terceros se rige por el Derecho Privado.

Su capital es en la actualidad propiedad del Estado en su totalidad, si bien legalmente está contemplada la participación accionaria de actores privados hasta en un 40%.

Sus actividades están dirigidas fundamentalmente al desempeño en tres áreas: 1) apoyo al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas incentivando el desarrollo empresarial e implementando políticas económicas sectoriales fomentando la investigación, intercambio e incorporación de tecnología; 2) apoyo y asesoramiento legal respecto al área de infraestructura y participación público-privada; y 3) instrumentación y administración de fideicomisos.

En el texto, todo brilla. Pero la labor de la CND, con su actual integración, está hoy en tela de juicio.

En lo que tiene que ver con la tercera área, por ejemplo, la Ley de Presupuesto vigente instrumentó un fideicomiso de infraestructura de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), denominado Fondo de Infraestructura Pública, con el objetivo de contribuir al crecimiento, mejoramiento y rehabilitación de obras en colegios, liceos y escuelas técnicas del país. Así, a mediados del año 2011 a través de la CND el gobierno comenzó a concebir las obras de carácter prioritario, pero la discrepancia entre la CND y la ANEP respecto al monto que aquella cobraría por la administración del Fondo, determinó un atraso de varios meses en el inicio de los trabajos. El gobierno anunció que, a fines del pasado mes de julio un 75% de las obras tendría que estar completo, y que en setiembre del presente año -o sea, en poco más de un mes- estarían culminadas las 212 obras estipuladas, pero a la fecha se estima que ni siquiera se ha logrado completar el 20%.

Lo cierto es que la capacidad administrativa de la CND está en tela de juicio. Los vaivenes políticos y las diferencias en la interna oficialista, determinaron, por ejemplo, que su Presidencia se viera modificada cinco veces durante los últimos siete años, ocupando dicho cargo Álvaro García Rodríguez, Martín Dibarboure, Juan Arturo Echevarría, Luis Porto y Adriana Rodríguez, sucesivamente.

La incertidumbre que se cierne sobre la empresa textil Agolan S.A., de Juan Lacaze, cuyo único accionista es la CND, es a esta altura mítica. Las divergencias respecto a ese proyecto han tenido lugar conforme varían las autoridades del organismo con los consecuentes desencuentros políticos internos. Así, mientras por un lado Agolan presentaba su “colección temporada 2012/2013 siguiendo las tendencias internacionales de la moda” conjugando “la nobleza de la lana con una colección elaborada por el nuevo Equipo de Diseño” y anunciaba la “incorporación de maquinaria italiana para modificar su layout  (diseño) ajustándose a los cambios de mercado y producir tejidos más livianos”, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informaba que había capitalizado con casi 50 millones de pesos a la CND como consecuencia de las pérdidas generadas en 2011 (casi 100 millones de pesos) en su patrimonio a raíz de su participación en Agolan, y el propio sindicato anunciaba la posible pérdida de casi 170 puestos de trabajo.

En los últimos días, algunos actores políticos han insistido casi tozudamente con que el nuevo edificio del Hospital de Colonia -cuya partida presupuestal, contrariamente a lo anunciado por legisladores oficialistas de nuestro departamento y por ASSE fue excluida de la Rendición de Cuentas actualmente a estudio del Parlamento- será construido a través del sistema de Participación Público-Privada (PPP), que administra la CND.

Pero las dudas son muchas.

Si bien estarían reunidas las condiciones y como marca la ley ASSE encargaría a una persona de derecho privado (la CND) por un período determinado, el diseño, la construcción y la operación de infraestructura, además de la financiación, un requisito que establecen las disposiciones generales de la ley es que los PPP solo podrán celebrarse cuando previamente se hayan descartado otras modalidades alternativas de contratación. Lo que hasta la fecha no se ha hecho.

En la modalidad de contrato PPP se contemplan las obras viales -incluida la caminería rural-, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias, las de infraestructura energética, las de tratamiento y disposición de residuos, cárceles, centros de salud, centros de educación, vivienda de interés social, complejos deportivos y obras de mejoramiento, equipamiento y desarrollo urbano.

Una de esas dudas es, precisamente, la falta de confianza en la actuación de la CND respecto a los PPP que se manifiesta desde la interna del propio gobierno, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), que criticó duramente la lentitud del organismo en los procesos.

Una segunda vacilación es que a ello debe agregarse que para cada proyecto el organismo contratante -en este caso ASSE- deberá designar una Comisión Técnica Asesora para las etapas del procedimiento de contratación, integrada por un mínimo de tres y un máximo de cinco miembros, dos de los cuales deben pertenecer a ASSE, lo que podría implicar nuevas diferencias internas a la hora de las designaciones.

Y una tercera duda -a la luz de la situación de Agolan-  refiere a la capacidad de la CND al momento de administrar adecuadamente el fideicomiso que debería instrumentarse para la construcción del Hospital.

Por tanto, se confrontan aspectos que no son menores: las diferencias políticas en la interna oficialista, los tiempos demasiado prolongados que maneja la burocracia uruguaya y la falta de practicidad que la administración demuestra en cada tarea que emprende.

No será tarea fácil sobrellevar tantas discordancias.

