Por Ope Pasquet (*)
El Dr. Tabaré Vázquez anunció que firmará el
recurso de referéndum contra la ley de despenalización del aborto.
Si de otro ciudadano se tratara, la decisión de aportar su firma a la
campaña pro referéndum sólo merecería aprobación. Yo firmé el mismo día en que
el diputado Pablo Abdala lanzó la campaña. Lo hice por estar convencido, desde
siempre, de que en asuntos de esta naturaleza y de esta importancia es
conveniente que sea la nación soberana la que decida qué conductas deben
constituir delito y cuáles otras deben dejar de serlo. No se trata, obviamente,
de que atribuya a la mayoría de cada momento el don sobrehumano de la
infalibilidad; se trata simplemente de que –como decía Batlle- la mayoría es la
que tiene derecho a equivocarse, cuando se discute acerca de lo que debe ser
ley de la república.
El ciudadano Vázquez, empero, no comparte esta radical convicción
democrática según la cual, en los asuntos públicos, la última palabra
corresponde a la nación soberana. El año pasado, en un acto político celebrado
en un Comité de Base del Frente Amplio que fue masivamente difundido por los
medios de comunicación, el ex presidente de la república se manifestó a favor
de que el Parlamento anulara la Ley de Caducidad expresamente ratificada por el
pueblo en las urnas, con el argumento de que “las mayorías no siempre tienen
razón” y el respaldo de citas doctrinarias del Papa Benedicto XVI.
A la luz de este antecedente, demasiado reciente y demasiado importante
como para no recordarlo, la decisión del Dr. Vázquez de firmar para que la ley
de despenalización del aborto sea llevada a referéndum, suscita algunas
preguntas.
¿Por qué, cuando se trataba de la Ley de Caducidad, estaba bien que el
Parlamento le enmendara la plana al pueblo, y ahora que se trata de la
despenalización del aborto lo correcto es que sea el pueblo el que le enmiende
la plana al Parlamento?
¿Hay alguna justificación racional para esta manifiesta duplicidad de
criterios? A falta de otras respuestas, tendremos que pensar que el Dr. Vázquez
comparte lo dicho por el presidente Mujica, en el sentido de que lo político
está por encima de lo jurídico. Desde esta perspectiva, lo que importa no es
si, de acuerdo con la Constitución uruguaya, la nación es soberana, sino
si la voluntad de la nación está de acuerdo con uno, o no. En el primer caso
esa voluntad se respeta; en el segundo, no.
Las interrogantes surgen también si se mira al futuro. En caso de que
haya referéndum, ¿el Dr. Vázquez se compromete a respetar su resultado,
cualquiera fuere, o se reserva otra vez el derecho a ignorarlo, si es contrario
a lo que él considera que es lo correcto?
Supongamos que hay referéndum y que la despenalización del aborto es
ratificada por el pueblo. Imaginemos también que tienen razón los politólogos y
que en el 2014 vuelve a ganar la presidencia el Dr. Vázquez, pero esta vez sin mayoría parlamentaria. Si la oposición –ignorando ella
también el resultado del referéndum- sancionara una ley que dejara sin efecto
la despenalización del aborto, ¿el presidente Vázquez vetaría esa ley
para hacer respetar la voluntad popular, o la promulgaría, invocando nuevamente
el argumento de que “las mayorías no siempre tienen razón”?
Son conjeturas sobre conjeturas, es cierto, pero es legítimo
plantearlas. Cuando se actúa en función del principio democrático
elemental según el cual la soberanía radica en la nación y lo que la nación
resuelva debe respetarse siempre, uno puede ahorrarse muchas preguntas,
porque los principios se aplican en todo caso, cualesquiera sean las
circunstancias.
En cambio, cuando se actúa en función de criterios de oportunidad
política –acato el veredicto popular si me conviene, y si no, no- hay que
plantearse diversos escenarios para imaginar qué harían los pescadores de
oportunidades en cada uno de ellos.
Por eso espero que, cuando el Dr. Vázquez vaya a firmar en pro del
referéndum, algún periodista le pregunte si esta vez va a respetar el
resultado.
(*)
Abogado. Senador de la República (Vamos Uruguay – Partido Colorado)
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