Por Daniel Bianchi (*)
Un informe del Banco
Mundial (BM) divulgado el pasado martes 13 reveló que la clase media en América
Latina aumentó a niveles récord entre los años 2003 y 2009, hasta llegar a
constituir un inesperado 30% de la población, pasando de 103 millones de
personas a 152 millones.
A efectos del trabajo, se considera como integrante de la “clase
media” a una persona que obtiene un salario de entre 10 y 50 dólares al día
(entre $ 200 y $ 1000) o una familia de cuatro integrantes de ingresos anuales
entre 14.600 y 73.000 dólares.
Curiosamente, al tiempo que trascendía este dato, en forma
paralela una frase ganaba el espacio uruguayo en los últimos días: se perdió la
batalla por la clase media.
Inequívocamente podría sugerirse que la expresión fue deslizada
por algún actor político de la oposición. Pero no fue así. El autor de la misma
fue, nada más y nada menos, que el titular del Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF), Fernando Lorenzo.
Que un gobernante asuma un error -y no hablamos de los desatinos
de PLUNA- es algo ya de por sí infrecuente, pero que además quien lo hace
afirme que la Reforma Tributaria aprobada durante el gobierno de Tabaré Vázquez
se hizo "a pesar" de que se perdió "la batalla por la clase
media", cuando menos merece una reflexión.
La frase de Lorenzo se incluye en un análisis del economista
Andrés Rius presentado el lunes 19 en las Jornadas de Economía del Banco
Central, y alude a la polémica reforma que creó el Impuesto a la Renta de las
Personas Físicas (IRPF), un propósito sostenido tozudamente por el partido de
gobierno.
Lorenzo, quien fue director de la Asesoría Macroeconómica y
Financiera del MEF que encabezara Danilo Astori durante el proceso de la
reforma, fue entrevistado para este trabajo, y deslizó la frase mencionada,
señalando Rius que “en la afirmación hay implícito un sentimiento de derrota,
en una disputa en la que habrían salido airosos los opositores a los cambios”.
En buen romance, la teoría indicaba que el gobierno de Vázquez
estaba firmemente convencido de la necesidad de equiparar la relación entre las
cargas tributarias y la capacidad contributiva, y en ese escenario, se
anunciaba que serían los estratos altos los que asumirían la mayor parte del
pago del nuevo impuesto, lo que se veía como un acto de justicia.
No obstante, luego se vio que el IRPF era -tal como había
anunciado reiteradamente la oposición- un verdadero impuesto al trabajo, que
castigaba más no al que más tenía, sino al que más trabajaba. En resumidas
cuentas, el castigo cayó forzosamente sobre las espaldas de la clase media.
Lejos de obligar tributariamente a los “poderosos ciudadanos de mayores
ingresos”, la reforma afectó principalmente a los “ciudadanos de a pie”, muchos
de los cuales respaldaban el cambio pero, inesperadamente, se vieron
sorprendidos por encontrarse afectados por la reforma e identificados como
tributarios del nuevo impuesto. Esos fueron los primeros decepcionados.
Según Rius, “desde el gobierno se percibió que no se había
logrado convencer a un segmento fundamental del electorado de que la reforma no
era un ataque a sus intereses, y menos aún que sectores importantes de esas
mismas capas medias incluso resultarían favorecidos por los cambios en el
esquema tributario”.
Pero lo de Lorenzo no es nuevo.
Ya durante el año 2008, legisladores oficialistas plantearon al
equipo económico la situación de la "clase media castigada" por el
IRPF. Y la situación entre ambas partes, era claramente contrapuesta. Astori y
su equipo aseguraban que "los más débiles no pagan IRPF, se quejan los que
ganan $ 50.000, que no se mueren de hambre, y les va muy bien”. Los
legisladores del propio Frente Amplio, en cambio, planteaban la necesidad de
elevar los montos mínimos imponibles durante aquel año y no en 2009, como
preveía Astori. Los reclamantes aseguraban que el IRPF estaba “trayendo
problemas", y manejaban la posibilidad de “perder votos” de la clase
media. Incluso, Astori se mostró molesto y llegó a afirmar que "es paradójico
que la izquierda le haga el favor a los que ganan $ 50.000, o a los
profesionales que nunca pagaron…”
La realidad mostraría años más tarde que el IRPF afectaría a la
amplísima mayoría de los uruguayos, y en especial a los que percibían bastante
menos de $ 50.000: Astori se equivocó.
Con seguridad puede afirmarse que, en Uruguay, la clase media no
se identifica con una ideología o un partido político, sino que, antes bien,
todos los partidos tienen adherentes afines a todas las clases sociales.
No obstante, no menos cierto es que al incrementarse el gravamen
sobre la clase media, se extiende el desencanto de la misma con el gobierno y,
en consecuencia, se acrecienta el poder de decisión que ella tiene sobre los
procesos electorales.
Y esa potestad, de decidir nada más y nada menos quién tendrá la
responsabilidad de dirigir los destinos de un país, no es menor.
Quién sabe si, unos y otros, habrán aprendido la lección.
(*) Médico. Representante
Nacional por el Departamento de Colonia (Vamos Uruguay – Partido Colorado)
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