El diputado
colorado Fitzgerald Cantero (Vamos Uruguay) afirmó que el ministro de
Desarrollo Social, Daniel Olesker, "mintió" cuando compareció ante la
Comisión de Población de la Cámara Baja el pasado jueves. "En la comisión
nos dijo que el miércoles había hablado con el presidente del Tribunal de
Cuentas y que este le había asegurado que se levantaba la observación sobre el
contrato con el Centro de Participación Popular (CPP) por la presencia de
técnicos en la ONG. Hablé hoy de mañana (martes) con el presidente del
Tribunal, Siegbert Rippe, y me aseguró que no habló con Olesker y que de
haberlo hecho no le habría dicho el contenido de una resolución", dijo
Cantero al diario El País.
Cantero dijo además que Rippe reunió al resto de
los ministros del Tribunal para desmentir que hubiera tenido un contacto
telefónico con Olesker. Ayer, el diario El País no pudo comunicarse con Rippe.
Según consta en la versión taquigráfica de la
Comisión de Población, Olesker dijo: "El Tribunal de Cuentas en el día de
ayer resolvió aceptar nuestra recusación de la observación en el tema de la
contratación de funcionarios, aquello que decía que era "oblicua", o
algo así. Nosotros presentamos una recusación, teniendo claro que no hay ningún
funcionario que tenga la doble condición. Eso fue aceptado por el Tribunal de
Cuentas, que va a levantar la observación. Eso fue ayer a última hora; es
lógico que los legisladores no tengan esa información y nosotros tampoco la tenemos
formalmente. La recibimos de parte del Presidente, a quien consultamos porque
sabíamos que nuestra recusación se trataba ayer. A este respecto, solo quiero
decir que fue levantada la observación y que ningún funcionario trabaja en el
Mides".
La resolución a la que hacía referencia Olesker
condicionó el levantamiento de la observación a la presentación de la renuncia
por parte de aquellos técnicos que fueron contratados a través de CPP y que en
su currículum señalaron su condición de funcionarios del Mides.
Además, el Tribunal mantuvo la observación por el
pago adelantado de unos US$ 230.000 a la ONG, violatorio del Tocaf, en el marco
de un contrato que asciende a un total de US$ 900.000.
Fuente: El País Digital
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