(*) Médico. Representante Nacional por el Departamento de Colonia (Vamos Uruguay – Partido Colorado)

sábado, 14 de julio de 2012

PLUNA será historia


Por Daniel Bianchi (*)

Tras suspender en principio los vuelos en forma indefinida, el gobierno que encabeza el Presidente de la República, José Mujica, declaró en quiebra a la aerolínea de bandera uruguaya, PLUNA, y el lunes de la presente semana, 9 de julio, presentó un proyecto de ley al Parlamento Nacional por el cual se aprueba el remate de los aviones de la empresa estatal y se traspasan las frecuencias y las líneas a una empresa privada.

La causa fundamental de la quiebra es la mala situación económico-financiera, cuyo pasivo asciende a más de 300 millones de dólares, sin tomar en cuenta algunos aspectos judiciales tales como los juicios que PLUNA enfrenta de parte de los trabajadores de su ex socia VARIG, sobre cuyas cifras el gobierno y la oposición, y ni siquiera el propio gobierno internamente, se ponen de acuerdo.

La asociación de PLUNA con el Consorcio Leadgate, cuya figura principal es el empresario argentino Matías Campiani, fue promovida durante el año 2006 por el entonces Presidente de la República, Tabaré Vázquez, junto al entonces ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori -actual Vicepresidente de la República- y el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, y se concretó en el año 2007.

Pero si bien el proceso de disolución de una empresa que soportó épocas buenas, regulares y malas desde su fundación el 20 de noviembre de 1936 -por los hermanos Jorge y Alberto Vázquez Vaeza, que para desarrollar su emprendimiento contaron con el apoyo técnico y financiero de quien por entonces era el Embajador de Gran Bretaña en nuestro país (1934 - 1941), Sir Eugen Millington Drake, activo participante en la vida social de nuestro país, y decisivo para que el gobierno uruguayo obligara a retirarse del puerto montevideano al buque alemán “Almiral Graf Spee” durante la Batalla del Río de la Plata- acoge un dejo de tristeza, lo que llama la atención es la forma de proceder del gobierno nacional.

Horas antes, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, en su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja -permítasenos la digresión de señalar que, curiosamente, en esta oportunidad ni Mujica ni el inefable Prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, aparecieron- había hecho el anuncio, el triste anuncio, que de ninguna manera se llevaría adelante una revisión presupuestal para hacer frente a la crisis, ya que PLUNA S.A. era una empresa privada y no correspondía que el Estado se responsabilizara por el déficit que hubiera generado.

Pero, tal vez lo más grave, sea que el ministro anunció que, tras la subasta de siete aviones de la aerolínea, la prioridad será el pago a los acreedores hipotecarios, y luego de los créditos laborales. Pero, de esta forma, ni la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP), ni el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), recuperarán los 28 y 19 millones de dólares que se les deben, respectivamente, ni -lo que es aún mucho peor- los 70.000 pasajeros que habían comprado sus pasajes adelantados a un costo de alrededor de 7 millones de dólares, recuperarán su dinero.

El Estado uruguayo no asumirá su deuda.

Y de tal suerte, la imagen de honradez forjada en la fragua de años de buen comportamiento crediticio que durante décadas caracterizó al gobierno de Uruguay, se ve derribada, sin pena ni gloria, de la noche a la mañana.

Y como si todo ello fuera poco, el proyecto de ley -que el Senado de la República consideraba este miércoles para trasladarlo luego a la Cámara de Representantes, que comenzaría su discusión el próximo lunes 16- no especifica la situación jurídica en la que quedarán los empleados que deberán realizar mantenimiento en aeronaves.

Mientras tanto, el Gobierno no sólo no asume responsabilidades, sino que, además, se niega rotundamente a llevar adelante cualquier tipo de investigación. Y ello a pesar de que la propia senadora oficialista, Lucía Topolansky, admitió que lo de PLUNA era un “vaciamiento”.

Curioso proceder para quienes, no hace tanto tiempo, reclamaban transparencia y honestidad.

¡Cuánta mala memoria!

(*) Médico. Representante Nacional por el Departamento de Colonia (Vamos Uruguay-Partido Colorado)

miércoles, 29 de febrero de 2012

Colorados entregarán 350.000 firmas a Corte Electoral por imputabilidad

Daniel Bianchi, diputado de Vamos Uruguay por el departamento de Colonia, señaló a radio El Espectador que el próximo 10 de abril el Partido Colorado presentará 350.000 firmas a la Corte Electoral para bajar la edad de imputabilidad a través de una reforma de la Constitución.

“El Partido Colorado cuenta con 350.000 firmas válidas, y Unidad Nacional también ha recolectado una cantidad muy importante. Este número daría y sobraría para que el plebiscito se lleve adelante en la próxima elección”, informó el diputado de Vamos Uruguay.

Por otra parte, Bianchi reflexionó que con la firma del pacto educativo otra instancia de recolección de firmas a partir de una iniciativa colorada ha quedado a un lado: la que procuraba la instalación de una universidad en el interior del país. 

“Creo que la propuesta de recolección de firmas por educación aceleró este llamado del presidente Mujica a los demás partidos. Ahora vamos a concretar toda esta cantidad de acuerdos que felizmente tenemos sobre la mesa”, señaló Bianchi. 
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