Por
Daniel Bianchi (*)
Una
nueva puja de poderes tuvo lugar en los últimos días, cuando el Gobierno
Nacional, por motivos políticos, resolvió frustrar la contratación de técnicos
elegidos por el Congreso Nacional de Intendentes (CNI) que éste propuso con
vistas a obtener asesoramiento en la recuperación de la caminería rural.
El malestar de los jefes comunales
quedó en evidencia de inmediato, toda vez que, tras un acuerdo alcanzado por
intendentes de todos los partidos políticos, el CNI remitió a la Agencia
Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) un listado conteniendo los nombres
de once técnicos para ser contratados con dinero de la cooperación proveniente
de España.
Los jefes comunales procuraban, de esta
manera, contar con personal capacitado para encarar la reconstrucción de la
vialidad rural a ejecutarse con un crédito del Banco Mundial (BM) de 66
millones de dólares y el adelanto presupuestal de 50 millones de la divisa
estadounidense de los fondos previstos por la recaudación del Impuesto a la
Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR).
Pero no tenían previsto encontrarse con
la negativa de la AUCI.
Esta entidad se creó como órgano
desconcentrado en la órbita de la Presidencia de la República en diciembre de
2010, cuando el presidente José Mujica promulgó la Ley Nº 18.719 (Ley de
Presupuesto Nacional 2010-2014). El texto determinó que sustituiría en todo al
Instituto Uruguayo de Cooperación Internacional creado en agosto de 2007, y
estableció que actuaría con autonomía técnica.
El Artículo 98 de la norma establece
que la AUCI tiene cometidos de “planificación, diseño, supervisión,
administración, coordinación, ejecución, evaluación, seguimiento y difusión de
actividades, proyectos y programas de cooperación internacional para dar
cumplimiento a las políticas de desarrollo del país”.
Naturalmente, el nacimiento de la
repartición trajo de la mano la creación de un cargo de Director Ejecutivo con
carácter de particular confianza, que, curiosamente, no es parte de su Consejo
Directivo -creado también por aquella ley e integrado por un representante de
la Presidencia de la República, que lo preside, por el Director de la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y por el Ministro de Relaciones Exteriores-
si bien este Consejo puede delegar atribuciones en el Director por unanimidad
de sus miembros.
Pero ésta no parece haber sido la
opción elegida por la AUCI, ya que no fue el Director Ejecutivo, Martín Rivero,
quien comunicó a la Mesa del CNI que no se efectivizarían los contratos, sino
el verborrágico prosecretario de la Presidencia de la República, Diego Cánepa.
El rechazo, claro está, no fue bien
recibido por los jefes comunales, menos aun cuando éstos supieron que las
causas de la negativa eran de índole política, puntualmente debido a la
inclusión de algunos técnicos que ya habían trabajado en la OPP en
administraciones anteriores, incluida la de Tabaré Vázquez. Y la indignación
creció habida cuenta que los técnicos de referencia habían sido nombrados durante la gestión de
la anterior Mesa del CNI, que presidía el jefe comunal de Canelones, afín al
oficialismo.
Al igual que sus colegas, el intendente
de Colonia, Walter Zimmer, objetó la resolución del Gobierno Central, y sostuvo
que la decisión fue “apresurada y pasional, no razonada”, y aseguró que a los
técnicos “los ponemos los intendentes”.
En efecto, es el CNI -o las
intendencias, individualmente- quien tiene las potestades para contratar a los
especialistas que entiendan necesarios para emprender esta o cualquier otra
tarea en el ámbito de sus competencias, de conformidad con la Constitución de
la República.
La decisión de la AUCI fue incorrecta
porque no tiene derecho a veto, y lo que se evidencia claramente es una nueva
violación a las autonomías departamentales, que se suma a las ya cometidas por
las leyes de Tránsito y Seguridad en el Territorio Nacional (2007), de
Ordenamiento Territorial (2008), Interpretativa del Impuesto de Patente de
Rodados (2008), de Negociación Colectiva en el Sector Público (2009), de
Descentralización y Participación Ciudadana (2009), de Contratos de
Participación Público-Privada (2011), de creación del SUCIVE (2011) -el
desaguisado más grande, tozudamente impulsado por Cánepa- y la de creación del
ICIR (2011).
La violación a las autonomías
departamentales es permanente.
Y ello quedó en evidencia una vez más.
(*) Médico. Representante Nacional por
el Departamento de Colonia (Vamos Uruguay –Partido Colorado)
No hay comentarios:
Publicar un comentario