Despacito por las piedras

Por Ope Pasquet (*)

En su sesión del pasado miércoles 26, el Senado decidió pasar a Comisión, para su estudio, el proyecto de ley sobre matrimonio igualitario, con el compromiso de todos los partidos de someterlo a votación en el Plenario en la primera sesión del próximo mes de abril. 

Si algo tiene de anormal  esta resolución acerca del trámite del proyecto, no es ciertamente la parte que dispone su estudio en Comisión; eso es lo que en el Parlamento se hace siempre, salvo contadas excepciones. Lo infrecuente, lo raro,  es que a ese estudio se le fije un plazo de antemano, y no por la Comisión que tendrá a su cargo la tarea, sino por el Plenario del cuerpo. El plazo es breve, además, habida cuenta de que el receso dura hasta el 1º de marzo y que la última semana de ese mes será la Semana de Turismo.

La Comisión de Constitución y Legislación del Senado dispondrá pues de tres semanas para estudiar un proyecto de ley de 28 artículos, que modifica disposiciones del Código Civil y del Código de la Niñez y de la Adolescencia relativas a diversas materias de la mayor importancia: nombre, estado civil, matrimonio, filiación, divorcio y pensiones alimenticias entre ex cónyuges. Habrá poco tiempo para leer los antecedentes provenientes de la  Cámara de Diputados, consultar a los juristas especializados en las materias reguladas por el proyecto, cambiar ideas en la Comisión, informar a las respectivas bancadas y finalmente acordar, si fuera posible hacerlo, un texto definitivo para recomendar su sanción al Senado.

Es cierto que la Cámara de Diputados ya estudió el proyecto, pero eso no dispensa al Senado de su deber de estudiarlo también. Nuestro sistema es bicameral, y múltiples antecedentes demuestran que ni aun cuando cada Cámara hace su trabajo es posible evitar gruesos errores de técnica legislativa que luego son duramente criticados.

Las normas de cuya modificación se trata constituyen la infraestructura jurídica de la sociedad. Son de aplicación diaria en todos los estratos sociales y en todos los puntos del territorio nacional. La tarea de reformarlas debe ejecutarse con el mayor cuidado y el máximo rigor técnico, teniendo presente siempre que los cambios en algunas de ellas pueden repercutir en muchas más. Los buenos códigos –y el Código Civil uruguayo es un buen código, sin duda- constituyen sistemas normativos; cada disposición se conecta con las demás, de manera que el sentido de cada una solo acaba de revelarse –y comprenderse- cuando se la ha considerado en el contexto íntegro del que forma parte.

De lo que se trata, por lo tanto, no es solo de formarse opinión acerca de la posibilidad de que puedan contraer matrimonio dos personas del mismo sexo, como si quien hubiera llegado a una conclusión a ese respecto estuviese por ello, automáticamente, en condiciones de votar el proyecto de ley. Admitida la idea inicial, hay que estudiar su impacto en el Derecho de Familia para regularlo de la mejor manera posible, lo que en ciertos puntos puede llegar a constituir todo un desafío a la técnica jurídica.

Hubiese  constituido un acto de grave irresponsabilidad, el haber sancionado el proyecto de ley sobre matrimonio igualitario en la sesión del miércoles pasado, sin estudio previo en Comisión y cuando algunos senadores ni siquiera habían tenido el proyecto en sus manos hasta el momento mismo en que ingresaron a Sala. Solo el interés político del Frente Amplio por tener  logros que exhibir a sus partidarios, al cabo de un año difícil para el oficialismo,  puede explicar que el punto se haya incluido –de manera inconsulta- en el orden del día de aquella sesión. Felizmente, a último momento predominaron  el respeto por los demás y la sensatez, y la mayoría accedió a pasar el asunto a Comisión, para votarlo en abril como dijimos.    

Esta decisión, que no se aparta de la normalidad del trámite parlamentario sino que la restablece, despertó insólitas reacciones entre los grupos interesados en la rápida sanción de la ley. Algunos de quienes dicen representar a minorías que reclaman de los demás respeto y reconocimiento, desconocieron el derecho y el deber de los legisladores de estudiar debidamente los asuntos por cuyo correcto tratamiento son responsables ante la ciudadanía y llegaron a formular comentarios insultantes e incluso amenazadores.

Tamañas reacciones no se justifican. El tema en consideración –la institución del matrimonio, nada menos- es importantísimo, sin duda, y precisamente por serlo no requiere tratamiento urgente, sino consideración cuidadosa y bien meditada. La impaciencia y la impertinencia de unos pocos, no pueden apartar a los legisladores de su elemental deber de tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible.

Con el compromiso de seguir trabajando según ese criterio –y no al grito de la tribuna, me despido de los amables lectores hasta el próximo mes de febrero y les deseo a todos un feliz Año Nuevo.

(*) Abogado. Senador de la República (Vamos Uruguay – Partido Colorado)